El secretario del gremio aduanero (SUPARA, Sindicato Único del Personal de la Aduana de la República Argentina) Carlos Adolfo Sueiro es citado por el juzgado que investigaba la muerte de la calle Arroyo.
El sindicalista derramó conceptos laudatorios propios de una necrológica de La Nación:
—Fue una persona sencilla, seria, muy sensible, que sabía escuchar, honesta, íntegra, honorable y proba— el dirigente sindical exprimió a fondo su batería de sinónimos. Y agregó:
—No conocía a fondo el derecho aduanero pero estaba interesado en desarrollar una gestión positiva— para entrar en uno de los meollos de la cuestión— llegó prácticamente solo, con un secretario y un par de asesores.
Los asesores eran Mazzaglia y Lecumberry, dos abogados de Alfredo Yabrán, los “amarillos”” que cada año regalan a los fiscales una agenda de cuero con sus nombres grabados en letras de oro, pero también:
—Se movió fundamentalmente con los funcionarios de la Aduana— para que el juez allí presente no fuera a escarbar precisamente en la honorabilidad de los funcionarios de la Aduana, o porque solo había llegado con un secretario y dos asesores.
—Las medidas que adoptó Etchegoyen para controlar el valor de origen estaban cercanas a la arbitrariedad— sostiene el gremialista de un sindicato de empleados estatales, poniéndose del lado de los que afirman que el control del Estado sobre los actos de los particulares suele ser caprichoso, inicuo, arbitrario y abusivo, que el Estado no debe participar, en fin, que hay que estar a tono con los tiempos que corren.
Desde 1988, al adherir al GATT, la Argentina reconocía automáticamente como válida la valoración de mercaderías que declaraban los importadores.
Luego vinieron los conceptos políticos, esos que con toda seguridad el día siguiente estarían en todos los diarios.
—Hay que contar con pruebas suficientes como para demostrar fraude en las declaraciones juradas, y Cuello no lo apoyó porque en el fondo alentaba la privatización— afirmó Sueiro.
—¿Quién alentaba la privatización? ¿El Secretario Cuello o Etchegoyen?— debió preguntar el juez.
—No, no, Hablo de Cuello, por supuesto.
Sueiro sabe que la ley protege a los que declaran precios menores a los reales, y con esos argumentos se defendía la IBM cuando el grueso de los 57.000 expedientes observados eran manifiestos de importación de esa empresa norteamericana. ¿La Big Blue practicaba el fraude sistemático?
En 1990, los hermanos Alemann estaban interesados en armar una sociedad que se hiciera cargo de la valoración de los productos que salen y entran por la frontera.
El diario que tradicionalmente refleja las opiniones de los sectores ganaderos puso el grito en el cielo: “apenas tres empresas ofrecen ese servicio y ningún país serio ha encarado una solución de ese tipo, salvo Nigeria, Burundi, Angola, Ruanda y Bolivia” (La Nación, 8-11-90). Todos ellos, muy lejos del Primer Mundo al que se pretendía emular.
¿Cuello quería privatizar el control aduanero con algunas compañías como Bureau Veritas y Societé Genérale de Surveillance, que tienen procesos judiciales en Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, preguntó el diputado Franco Caviglia del grupo de los 8?
Las empresas recibirían por sus servicios la mitad del ingreso por estadísticas que se recauda con las importaciones, algo así como 180 millones de dólares. El director de la Cámara de Comercio, Jorge Di Fiori, terció:
—Si son empresas privadas, pueden suministrar información sobre precios y calidades a nuestros competidores. Esa es una tarea que solo compete al Estado.
Era asombroso, pero los mas tenaces defensores del liberalismo a ultranza defendían un poder de control estatal. Quizás desconfiaban de quienes tenían mayores posibilidades de hacerse con el Departamento Valoración.
Sueiro había tocado dos cuestiones al comenzar su declaración ante el juez. Comenzó por la valoración automática de importaciones. Siguió con las subfacturaciones, aunque ambos temas estaban íntimamente relacionados. Al día siguiente, Clarín comenzó una campaña de denuncia de subfacturaciones.
