La pericia caligráfica de la nota que se encontró sobre el escritorio de cedro en la oficina de Folchi, cerca del libro “El Rescate de la República” de Alfredo Iribarne, no disipó las dudas. Antes bien, las acrecentó.
Los peritos calígrafos son auxiliares de la justicia. En una época en que las investigaciones de toda índole tienden a buscar explicaciones multidisciplinarias, estos supervivientes del siglo XIX, con someros estudios legales, de psiquiatría y grafología, siguen teniendo en las anquilosadas estructuras judiciales argentinas un rol preponderante. Se los podría comparar con nietos de Lombroso en la época de los estudios de ADN, la manipulación genética y la Guerra de las Galaxias.
Se lee en la primera parte de la nota:
A mis seres queridos:
No pude aguantar la traición política de mis amigos. Perdón por no estar estructurado para aguantar tanta presión y peso sobre mis espaldas.
Perdón a mi esposa e hijos. A mis amigos guarden a mi familia. Comodoro Moreira (Negro) hace cargo de mi casos. Gracias.
Rodolfo
Buenos Aires 12/12/90
Y hay abajo un agregado:
Nadie de este estudio tiene nada que ver con este suicidio político (sigue una firma ilegible).
La pieza en cuestión —afirman los peritos calígrafos oficiales, que no realizaron el estudio en presencia de familiares o expertos designados por éstos— “produce la impresión de inconsistencia..., denota algunas tremulaciones... y denuncia una situación extrema” (como por ejemplo la hipótesis de la depresión atendida en el Hospital Aeronáutico) para luego concluir: “todos los elementos sometidos a examen devienen de un único y mismo origen”. O en otras palabras, Etchegoyen habría escrito todo el texto, incluyendo la postdata.
Pero “la primera parte no fue extendida en condiciones normales, no pudiendo establecerse fehacientemente las causales”. Y también: “el texto fue escrito en dos momentos o actos diferentes” y para colmo “no es posible establecer si la firma que figura al final de la carta pertenece” a Etchegoyen. Porque no se encontró un solo papel, recibo, carta, nota o solicitud en la que hubiera garabateado de ese modo.
Detengámonos un instante en la idea: ¿por que era necesario aclarar que “nadie en ese estudio tenía algo que ver (con la muerte)”, y por que calificar su próximo acto como “suicidio político”?
La gente se suicida, si decide hacerlo, pero adjetivar la propia e inminente desaparición como “suicidio político” parecía una exageración. ¿De quienes? De quienes dictaron semejante misiva, por ejemplo.
Aclarar, dejar a salvo a Folchi (si es que no había otros ocupantes de la oficina de la calle Arroyo 845) mediante la frase "nadie en este estudio tiene nada que ver", tanto podía significar una velada pista como una exageración, pero es difícil, casi imposible, que un suicida que toma tal determinación en la fecha que la toma, pocas horas después del casamiento de su hijo mayor, además tuviera una parte de su conciencia preocupada en salvar al socio.
¿Nadie en este estudio? ¿Quién lo ocupaba, además de Folchi?
Porque ¿que circunstancia podía incriminar a Folchi en caso de que hubiera aparecido suicidado allí, sin ninguna nota explicativa?
—Solo eran amigos— afirmó Rodolfo, el hijo mayor.
—Era su socio— declaró Antonietti.
—Nos conocíamos desde principios de la década del 80— sostuvo el mismo Folchi, abogado en derecho aeroespacial.
Relacionado con la OACI, cuyas oficinas se hallan ubicadas en la calle Pedro Zanni 250, Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, viajaba asiduamente. Es un amante de la ópera alemana, las Valquirias y los festivales de Beyreuth.
Negó terminantemente una entrevista, aunque aclarando: “a Rodolfo lo apreciaba mucho”. Y agregó: “no vale la pena remover algo pasado”.
Forenses
"Fractura de los huesos propios de la nariz (sin mas precisiones), lesión en región frontal y dorso de nariz en forma de placas apergaminadas. Trayectoria del disparo: de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y ligeramente de derecha a izquierda".
