Aunque pase por excéntrico, estúpido y loco, y lo sea en cierta medida, Emir Omar Chabán no es un empresario aislado. Si el Estado no hace cumplir la ley es porque la sociedad, más o menos en su conjunto, toleró o apoyó determinadas políticas que llevaron a considerar la anomia, la ilegalidad y los excesos consentidos como la regla y no la excepción.
De acuerdo con la nueva escala de valores que se impuso en los 90, Chabán no solo trasgredió las normas del gobierno de la ciudad: sus empleados trabajaban en negro sin que el Ministerio de Trabajo se diera por enterado, lo que no es una novedad cuando los propios Estado Nacional y de la ciudad violan la ley contratando a miles de empleados en estas condiciones; no pagaba las tasas (su deuda con Rentas y la AFIP superaba los 40.000 pesos); el propietario del local es una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes porque la Inspección General de Justicia no controla adecuadamente a las sociedades anónimas, y menos a las extranjeras y off shore[i]; la vigilancia que funcionaba en el lugar, contratada por el mismo Chabán, no estaba habilitada; y además, su alícuota de Ingresos Brutos se pagaba por los 1.027 asistentes autorizados; el resto, libre de impuestos, se repartía alegremente entre Chabán y Callejeros.
El éxito rápido, la fama mediática y el prestigio derivado del poder económico han ido de la mano de un simétrico retroceso de lo público como valor colectivo.
Esto no podría entenderse sin referirse al progresivo apoderamiento privado de porciones del Estado que se potenció en la Argentina desde 1976 y llegó a su paroxismo en los 90. Esta feudalización fue anterior y luego se superpuso con el éxito mundial de las hipótesis liberales que cuestionan el rol de los Estados Nacionales y su misma existencia.
Con su “tablita cambiaria”, Martínez de Hoz inauguraría la idea de la convertibilidad en Argentina, después perfeccionada con Cavallo, y que no era sino un retorno anacrónico al viejo patrón oro que EEUU había quebrado en los años setenta, con Nixon. Los empresarios querían total libertad, pero en algunas áreas del Estado preferían que las cosas no cambiaran. Pasó con los ferrocarriles[ii], pero un caso paradigmático fue YPF, tironeada entre las ideas privatizadoras de los Chicago boys y su defensa mafiosa por parte de los generales que la dirigían en alianza con la patria contratista y la dirigencia sindical. Como consecuencia de ello, la deuda de la empresa pasó de 372 millones de dólares en 1976 a 6.000 millones en 1982.
La patria contratista se enriqueció con la “tercerización” (outsourcing), una práctica que inaugurada con la denominación de “privatizaciones periféricas”, lejos de detenerse, se acentuó y hoy se considera habitual en todas las áreas del Estado ciego. Es uno de los recursos mágicos de la microeconomía privada, trasladado mecánicamente a todos los ámbitos públicos. A las empresas, el outsourcing les permite reducir costos laborales, evadir impuestos, disimular beneficios y ocultar autopréstamos.
Está particularmente extendida en el gobierno de la Ciudad. En los 90, Carlos Grosso pasaría de ejecutivo de Socma a intendente de la ciudad, entregando como tal la recolección de basura a su ex yerno Franco Macri y la estratégica Secretaría de Hacienda de la municipalidad a un empleado del mismo origen, Orlando Salvestrini, hoy tesorero de Boca Juniors.
La fortuna de los Macri se amasó en buena medida con los dineros públicos de la ciudad. El perfil del heredero se puede orejear en una costumbre que contó a los medios en el apogeo de la confusión entre lo público y lo privado: suele recibir Año Nuevo con una fiesta de disfraces donde elige tacos altos y senos de gomaespuma: “Me divierte vestirme de mujer”, confió alguna vez a la revista Noticias.
En una sola sesión, el 14 de junio de 1990, el Concejo había prorrogado entre gallos y medianoche el contrato de Manliba, asociación del grupo Macri con una empresa radicada en las Bahamas, asegurándole una tarifa de 50 dólares la tonelada de basura recolectada, un precio muy del Primer Mundo, lo que explica el apasionado apoyo empresario a la convertibilidad.
Que esos dólares se obtuvieran (ya que el BCRA no podía emitirlos) endeudándose con el exterior a tasas crecientes era anecdótico, y la fiesta continuaba. Macri, además, se había alzado con el Correo y se creyó habilitado para no pagar ningún tipo de cánon, como si se lo hubiera cedido graciosamente un monarca absolutista de entre sus bienes privados. O quizás fue así, precisamente.
En los 90, el riojano acabó con esa suerte de esquizofrenia entre las propuestas liberales y la patria contratista, descuartizando del Estado todo lo que fuera rentable. Como consecuencia, la sociedad quedó a merced de la llamada “decisión de los mercados”.