—Llevó en consulta 57.000 expedientes a Cuello, y él (Cuello) al otro día sale con eso de que la aduana es un queso gruyère— opinó Sueiro.
La investigación de estos expedientes catapultaría a dos personajes: al Tano Alberto Piotti, juez federal de San Isidro (cargo en el que luego asumirá Marquevich) a la fama mediática; y a un calabozo, a Juan Carlos Delconte, administrador en los días de Juan Vital Sourrouille. Piotti era amigote de Marquevich, con quien jugaba picados en las playas de Punta del Este.
Piotti debió agradecer a Etchegoyen el celo puesto en separar 57.000 expedientes de importación, guardarlos en un cuarto, y en algunos casos llevárselos a su casa porque temía que los robaran, y esperar que las autoridades hicieran algo. Pero el gobierno no haría mucho, excepto señalar con el dedo al administrador radical y de paso ahondar la dispersión del alfonsinismo en retirada. La fama de Piotti se mediría poco después por su dedicación a la política. Su actuación en la investigación del atentado a la Amia fue al menos sospechosa.
Viejo puntero balbinista que había militado en la FUBA anti-peronista, para el extinto ministro Bernardo Grinspun, Delconte era “un profesional de honestidad acrisolada”.
Tal castidad funcionarial no le había impedido nombrar como su mano derecha en la Aduana al ex-policía bonaerense Alfredo Hanze, (a) El Turco, ex - empleado en las empresas de Alfredo Yabrán, ex - guardaespaldas del general Federico Verplaetsen, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante parte del Proceso y reiteradamente denunciado por la Conadep. Vinculado con la banda de Aníbal Gordon, Hanze estuvo involucrado en el secuestro y muerte del empresario Osvaldo Sivak. Ibrahim denunció ante la jueza Servini de Cubría que en una oportunidad Hanze le había ofrecido 150 mil dólares semanales para mirar hacia otro lado.
Ex - oficial de la policía provincial que llegó a convivir en el mismo techo del general Vertplaetsen cuando éste se divorció, tiene antecedentes por lesiones (1965), homicidio (1966) y extorsión (1967). Según Verbitsky (Página/12 del 1-6-97) está prófugo —junto con Roberto Fernández (a) Oreja— desde que sorpresivamente aterrizó en la base aérea militar de Morón una avioneta cargada con cocaína pura, episodio altamente sugestivo.
Ligado primero a Nosiglia y mas tarde a Edcadassa, Fernández—la otra mano derecha en la gestión radical— era Jefe de Prevención y control en la gestión de Delconte, cargo en el que el “Indio” nombraría a Gabriel Botvinikoff.
Botvinikoff había trasmitido datos sobre la gestión de Delconte al entonces juez Piotti. Pero a fines de 1993 también se le acabó la suerte: una extraña exportación de bombas hidráulicas por U$S 400 millones desde Campana, equivalente a todo un año de actividad de esa aduana, generó una investigación que lo llevó a la cárcel. Dos años antes, un agente de la estratégica Sección Registros de esa Aduana. José Micuccio, había aparecido muerto misteriosamente, sin que se encontraran responsables.
En los containers, que ya habían sido despachados a la República Dominicana, solo tropezaron con bolsas de cemento. El ex-jefe de prevención y control sería defendido por el abogado Jorge Kolon, un oscuro funcionario aduanero que pronto saltaría a la fama pidiendo el procesamiento por injurias de Domingo Cavallo.
Entrevistado por la revista Gente, “Oreja” Fernández responde desde Miami, entre tragos largos y bellas surfistas en bikini:
—Es cierto, trabajé asesorando a Yabrán, y me pagó muy bien.
Sueiro, entretanto, sigue frente al juez Marquevich.
Lo esencial de su pensamiento respecto de la privatización (los empleados de aduana reciben un porcentaje por los “errores” encontrados en los manifiestos, porcentaje que Etchegoyen pretendió incrementar infructuosamente), lo resumió de este modo aunque sin agregar mucha claridad, por cierto:
—El tema no afecta al gremio económicamente, ya que podría seguir funcionando exactamente igual. Pero sí tenemos interés gremial en la privatización por entender que es perjudicial para el país. De todos modos, no se quiere privatizar absolutamente todas las dependencias. Se quiere privatizar con incorporación de gente. El objetivo fundamental es que la Aduana funcione.
