El desastre de Plaza Once provocó una profunda crisis institucional en el gobierno de la Ciudad que no tuvo respiro a lo largo del año.
Poderosos intereses maniobraban para uno u otro lado. Divididos en varias facciones, los padres sostuvieron, y lo seguirán haciendo hasta el juicio oral, una batalla de contornos difusos[i]. Muchos de ellos consideran que “hacer justicia” equivale a realizar la fantasía de que Chabán, Ibarra y un grupo de funcionarios se pudran en el infierno como condición para superar su etapa de duelo. Otros se conforman con una indemnización.
Huérfano de huestes propias por la naturaleza mediática de su construcción política (“la gente”), Ibarra comenzó a depender cada vez más del apoyo nada incondicional del Gobierno Nacional. Un año después, la Legislatura –en base a las conclusiones de una Comisión Investigadora– inició el trámite de juicio político y, ya con su nueva composición, lo suspendió[ii].
Luego lo destituiría.
La oposición macrista, contra lo que parecía, no quería llegar a tañ extremo porque no le había ido mal en sus múltiples negocios con el Estado, y hasta último momento creyó que le faltaría un voto.
La estrategia consistía en producir un aparatoso golpe de efecto que obligara a Ibarra a ceder más partes de su poder.
Pero el talentoso folklorista Chango Farías Gómez, que en la primera sesión se había internado por un pico de presión, aportó el voto decisivo en la segunda, definiendo la suspensión y con ello el eterno rencor del afectado.
El Chango había saltado del fundamentalismo macrista al kirchnerismo de la primera hora.
La orfandad de Ibarra es un efecto mediato de la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación, la posterior estrepitosa caída del gobierno de la Alianza en 2001 y la crisis del modelo de acumulación de los 90. La última esperanza del votante progresista, el Frente Grande, se consumió como tercera fuerza política sui generis, y pasó a ser un entramado de alianzas de caudillos barriales en las que el poder se definía por los organismos del gobierno que hubiere capturado.
En los días posteriores al incendio, los macristas, que retienen la vicepresidencia primera de la Legislatura (virtual tercero en la línea de sucesión, aunque la legislatura nunca discutió la ley respectiva), habían encontrado una oportunidad inmejorable para golpearlo.
Turbios “operadores” de la variopinta oposición se colaban entre los vecinos indignados, familiares de víctimas y rockeros que caóticamente intentaban expresar su repudio en una de las esquinas de la Plaza Once, y luego de otras propuestas no menos ficticias terminaban gritando “¡que se vayan todos!”, sin incluirse.
Horas después de la catástrofe, Ibarra apareció varias veces ante las cámaras de televisión poniendo las culpas afuera y proponiendo cambios irreales, rodeado de los empresarios de las discotecas.
El nombramiento de Álvarez en la secretaría de seguridad fue una decisión con varias aristas: le interesaba a Ibarra, porque comprometía el apoyo del peronismo bonaerense todavía en manos del hasta ese entonces aliado del Presidente, Eduardo Duhalde, y también al propio Kirchner, que no quería ver estropeada su imagen en la ciudad. De todos modos, la sensación generalizada fue que de hecho, el gobierno local había sido intervenido por la Casa Rosada[iii].
En ese marco, la atribución de culpas y responsabilidades, además de provenir de quienes aman elaborar hipótesis, también puede ser resultado de las estrategias de cada uno para obtener resultados particulares: Ibarra, el macrismo, los abogados de las víctimas, los de los detenidos, los de los señalados como responsables y los que tienen miedo de ser citados por la justicia, además de sectores del propio gobierno encabezados por Alberto Fernández, quen no oculta su intención de quedarse con el PJ deshilachado de la ciudad y ser su futuro jefe de Gobierno.
El macrismo había obtenido un porcentaje de votos cercano al 40% en 1993 (aunque perdió en segunda vuelta) e inmediatamente estalló, víctima de consideraciones muy poco ortodoxas. En las elecciones de 2005 obtuvo un favor menor, 33%, pero logró ganar de todas maneras al candidato oficial, Bielsa, y a la directora del instituto Hanna Arendt, Elisa Carrió. Del macrismo habían emigrado hacia el calor oficial los sectores peronistas cercanos al FUP pero quedaron los ligados a Cristian Ritondo y Miguel Ángel Toma, y en la última elección, el PRO apareció más claramente no solo como una opción de derecha, sino de lo mas rancio del neoliberalismo de los 90. Más una empresa de marketing político con un dueño absoluto (Mauricio Macri) que un partido político tradicional. O según la definición del periodista Horacio Verbitsky, una “agencia de publicidad que intenta presentar nada menos que al hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri como una opción renovadora de la política tradicional”.
En este marco, se desató una carrera por atribuir culpas y desviar responsabilidades. Con el correr de los meses, el macrismo perdió gran parte de su impulso y dejó de pretender la caída de Ibarra, cuando advirtió que al fin y al cabo con éste mantenía determinadas porciones de poder de la Ciudad, situación que podría cambiar drásticamente con otros actores: nadie duda que Kirchner tiene a Macri en la mira[iv]. Y en esos días nadie imaginaba que en 2007, Macri se apropiaría de la jefatura de la ciudad con más del 60% de los votos. Quizás Cromañón comenzó a marcar la cuenta regresiva para ese retorno del neoliberalismo disfrazado de “gestión”.