Esta canibalización encontró eco en amplios sectores de la sociedad argentina, sin cuyo apoyo esa política hubiera sido imposible. El historiador Tulio Halperin Donghi lo explicó así: “El gran éxito del menemismo consistió en ser apoyado por sus víctimas”. En la década anterior, amplios sectores medios habían padecido una repentina ceguera frente a la represión ilegal, y con el retorno de la democracia los entusiasmó un presidente que juzgó a las Juntas y terminó implantando la obediencia debida y el punto final.
La dolarización de la economía nos hizo ricos de la noche a la mañana.
Los excluidos, una nueva clasificación tecnocrática que los distinguía de los proletarios, ahora en el ítem de privilegiados, cobran un Plan Trabajar de 150 dólares mensuales. La clase media disfruta de ingresos de miles de dólares y las propiedades valen aquí tanto como en Manhattan. Que nuestra productividad estuviera muy por detrás de los EEUU era una discusión limitada a algunos economistas, quienes no tocaban el tema en los programas de Neustadt porque “no vendía”. En cambio, se repetía que con las privatizaciones tendríamos oportunidad de elegir nuestra compañía telefónica y que las llamadas serían casi gratuitas.
Así nos fue.
Esa especie de cholulismo también caló hondo en los sectores “progresistas”, que planteaban históricamente la destrucción de un Estado instrumento de las clases dominantes. Esta coincidencia derivaba de una lectura infeliz de los escritos de Gramsci, producto de una izquierda desencantada por la caída del Muro, y los errores y atropellos del socialismo real.
La campaña de minimización del Estado “por izquierda” coincidió en el tiempo con las tesis liberales en la promoción universal de la “sociedad civil” como panacea de todos los males por derecha. El lenguaje políticamente correcto se enriqueció con nuevos términos: organizaciones no gubernamentales y su sigla “ong”, fundaciones[iii], tercer sector, non-profit, etc., de acuerdo a las divulgaciones de Milton Friedman, padre de los Chicago boys, quien pretendió construir una metafísica a partir de de la microeconomía.
A 24 horas del drama de Cromañón, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra convocó a la cámara empresaria de las discotecas y a “asociaciones de familiares de las víctimas”, que por cierto no existían, para que en un plazo perentorio de 15 días, mientras los padres velaban a sus hijos muertos, propusieran cambios en las reglamentaciones, como si estas fueran culpables del incendio y unas irreales ong’s de víctimas tuvieran la capacidad de hacer lo que el Estado había dejado de hacer. Esta manifestación de banalidad enervó a gran parte de los padres de las víctimas y marcó el límite ideológico del “progresismo” local.
Puede considerarse que, a caballo de una generalizada desinstitucionalización, la propagación de las ong es un modo de poner el poder en manos de todos, es decir, de nadie.
Algunos críticos han señalado que el objetivo implícito es limitar la democracia representativa, a caballo de su descrédito. Además, su financiamiento, elección y permanencia de autoridades, organización jurídica y fines está fuera de todo control. Su influencia, entretanto, depende en gran medida del poder mediático que puedan desplegar, un espacio controlado por los grupos económicos dueños de muchas de esas ong y fundaciones y de los propios medios.
Es cierto que decenas de ong realizan trabajos solidarios allí donde el Estado ha desaparecido, o realizan valiosos aportes en lo cultural o científico, pero por no existir leyes que las controlen, muchas termina siendo “think tanks” que venden sus conclusiones a empresas privadas, actuando como consultorías y agencias de publicidad o marketing político. Pueden ser también una vía encubierta de lavado de dinero, de control empresario a distancia o de recepción clandestina de fondos, incluso del exterior.
Desde que estalló la moda, todo político o aspirante a serlo cuenta con una fundación en sus cercanías, atada a la vitalidad temporal del grupo que se promociona para ocupar un espacio político.
[i] Aunque la prensa y diversos organismos gubernamentales suelen referirse a los “paraísos fiscales” refiriéndose a Uruguay y países de Centroamérica, se soslaya que también la Argentina fue un “paraíso fiscal” en la década del 90.
[ii] El ingeniero Manuel Solanet, parte de esos Chicago boys y hoy militante de López Murphy, llegó a plantear que se debían pavimentar las vías y eliminar totalmente el ferrocarril. Su pronóstico se cumplió en parte.
[iii] Una nómina completa de las ONG financiadas por el Banco Mundial puede consultarse en la página www.worldbank.org. El dato insólito es que muchas de ellas se presentan como “progresistas” y hasta “revolucionarias”. El piquetero Raúl Castells tiene acordados dos préstamos del Banco Mundial, por ejemplo.
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