En mayo de 2004, el Defensor adjunto Atilio Alimena, arquitecto y ex legislador de militancia liberal, produjo un informe que hizo llegar a la Legislatura y al Ejecutivo de la Ciudad, tan lapidario como premonitorio. Alimena sostuvo que:
“La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 258 locales bailables. En su mayoría se encuentran en forma irregular, sin la certificación de bomberos para su funcionamiento y apertura comercial. Funcionan correctamente 36 de ellos, un 14% del total. Esto significa que solo uno de cada siete se encuentra en condiciones. En la práctica son discotecas, pero cuentan con habilitación para restaurante o bar. Una gran cantidad funciona como bailables en zonas prohibidas.
Este tipo de emprendimiento requiere cumplir con las exigencias que enuncia la normativa vigente razón por lo cual la inversión en términos económicos resulta de gran importancia. Resulta menos oneroso construir y habilitar locales para otros usos (bares, restaurantes, etc.), ya que demandan menores requisitos, especialmente en cuanto a condiciones contra incendio, medios de salida de emergencia, etc. Los locales de baile Clase "C" (comúnmente denominados bailables o discotecas) pueden funcionar como anexos a hoteles, restaurantes, bares, casas de lunch o confiterías (Cap. 10.2.22 del Código de Habilitaciones y Verificaciones). En los que funcionan como anexos a restaurantes, bares o similares, los locales no tendrán menos de 100 metros cuadrados, debiéndose agregar el área destinada a actividad complementaria. De lo expuesto se desprende que pueden funcionar locales de Baile Clase "C" en los que se sirven o no comidas. También pueden funcionar restaurantes (bares o similares) donde, como uso complementario, se anexa la actividad de baile. Estas dos posibilidades pueden parecer similares, pero las diferencias resultan notorias.
En el primer caso, para funcionar como una discoteca donde se sirven comidas, debe cumplir con un conjunto de requisitos y no pueden funcionar hasta contar con la habilitación otorgada (trámite que comúnmente se denomina de "inspección previa", según art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. En cambio en el segundo caso, el establecimiento funciona a partir de la presentación del trámite de habilitación (declaración jurada). Los requisitos constructivos son los establecidos para la actividad principal (bar, restaurante, etc), por lo que resultan menos exigentes. La Ordenanza Nº 50.250 indica que estos locales "no podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad y que deberá ser renovada anualmente para verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y prevención contra incendios que puedan ser alteradas por modificaciones. Ante la falta de cumplimiento de estas condiciones, se determinará la aplicación de sanciones, llegando hasta la clausura y pérdida de habilitación según lo establece la Ordenanza Nº 50.848, modificatoria del régimen de penalidades: Artículo 57 bis, régimen de penalidades: Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 50.250 (B.M.Nº 20.206) con 1.000 a 5.000 unidades fijas de multa y clausura de 15 a 30 días la primera vez; con 2.000 a 10.000 unidades fijas de multa y clausura de 30 a 60 días la segunda infracción; 4.000 a 20.000 unidades fijas de multa y clausura definitiva con pérdida de la habilitación, en el caso de tercera infracción. En los casos de primera y segunda infracción, será requisito indispensable para la apertura del local luego de vencido el plazo de clausura, haber cumplimentado lo dispuesto por la Ordenanza Nº 50.250.
Unos 400.000 jóvenes concurren a locales que no cuentan con la habilitación correspondiente por fin de semana. Esto genera un grave peligro para las personas que asisten debido que no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención contra incendios, medios de salida de emergencia, etc.
Y continúa: “Los indicadores analizados demuestran que 27 locales cuentan con Certificación vigente, 9 se encuentran en trámite y 35 vencidas sin renovación sobre un total de 258 locales habilitados por el G.C.B.A., según información otorgada por la Subsecretaria de Control Comunal. Como conclusión podemos observar a simple vista que estos indicadores son poco alentadores. Al comparar los datos surge claramente la imprevisión y la falta de protección por la calidad de vida. Los establecimientos deberán garantizar al público un servicio que en caso de emergencia permita una fácil evacuación además del acceso al cuerpo de bomberos para que estos actúen. Si tenemos en cuenta que algunos locales albergan más gente de la capacidad, esto demuestra que en caso de siniestro el agravamiento del problema generaría una situación incontrolable, como resultado del estado de pánico (caso Keyvis).