La prensa fue recogiendo durante el año distintas versiones sin asidero pero nada inocentes:
Se lo llegó a creer un atentado provocado por otros empresarios del espectáculo para perjudicar a Chabán. O vagamente relacionado con el bombazo contra la AMIA. Un grupo de barrasbravas que presionaba a Callejeros para rodearlo y controlar el ingreso de bengalas y droga fue la tercera versión. Pero lo evidente era que el gobierno de la Ciudad había incumplido su obligación de controlar, y la discusión sería, desde entonces, hasta dónde llegaba la responsabilidad de unos y otros.
El manager Argañaraz declaró 24 horas después del incendio que Callejeros es el grupo más pirotécnico del rock”, en una muestra elocuente de estúpida inocencia y sinceridad.
En el fin de semana siguiente al incendio, Ibarra acordó con los integrantes de la Cámara de Empresarios de Discotecas para que propusieran cambios en la legislación vigente ante las cámaras. ¿Qué lo llevó a semejante metida de pata? Los boliches que integran esa cámara (una minoría dentro de los casi 250 que existen en la ciudad) tienen sus locales en zonas UP y R (Urbanización Parque y Residencial, como veremos más adelante) donde esa actividad está prohibida. Para favorecerlos, podría “colarse”, mas tarde o más temprano, un cambio en la zonificación dentro de los anunciados cambios, y aunque no lo lograron todavía, sí pudieron duplicar la capacidad autorizada por metro cuadrado.
La relación entre el gobierno y CEDEBA era casi íntima (ver Cap. VI-Lapidario), disparando la hipótesis de un circuito de corrupción que pasaba por algunos funcionarios del área de control (Antuña, López, Fiszbin) y llegaba hasta su líder, la senadora Vilma Ibarra, hermana del jefe de gobierno, quien además sostenía una relación sentimental informal con el ministro coordinador Alberto Fernández, para quien el gobierno de la Ciudad no es un dato anecdótico. Horacio Verbitsky escribió en Página 12: “No dije que se enriquecieran, sino que financian su aparato en forma espuria”. La senadora Ibarra rechazó los cargos defendiéndose: “Digamos las cosas como son. Una acusación semejante tiene que tener algún fundamento. Alguno”. Este circuito sería impracticable sin la complicidad de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini, los eternos caudillos del sindicato Sutecba, antes UOEM, de gran influencia en el área de policía municipal.
Los eventos que habían compartido los directivos de la cámara con las autoridades del gobierno mostraban una sorprendente confusión de roles, a la vista de todos. Sus líneas dominantes eran la autorregulación, una política oficial marcada por las empresas y mediación del gobierno en los conflictos con los vecinos por ruidos, aglomeraciones en horarios nocturnos y otras molestias.
Por la naturaleza incómoda de la actividad, la mediación sólo podía significar que se garantizaba la contención de las protestas vecinales. Ibarra repitió una y otra vez que Cromañón no era inspeccionado porque no había conflictos con los vecinos, y luego se ofrecería contención psicológica a las víctimas.
Si la ilegalidad (usos no conformes, superficie superior a la autorizada, presencia de menores, etc.) caracterizaba a quienes debían conducir esa supuesta autorregulación, el desenlace natural sería generalizar la ilegalidad.
Una política semejante sólo puede explicarse por pura y simple necedad; por una visión según la cual no existe un orden jerarquizado, una autoridad, un poder, en el que el Estado está por encima de los intereses privados y sus actividades; o porque la tolerancia a esa violación habilitaba una contraprestación.
Desde la comisión investigadora de la Legislatura se hizo correr la versión de que cada discoteca entregaba 6.000 pesos mensuales, sobre unas 100 que no estaban en regla, y que ese dinero financiaba el Frente Grande, o lo que quedaba de él. Además, Chabán habría pagado 1.000 pesos de coima a la policía por cada 500 espectadores adicionales, una conducta que se repetiría en el resto de las discotecas.
También pudo ser una casualidad, “un acto colectivo de inconsciencia”, una culpa colectiva, la responsabilidad de todos, es decir, de nadie, mientras Ibarra intentaba superar el drama como se resuelve una situación dramática en una tira semanal de la televisión, mediado por las cámaras y la post-edición.
[i] Los padres terminaron dividiéndose en 3 grupos principales, que no los abarcan en su totalidad: 1) “Que no se repita”, conducido por el abogado Iglesias; 2) “Cofacrom”, de La Matanza; y “Familias por la Vida”.
[ii] El dictamen de mayoría presentó doce cargos. El de minoría, cuatro.
[iii] La intervención de hecho continuó con su segundo, Diego Gorgal, que fue confirmado en el cargo luego del alejamiento previsto de Álvarez.
[iv] A fin de año se pasaron al oficialismo los legisladores Bergenfeld y Lorenzo. Ambos de las filas macristas.
pues reañlmente cosmociona esto
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