¿Que quiso decir?
Sueiro estaba al tanto del proyecto fogoneado por Erman y no ocultaba su apoyo a la privatización. Muchos gremios estatales veían la oportunidad ideal como para convertirse en empresas, y Sueiro aparentemente quiso decir, porque su respuesta había sido por demás confusa: 1) con Aduana estatal o privada, el gremio sobrevive, es decir, nos da lo mismo; 2) lo que puede resultar perjudicial para el país es la privatización sin participación del gremio, idea que no dejaba de presentar un tono amenazador; 3) el gremio propone participar incorporando personal bajo su control, en cuyo caso no se van a exagerar las críticas sobra la letra chica de la privatización ; 4) todos queremos que se siga recaudando.
Para la opinión pública, hasta ese momento, el militar se había suicidado por oponerse a la privatización del Departamento Valoración y, además, porque su reclamo frente a los 57.000 expedientes había sido respondido con un exabrupto de Cuello.
El Secretario Cuello se había justificado en conferencia de prensa, porque los diputados le exigían mayor recaudación fiscal:
—La Aduana es un queso gruyère.
Pero 48 horas mas tarde aclarará:
—Eso no es nuevo. Aludí a una vieja tradición que se remonta a los tiempos de la Revolución de Mayo— evocó “La Representación de los Hacendados”, las muy lejanas enseñanzas de la escuela primaria, mientras maldecía en su fuero interno al actual cancerbero de su gestión, el ministro Erman González, un contador sin visión política.
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En agosto de 1990 el Secretario de Recursos Hídricos Mario Caserta, que coordinara el sector financiero de la campaña Menem Presidente y lleva a cuestas sus antecedentes por juego clandestino y tráfico de estupefacientes en Lanús; que fuera dueño de la transportadora de caudales Tab-Torres, compañero de Yabrán y amigo de Massera, realiza una aparatosa fiesta en el Roof Garden del Alvear Palace Hotel a la que concurren quinientos invitados VIP.
Entre los invitados vemos, charlando animadamente, a los notorios Alberto Pierri, empresario papelero y presidente de la Cámara de Diputados, que concurre con su familia (incluyendo a Martín, su hijo, cuya presencia sería clave en la investigación del juez Garzón), el secretario de Defensa Mario Dentone, esposo de Alicia Saadi y cuñado de Ramoncito (el que llenó con botellas de Barón B la pileta de su residencia catamarqueña de Las Pirquitas para celebrar el triunfo del 89), el diputado Roberto Fernández, el asesor presidencial César Blaquier, que años antes había donado dinero a la Junta Militar para sus acciones clandestinas en América Central, y Jorge Rampoldi.
Especialmente invitados por Caserta, también han concurrido los desconocidos para el público Darío Scopolleti y Miguel Arnone, de profesión narcotraficantes, y Emiliano Arrúa, panameño. Este último también conocido como Noel Jesús Méndez, cubano; como Mario Marino, de nacionalidad incierta; o como Mario Anello, alias Panchito, nacido en Machagay, Chaco, el quince de setiembre de 1953, según se sabe gracias a los buenos oficios de Juan Carlos Roussellot. Méndez, Arrúa, Panchito o Anello, paraba en el Hotel Plaza Suite de Suipacha y Santa Fe, a una cuadra de la comisaría 15ª que investiga el suicidio, pura coincidencia, como era coincidencia que en el cercano Hotel Bisonte de Marcelo T. de Alvear y Suipacha, a dos cuadras de la citada comisaría, se alojara ese año por dos veces consecutivas el narcotraficante y probable confidente de la DEA Andy de la Cruz. Perseguido por el FBI, era al parecer otro de los invitados al Roof Garden del Alvear Palace Hotel. Panchito, que pasará por jefe de la banda, ha depositado contantes y sonantes dos millones de dólares en billetes de baja denominación para utilizarse en la Campaña Menem Presidente, solo porque Caserta es un amigo, sin pedir nada a cambio.