Datos burocráticos de una autopsia realizada a partir de las siete de la tarde, 13 de diciembre de 1990, en el cuerpo de un hombre de cabellos negros, entrecanos; ojos pardos, calvicie frontal, encontrado sin vida alrededor de las 5 de la mañana de ese día, en las oficinas del abogado en derecho aeronáutico Mario Folchi. El aire acondicionado no logra disipar el agobio veraniego ni ese tétrico escenario de la calle Junín sobre los médicos Julio Ravioli y Roberto Lazcano, del Cuerpo Médico Forense. No se especifica la naturaleza de la fractura (por ejemplo, si estaban hundidos o expuestos); no se describen tatuajes, necesarios para determinar con precisión dónde fue apoyada el arma; ni hematomas en la zona del nacimiento de la nariz, ni tumefacción en los labios. Y no se describen porque, como tantas otras cosas en la Argentina, una autopsia es solo un acto burocrático.
Lazcano también deberá certificar el estado de Amira Yoma tras su apresurada internación de febrero del 91, intoxicada con psicofármacos de los que, se dice, abusa.
La muerte de una paciente de la Maternidad Sardá por mala praxis desatará otro escándalo, esta vez sobre 31 funcionarios del Cuerpo Médico Forense, entre ellos, los doctores Ravioli y Lazcano.
Los falsos peritajes investigados por el juez Mariano Bergés, informa el diario La Nación, involucran casos resonantes: María Soledad Morales, Marcelo Cattáneo, Jimena Hernández, Rodolfo Etchegoyen, Omar Carrasco. Todos ellos reconocen un común denominador: son aledaños al poder político y económico. En todos los casos hay encubrimiento, hay huellas destruidas, hay chicanas judiciales.
Hay corrupción, en la que se entrecruzan drogas, fiestas negras, coimas, lavado de dinero, contrabando de armas, todo ello en el marco de un poder político ejercido con discrecionalidad y de un Estado que virtualmente ha desaparecido. La combinación de estos factores ha permitido un enfrentamiento sin contornos precisos entre algunos sectores económicos dispuestos a todo[i], incluso a utilizar la violencia para defender sus mercados.
—Observé sobre la frente una marca cruzada, similar a un hematoma— declara el comodoro (RE) Moreira cuatro meses mas tarde. El médico legista Roberto Viacava, designado por la policía, indica el mismo 13 de diciembre la presencia de “lesiones excoriativas en región frontal derecha”. La probabilidad de que se produzcan hematomas luego de la muerte, no existe. Un disparo en la boca, dirigido hacia el cerebro, produce un efecto de blast o expansión ósea, pero de ninguna manera el hundimiento de los huesos de la nariz. Por la posición en que fue hallado, Etchegoyen no pudo golpearse al momento de que se produjo el disparo mortal.
Otra vez el doctor Ravioli, que no puede borrar con el codo lo que ha firmado de su puño y letra diez años antes: “Las lesiones en los huesos de la nariz pudieron producirse por trauma en el traslado”.
Imaginemos la escena del traslado según el perito del Cuerpo Médico Forense: un cuerpo inerte es arrastrado por los pasillos de la calle Junín hasta conseguir que los huesos de la nariz, golpeando contra el suelo, se fracturen. Luego se lo deposita sobre una camilla y comienza el acto burocrático de la autopsia a cargo de dos distinguidos miembros del Cuerpo Médico Forense, donde se dictamina que existe “fractura de los huesos propios de la nariz”.
¿Y el hematoma?
Los médicos argumentarán que su rol es describir; el juez, por su parte, que sus decisiones dependen de la minuciosidad de los peritajes.
En el programa “Hora Clave” que conduce Mariano Grondona emitido por el Canal 9 de televisión el día 24 de agosto de 1995 se mostró un reportaje a un señor que no quiso identificarse y dijo llamarse “José”. Esta persona contó que muchos empresarios postales fueron amenazados y que a él le dijeron: “Abrite que sos boleta”. Preocupado por su situación, había concurrido a la Embajada de los EE.UU. y al plantear el tema se sorprendió al ser atendido por personal de la Drugs Enforcement Agency. Quiso aclarar que no se trataba de eso, sino de un tema de lealtad comercial y el personal de la DEA le informó que Yabrán estaba siendo investigado por ellos. “José” dice haberse sorprendido cuando le pidieron sus señas personales, en especial cicatrices y estado de sus dientes, para poder hacer un reconocimiento en caso de muerte.
