Una declaración jurada de la que dependen inversiones, trámites engorrosos, y a veces la imposibilidad de obtener un flujo de ganancias rápido, es tan escrupulosa como cuando de chicos hacíamos la señal de la cruz para jurarle a la vecina que eramos ajenos al vidrio roto por un inoportuno pelotazo. Vito Corleone solía jurar su amistad incondicional y eterna al caído en desgracia que minutos después sería ametrallado o envenenado con estricnina.
En un foro sobre energía, el cineasta Fernando Solanas expresó: “Digámosle a los empresarios: entren a los bancos, bajen a los tesoros, lleven las divisas que necesitan ustedes, ciudadanos honrados, honestos y pacíficos, y digan por declaración jurada cuánto se llevaron. Nadie los va a controlar. Ese es el sistema argentino. Una vergüenza”.
Desde que el gobierno cedió YPF a capitales norteamericanos o españoles, el Estado argentino no tiene una base de datos cierta sobre las reservas petrolíferas ni sobre el volumen de las extracciones, salvo la declaración jurada de Repsol.
En otras palabras, hoy en día, en términos de su propio petróleo, el que se deposita en el subsuelo del territorio nacional, el país no tiene ningún control. Las empresas se limitan a enviar periódicamente una información a la Secretaría de Energía, a la que se le sacó la atribución de auditar si lo extraído concuerda con lo declarado, habida cuenta que las empresas, incluso como estrategia comercial frente a sus competidores, bien podrían ocultar o tergiversar datos.
Un sistema similar es usado en el ingreso de divisas por exportación de otros commodities y en el cumplimiento de distintas leyes sobre jornada de trabajo, jubilaciones, obras sociales, etc.. El control estatal es reemplazado por una declaración jurada en la que el empresario, cuya palabra nunca será puesta en duda, certifica que no evadirá la ley.
El sindicalista y diputado opositor Ariel Basteiro (ARI) denunció a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que la Secretaría de Transportes otorga 2.000 millones de pesos en subsidios a las empresas del área (colectivos, trenes, aerolíneas, subterráneos) con el único requisito de una declaración jurada.
En el gobierno de la ciudad, y con el argumento de combatir la corrupción, Aníbal Ibarra liquidó los controles todavía existentes y perfeccionó el sistema de declaración jurada diseñado en 1976 que se había mantenido, con bemoles, durante las gestiones en la subsecretaría de Inspección Gral de Federico Pinedo (secretario político de la Fundación Compromiso para el Cambio y actual diputado) y Guillermo Francos. Este último estuvo acompañado por Atilio Alimena, quien luego como Defensor del Pueblo denunciaría la falta de control estatal. Francos pasaría a gerenciar Aeropuertos Argentina 2000 y luego saltaría a las filas de Daniel Scioli.
Ya no es el Estado el que habilita la actividad, sino un profesional anotado en un registro. La oficina respectiva se limita a recibir los papeles, archivarlos y eventualmente traspapelarlos: quince días después de Cromañón, Ibarra declaró que se había encontrado la constancia de una inspección, guardada en un ignoto depósito de expedientes asignado a la Corporación del Sur.
Y opera a pleno el poder de la “opinión del funcionario”, implantado en la dictadura. Con ese mismo sistema y contra la opinión de los vecinos, la propia Constitución de la ciudad y otras normas vigentes, se autorizó la construcción de torres, centro de exposiciones, estadio, estacionamiento subterráneo, paseo de compras, hotel internacional, etc., en el predio de la Sociedad Rural[i].
Breve diagnóstico
A principios de los 90, la sensación generalizada de que el Estado se había convertido en un elefante paralizado fue el terreno fértil sobre el que se montó la campaña para darle el golpe de gracia. Costaba mucho, por ejemplo, conseguir una línea telefónica y se prometía (como sucedió) que eso cambiaría radicalmente.Pero al costo de dolarizar las tarifas con la inflación de EEUU: la incidencia del pago de los servicios en el ingreso de la población se multiplicó por siete.
A nadie le importó que la empresa estatal telefónica, como la petrolera, el sistema ferroviario y tantas otras, hubieran sido despedazadas por la acción conjunta de la patria contratista, ciertos sindicalistas, las fuerzas armadas y sectores políticos, y que esa patria contratista (asociada con multinacionales interesadas en el negocio financiero) ahora se convertiera en propietaria de un bien público, adquiriendo a precios irrisorios la masa de recursos acumulados históricamente por la sociedad[ii].