Para esos días el juez español Baltasár Garzón estaba investigando una ruta de entrada de cocaína proveniente de países sudamericanos.
Cuando el yate transoceánico "Good Luck" es detenido en las islas de Cabo Verde con quinientos treinta kilogramos de cocaína de alta pureza, la suerte ha abandonado a Andy de la Cruz, a su mujer Lucy, a Anello, argentino, también conocido como Méndez, de nacionalidad cubana, a Scopolleti, a Arnone, y por cierto, también al funcionario de la Aduana en Ezeiza Ibrahim al Ibrahim y a su ex - esposa Amira Yoma, Directora de Audiencias de la Presidencia de la Nación. Todo porque Andy, que además de narco puede ocultar un ex - combatiente anticastrista y hasta espía de la DEA— ha decidido contar lo que sabe, prendiendo el ventilador.
Entonces estalló el escándalo en Buenos Aires. Todos apuntaban contra la familia política del Presidente. Al enterarse, Amira tuvo un ataque de nervios.
Entre los invitados vemos, charlando animadamente, a los notorios Alberto Pierri, empresario papelero y presidente de la Cámara de Diputados, que concurre con su familia (incluyendo a Martín, su hijo, cuya presencia sería clave en la investigación del juez Garzón), el secretario de Defensa Mario Dentone, esposo de Alicia Saadi y cuñado de Ramoncito (el que llenó con botellas de Barón B la pileta de su residencia catamarqueña de Las Pirquitas para celebrar el triunfo del 89), el diputado Roberto Fernández, el asesor presidencial César Blaquier, que años antes había donado dinero a la Junta Militar para sus acciones clandestinas en América Central, y Jorge Rampoldi.
Especialmente invitados por Caserta, también han concurrido los desconocidos para el público Darío Scopolleti y Miguel Arnone, de profesión narcotraficantes, y Emiliano Arrúa, panameño. Este último también conocido como Noel Jesús Méndez, cubano; como Mario Marino, de nacionalidad incierta; o como Mario Anello, alias Panchito, nacido en Machagay, Chaco, el quince de setiembre de 1953, según se sabe gracias a los buenos oficios de Juan Carlos Roussellot. Méndez, Arrúa, Panchito o Anello, paraba en el Hotel Plaza Suite de Suipacha y Santa Fe, a una cuadra de la comisaría 15ª que investiga el suicidio, pura coincidencia, como era coincidencia que en el cercano Hotel Bisonte de Marcelo T. de Alvear y Suipacha, a dos cuadras de la citada comisaría, se alojara ese año por dos veces consecutivas el narcotraficante y probable confidente de la DEA Andy de la Cruz. Perseguido por el FBI, era al parecer otro de los invitados al Roof Garden del Alvear Palace Hotel. Panchito, que pasará por jefe de la banda, ha depositado contantes y sonantes dos millones de dólares en billetes de baja denominación para utilizarse en la Campaña Menem Presidente, solo porque Caserta es un amigo, sin pedir nada a cambio.
Para esos días el juez español Baltasár Garzón estaba investigando una ruta de entrada de cocaína proveniente de países sudamericanos.
Cuando el yate transoceánico "Good Luck" es detenido en las islas de Cabo Verde con quinientos treinta kilogramos de cocaína de alta pureza, la suerte ha abandonado a Andy de la Cruz, a su mujer Lucy, a Anello, argentino, también conocido como Méndez, de nacionalidad cubana, a Scopolleti, a Arnone, y por cierto, también al funcionario de la Aduana en Ezeiza Ibrahim al Ibrahim y a su ex - esposa Amira Yoma, Directora de Audiencias de la Presidencia de la Nación. Todo porque Andy, que además de narco puede ocultar un ex - combatiente anticastrista y hasta espía de la DEA— ha decidido contar lo que sabe, prendiendo el ventilador.
Entonces estalló el escándalo en Buenos Aires. Todos apuntaban contra la familia política del Presidente. Al enterarse, Amira tuvo un ataque de nervios.
(Continuará)
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