Pasaron siete años hasta que el comisario Meni Battaglia fuera citado por primera vez por la causa del atentado a la embajada de Israel. En la causa “Etchegoyen Rodolfo s/muerte dudosa” pasaron siete años hasta que el sargento Roberto Poli, que conducía el móvil 115 del comando radioeléctrico, declarara que no recordaba ningún, pero absolutamente ningún detalle del operativo realizado en la oficina del “socio” o amigo Mario Folchi. Pasaron siete años sin que se supiera si el proyectil hallado fuera de la oficina de la calle Arroyo había sido disparado al aire o era la causa del rápido deceso del brigadier (RE) Etchegoyen.
El revólver Smith & Wesson calibre .38 de doble acción había sido disparado en posición invertida, con el guardamontes hacia arriba, en un ángulo de aproximadamente 45º. La cola del disparador debió accionarse con el pulgar derecho, pero no se encontraron en la piel los tatuajes típicos de la deflagración aunque, según la misma Policía Federal, luego se pondría en duda la idoneidad del suboficial del Laboratorio Químico que sacó las muestras el día 13 de diciembre de 1990.
Esta laguna no amilanó al juez ni a los sabuesos policiales. Entretanto, la Fuerza Aérea seguía afirmando públicamente que no había dudas sobre el suicidio, mientras el brigadier Mario Laporta, jefe II (Inteligencia) reconocía que “alguien le había dicho que iba a haber una reunión” entre Etchegoyen y obscuros interlocutores cuya identidad el juez Marquevich no indaga.
¿O sí lo preguntó pero sus identidades no quedaron asentadas en el expediente?
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín acreditó frecuentes comunicaciones entre el juez, la empresa Yabito del grupo Yabrán y el sargento retirado Gregorio Ríos. Marquevich también usaba los aviones de Lanolec para transladarse a Punta del Este de vacaciones. En 1993 el jefe de la Fuerza Aérea recibió una nota firmada por Esteban Cacho Caselli quien “por expresa disposición del Señor Presidente” solicitaba un lugar en Aeroparque para que Lanolec construyera un hangar. La Fuerza Aérea no se limitó a hacerle un lugarcito en las abarrotadas instalaciones: eximió a la empresa de taxis aéreos del pago por el uso del espacio durante 10 años. En el análisis de la solicitud, tanto el Jefe de Materiales, brigadier Ricardo Coletti como el comodoro retirado Juan José Lupiañez, estrecho colaborador de Alberto Kohan, apoyaron la solicitud de Caselli con una celeridad digna del Primer Mundo. El comodoro había sido también secretario de José Juliá, primer jefe de la Fuerza en la gestión Menem.
Imprecisiones
El forense Ravioli debió repetir su examen, en los papeles, esta vez junto con el perito de parte, don Mariano Castex. Observó Ravioli para no contradecir su anterior informe:
En primer lugar, que las placas apergaminadas se producen en momentos previos durante o inmediatamente posteriores a la muerte, “por apoyo y durante el traslado”. El cuerpo fue hallado alrededor de las 5.00 de la mañana y el médico policial recién concurrió a las 8.45. La muerte se había producido unas horas antes, unas diez horas anteriores al examen, alrededor de las 23.000 del día anterior. Tal como fue hallado, el cuerpo no podía haber tenido golpes o movimientos bruscos “en momentos previos o inmediatamente posteriores a la muerte” (cuando se lo encuentra, ésta databa de diez horas atrás) por lo que la pericia se contradecía.
Y luego, que el proyectil no afectó en su trayectoria los huesos propios de la nariz, y las lesiones podían haberse producido por “blast” o trauma en el traslado. Los huesos de la nariz estaban hundidos, lo que impide cualquier efecto de “blast” o expansión craneana por efecto del disparo de un proyectil calibre 38 punta hueca. Reconocer que la manipulación o el traslado pudieron producir semejante fractura amerita un minuto de piadoso silencio por la justicia que les ha tocado soportar a los argentinos.