A partir de ese momento, lo que quedaba del Estado comenzó a ser ocupado por los sectores privados que ubicaron a sus ejecutivos y desarmaron todo lo que tuviera olor a regulación, ingerencia en la competencia y control[iii]. Hubo un fuerte trasvasamiento ideológico en los cuadros estatales, desde arriba hacia abajo. El INAP, escuela de formación de cuadros burocráticos, fue rápidamente cooptado por los ideológicos liberales antiestatistas.
Los partidos, por su parte, consideraban y siguen considerando al Estado un lugar donde se paga el favor político, se promueve una carrera de ascenso social asegurado para los propios y se colocan personajes que trabajan 24 hs. en cada área en función del interés superior, que no es ni el bien común ni el Estado, sino el del grupo político al que responde, en una actitud casi mafiosa.
En otros términos, fue y sigue siendo el botín de guerra.
Esto ha provocado una aguda desprofesionalización, acentuada por el desorden legislativo.
En la estructura administrativa de la ciudad, aunque se recurrió a la tercerización universal, no se redujo el personal de planta y miles de personas son contratadas de acuerdo a las peores figuras de la flexibilización laboral mediante pasantías y prestaciones con emisión de factura. Los votos en la Legislatura suelen negociarse a cambio de capturar una repartición o parte de ella, y eso significa empleo para los amigos.
Es cierto que Ibarra jamás mencionó el tema ni insinuó cambiar la política generalizada de tercerización, pero cabe subrayar que amplios sectores de la gestión de gobierno están privatizados. Para mencionar solo algunos: Spinazzolla SA, de dulces tratos con Cacciatore, capturó y retiene desde entonces la publicidad vertical de los refugios en vía pública; Siemens y su subsidiaria Autotrol, la instalación y reparación de semáforos; detrás de los comedores escolares aparecen las figuras de conocidos punteros del PJ, UCR y Frente Grande, que se han repartido el mercado. Macri no es ajeno a estos negocios, en el área informática.
Marchando a contramano de los nuevos aires desreguladores que corrían, se “inventaron” estructuras burocráticas, se inflaron las existentes y se duplicaron las misiones y funciones, tomando por caso el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Planeamiento Estratégico, decenas de direcciones generales y subsecretarías y unos cuantos entes sin atribuciones específicas, aunque con un abundante directorio y más abundantes honorarios, como las Corporaciones Antiguo Puerto Madero y Sur, el Ente Regulador de los Servicios Públicos o el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el Ceamse, etc. La creación de la Corporación del Sur, por ejemplo, fue votada en una maratónica última sesión anual de la Legislatura, a la madrugada. Originalmente había sido concebida para modernizar y acabar con la pobreza de la zona sur, luego organizó en un paseo de compras y proyectó un imaginario polo industrial. Hoy se dedica a promocionar la Copa Davis de tenis invirtiendo dinero público en la construcción de un estadio para pocos. Fue dirigida por Arnaldo Bocco y luego por Kelly Olmos, menemista de pura cepa.
La habilitación de El Reventón Bailable/República Cromañón es producto de esa tercerización, derivada de la creencia de que la actividad privada siempre es más eficiente que el Estado.
Podrá ser así o no serlo, pero por definición lo privado no incluye el interés público.
[i] El tema fue hecho público por el doctor Mario Kesselmann, quien lo llevó a la justicia. Con el tiempo, otros factores se incorporaron a la pelea judicial, embarrando la cancha: el diputado Devoto, un abogado hermano de Alicia Pierini, etc. La diputada Beatriz Baltroc, que viraría hacia posturas izquierdistas luego de entrar a la Legislatura como aliada de Miguel Bonasso, denunció que se había falsificado su firma en una presentación judicial donde ostensiblemente se desdecía, junto con sus pares Devoto y Bidonde, de todo lo denunciado.
[ii] Gran parte de las privatizaciones se financiaron con el Plan Brady, cambiándose papeles de la deuda por propiedad pública. Eso fue presentado como una medida innovadora.
[iii] El fenómeno fue ampliamente documentado por Horacio Verbitsky en “Robo para la Corona”, y se inició con la llamada Fundación para la Modernización del Estado.
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