Aníbal Ibarra acusó a los Bomberos por no controlar adecuadamente el local, soslayando que mientras el gobierno de la Ciudad tiene poder de inspección, los bomberos concurren para el caso de siniestros producidos y peligro inminente o por orden judicial. Como turco en la neblina, decretó nulos los certificados de incendio en las horas que atribuyó la responsabilidad a los bomberos y luego se desdijo sin anular el decreto.
La Dirección General de Bomberos de la Policía Federal debe otorgar un certificado anual –agregado a la habilitación– en el que se establece que se cumplen determinadas exigencias sobre construcción, prevención y extinción de incendios establecidas en el Código de la Edificación.
Chabán, manager de República Cromañón, debió colocar las telas inflamables luego de esta inspección. De haber existido en la época que ésta se realizó, los bomberos se enfrentaban a dos alternativas: negar tal certificación, u otorgársela irregularmente.
Esta segunda opción significaba que los bomberos debían certificar con sus firmas, entre otros ítems, aberturas de emergencia, sistemas de extinción y presencia de personal especializado, que el local no contaba con recubrimientos y decoraciones combustibles y estaba construido en condiciones reglamentarias.
Si esta fuera la alternativa elegida, y creemos que no, lo más probable es que Chabán hubiera tenido que pagar una “coima” de magnitud tal que hacía mucho más económico la puesta en regla. Con el agravante de que un local irregular se convierte ipso facto en una fuente interminable de “arreglos” con inspectores del gobierno de la ciudad, policías y bomberos, haciendo inviable el negocio. Lo saben las víctimas de otros incendios.
La corrupción en la Argentina se ha perfeccionado en los últimos años adquiriendo un sustento institucional. El caso de las banelco en el Senado es elocuente. Las excepciones que otorgó el Concejo Deliberante en la década del 80 tenían un apoyo seudolegal, amparándose en contradicciones o áreas oscuras de la legislación vigente. La firma de un certificado en condiciones no reglamentaria requiere de una cadena extensa de complicidades por la sucesión de controles administrativos que debe sortear, lo que aumentaría astronómicamente el monto del “peaje”. La corrupción institucional, en definitiva, se construye con determinadas pantallas legales que esconden una delito de base. La mayor parte de las privatizaciones son un buen ejemplo de este sistema.
Pero entre la existencia de una ley que nadie cumplía y la falta de control, los bomberos no fueron ajenos a ese mecanismo tradicional de la corrupción mediante el cual el funcionario que inspecciona facilita al empresario la obtención de un certificado siempre que la adecuación del local a las normas la hiciera una empresa “amiga”.
La defensa de Chabán argumentará que el empresario desconocía la combustibilidad de esos materiales. Siendo el complejo (hoteles, estacionamiento, garaje y bailanta) una inversión cuantiosa desarrollada en varios miles de metros cuadrados, con no menos cuantiosas refacciones realizadas por profesionales de la construcción, tal razonamiento no tiene ningún asidero. Cualquier arquitecto, maestro mayor de obras o ingeniero civil lo sabe. Con el fin de dilatar la resolución judicial mientras los careos entre actuales y ex funcionarios ponían en evidencia las múltiples responsabilidades estatales, el abogado del empresario también planteó que el ácido cianhídrico no esté expresamente prohibido en nuestra legislación. El argumento es insostenible, porque no es un insumo de la espuma de poliuretano sino un resultado de la combustión. Es como si pretendiéramos prohibir el mercurio de los termómetros para impedir que cualquier desprevenido lo ingiera, o a las estufas de tiro balanceado porque producen monóxido de carbono, que también puede ser letal.
Tampoco es razonable el argumento de Raúl Villareal, según el cual Callejeros controlaba la seguridad del local incluyendo las cuestiones relacionadas con portación de pirotecnia potencialmente peligrosa, evacuaciones y medidas de extinción.
La responsabilidad de ambos no deja espacio para la duda, y deberán enfrentar una lluvia de juicios civiles. "Lo único que me gusta es cagar guita. Me calienta más que una mina. Entro en un orgasmo absoluto", dijo alguna vez Chabán. Después de lo sucedido el 30 de diciembre, deberá replantear su relación psicológica entre el sexo y el dinero.
No es tampoco razonable que se se ponga el acento en la discusión sobre la Ley Cafiero. Aunque depende de la Federal, la Dirección de Bomberos sólo certifica condiciones de incendio en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del territorio nacional lo hacen las policías provinciales, los gobiernos y los municipios. Si la policía federal desplegada en la Ciudad hubiera estado dentro del organigrama del gobierno local, podríamos haber tenido la sorpresa de que los señores Alimena o Antuña fueran los responsables directos de proveer esos certificados, o peor, que la subsecretaria de Control Comunal condujera la extinción de incendios o comandara la policía montada.
En cuanto a la responsabilidad de gobierno de la ciudad, va de Aníbal Ibarra a quienes eran los funcionarios en ese momento: la subsecretaria de Control y el secretario de Justicia y Control, Fabiana Fiszbin y Juan Carlos López respectivamente y sus subordinados Ana María Fernández, Ramiro Cozzani, Gustavo Torres y otros empleados. Fernández pertenece al grupo del legislador Giorno y Cozzani estudió en la Universidad Abierta Latinoamericana. Manuel Antuña también aparece involucrado porque algunos lo consideran el “cajero” de la organización, aunque según el organigrama, sus obligaciones se limitaban a la seguridad deportiva.
López venía de una exitosa carrera judicial y participó en el juicio a las Juntas Militares.
La Fiszbin es muy amiga de la senadora Vilma Ibarra. Dedicada profesionalmente a la psicología, es hija de Enrique Fiszbin, un puntero histórico del radicalismo del Coti Nosiglia que secunda a Luis Barrionuevo en el Club Chacarita.
Las responsabilidades caen sobre la Policía Federal y al gobierno de la ciudad por la presencia de menores después de las 10 de la noche y la venta de alcohol. El juez Lucini[i] pudo determinar la existencia de coimas pagadas a policías de la comisaría 7ª y procesó a todos los ex funcionarios, pero la Cámara del Crimen revocó la sentencia y limitó sus responsabilidades al “incumplimiento de los deberes del funcionario público”. No está dicha, sin embargo, la última palabra.
¿Y entretanto, a qué se dedicaban los legisladores?
[i] Lucini intervino en la quiebra de la textil Brukman. Desprocesó al comisario general Santos (gobierno de De la Rúa) por irregularidades en la contratación de servicios adicionales en espectáculos deportivos; dictó la falta de mérito a Guillermo Bártoli por la confección de un certificado de defunción falso en el caso María M. García Belsunce.
Muy bueno. Desmenuzar cadena de responsabilidades,que apunta a la negligencia,la complicidad y la corrupción...el ejemplo del "cajero" Antuña,o un vergonzozo papel del Juez Lucini (con antecedentes) nos ayuda a comprender mejor el entramado del poder..el comentario sobre lo que el dinero le provoca a Chabán, es algo común y no modifica nada... o acaso son deslizadas por ser palabras favoritas, sexo y orgasmo?
ResponderEliminarAsí es, amable lectora. Sexo y orgasmo son palabras favoritas de Omar Chaban y su barniz de cultura
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