“Sabemos de la vulnerabilidad de los jóvenes –dice Alimena– y de cierto grado de descuido al momento de tener que observar cuestiones relacionadas con su seguridad física; por ello entendemos que es necesario evitar daños que se puedan producir y asignar prioridades para una prevención y mejor control. Más allá que en los últimos tiempos no se han conocido públicamente inconvenientes en establecimientos, la problemática actual debe tener otra lectura, no esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente suele suceder. Sólo falta un siniestro: el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos”.
Como se dijo, corría mayo de 2005. El periodista Horacio Verbitsky reprodujo una entrevista al Defensor adjunto, en la que se dice textualmente:
“–¿Cómo explicaba Fiszbin que se permitiera funcionar a los que carecían de habilitación?
El relato de Damián Albornoz, un empleado de Chabán en República Cromañón que atendía la barra junto a su hermano Gustavo, tampoco deja lugar a dudas: "Los Chabán eran socios. Cuando empezó el incendio, vi a Omar salir disparando hacia Plaza Once. Yamil estaba en la esquina de Jean Jaurés y Bartolomé Mitre, parado arriba de una tarima como un zombi, totalmente desencajado", dijo a un periodista de “Clarín”.
“Los matafuegos estaban vacíos, había sólo tres para todo el local, y las mangueras, rotas; yo les avisé pero no me hicieron caso: a ellos sólo les importaba facturar y gastar poco". Los peritajes demostaron que los matafuegos estaban despresurizados y con su carga vencida a mediados de octubre.
Menciona también siniestros anteriores.
Sobre el ocurrido en mayo, mientras actuaba el grupo Jóvenes Pordioseros: "Esa noche tiraron un tres tiros y logramos apagar el fuego con la manguera pinchada. El boliche todo inundado, pero el recital siguió".
El 26 de diciembre hubo otro incendio: "Esa noche empezamos a pasar desde la barra vasos con agua y el público los tiraba sobre el fuego porque los matafuegos no andaban".
Y dijo más: “(Los Chabán) nos pagaban 30 pesos por noche, en negro, y nos llamaban unas 5 veces por mes. Jamás nos dio un peso como aguinaldo. Si alguna vez había un accidente, nos pedía que le diéramos plata a la persona para que fuera a un hospital porque en el boliche no había ni una curita. Y para que el cliente no hiciera lío, le daba una entrada gratis para otro recital".
Otros relatos confirman que Chabán pagaba por noche 30 pesos en negro a cada trabajador.
Seis meses mas tarde, y mientras se denunciaba que algunos abogados de las víctimas habían ingresado en sus cuentas de ahorro particulares parte de las indemnizaciones con las que Ibarra había pretendido parar los juicios en su contra, la investigación judicial también constató que la denuncia de Alimena no obedecía solamente a su celo como funcionario estatal.
Muy por el contrario, se encontró (por denuncia del gobierno de la ciudad y de la involucrada Fabiana Fiszbin, como estrategia judicial del personaje más complicado) que el defensor “del pueblo” tenía buena llegada con los bomberos y representaba a dos empresas “amigas” que se dedican a poner los locales en condiciones como para obtener el certificado que Cromañón tenía vencido. Aunque el nuevo hecho podía desnudar una cadena de corrupción y favores, parecía claro como el agua que la denuncia de Alimena, con ser cierta, parecía ser la reacción de un sector interesado en destruir la alianza de Ibarra con la cámara de discotecas, solo porque se reservaba para sí todo el negocio[ii]. [i] Página 12.
[ii] Las empresas investigadas son Baipex y Bausis, una de las cuales sería propiedad de Viviana Vigne, esposa del oficial principal Marcelo Nodar, uno de los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos. Además de Nodar fueron indagados los bomberos Corbellini, Bravo y Esnok; y los empresarios Viviana Vigne, Rubén y María Alejandra Fuertes, Luis Perucca y Gabriela Lindqvist. Alimena deberá responder por la acusación de haber actuado como gestor en la discoteca The Place.
Excelente !! es imprescindible no olvidar
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