El perito de parte, Mariano Castex, sostiene que “queda la duda en torno a las circunstancias próximas o remotas, que no parecieran suficientemente investigadas” y luego que con todos los antecedentes disponibles “no se han disipado debidamente las hipótesis de inducción o coacción”.
En octubre de 1997 la Policía Federal todavía no ha entregado al Juzgado las nuevas pericias balísticas solicitadas por la familia, pero el periodista Mariano Obarrio adelanta en La Nación algunos de sus resultados, lo que provoca una dura desmentida del laboratorio policial.
Las pruebas definitivas tuvieron los siguientes resultados:
Uno, que sobre la posición del cuerpo y el arma sostenida por la segunda falange del dedo pulgar, para el perito policial “no es una situación atípica”. Para los peritos de parte, Etchegoyen, una persona habituada al uso de las armas, no debió manejarla en esa posición porque “no responde a lo habitual en estos casos”.
Los peritos de parte, Locles y Frigerio, expresaron que si se hubiera disparado sobre el paladar existiría “tatuaje”, que no fue descripto en la autopsia. Y que el considerable retroceso de tal revólver debió producir lesiones bucales que tampoco se describen.
No se encontraron restos humanos en el proyectil encontrado en el hall de la entrada de la oficina de Arroyo 845, y sí incrustaciones de yeso. En eso todos estuvieron de acuerdo.
Y también lo hubo en que, en todos los disparos de prueba realizados en el laboratorio policial, el arma siempre dejaba restos de pólvora en quienes la sostenían.
Siempre.
Para la División Laboratorio Químico, en diciembre de 1990 no había "restos de deflagración de pólvora, pero las características del arma, la forma de su empleo, etc., pueden impedir que se depositen".
El comisario Weschberg había sostenido en una nota elevada al Juez: “en cuanto a Noemí Giacomello de Santaniello (del Laboratorio Químico de la Policía Federal, que acompañó a la comisión de la comisaría 15º y sacó las muestras junto con el médico policial, doctor De Martino) no revista actualmente en el Laboratorio Químico de esta policía, y mas aún, al suscrito le resulta totalmente desconocida”.
El revólver Smith & Wesson calibre treinta y ocho "special", provisto por el Grupo Abastecimiento El Palomar y que la Fuerza Aérea sigue reclamando en devolución a la justicia nacional, y que esta no entrega, reteniéndolo en una caja fuerte, quizás como reconocimiento implícito de que el Primer Mundo no ha llegado a esos ámbitos, fue disparado varias veces por los peritos de parte y los expertos de la Federal. Todos coinciden en informar: "ha dejado rastros de pólvora en la mano del tirador en todos los casos".
En todos los casos, pero el cadáver no tiene restos de pólvora en su mano derecha. Sin embargo, la Policía Federal se apuró en caratular la investigación como "averiguación de suicidio" aunque sus propios técnicos certificaron que no había tatuaje.
El perito de la familia Etchegoyen, Eduardo José Frigerio, produce posteriormente un informe presentado a la jueza Ramond en el que concluye, basándose en una extendida bibliografía: “no operó armas de fuego en forma inmediatamente anterior a su deceso” y “no pudo haber disparado el arma secuestrada”.
Para la Policía Federal “no se puede ser categórico en la afirmación o negación, con rigor científico, respecto a que el arma haya sido disparada por el señor Etchegoyen”.
En su primer informe de diciembre de 1991, Ravioli había escrito y firmado: “...fallecido el 13/12/90 a las 5.00 hs...(versión policial)”, pero no abre juicio.
Siete años mas tarde escribe y firma: “El único elemento de juicio de importancia médico legal que existe en autos para establecer el momento del deceso es el examen efectuado por De Martino, médico legista de la Policía Federal, que establece... de acuerdo con los fenómenos cadavéricos observados la muerte dataría de aproximadamente unas 10 horas anteriores a este reconocimiento. Como no describe los fenómenos cadavéricos aludidos no podemos abrir juicio respecto de esta pregunta”.
Si es cierto que la autopsia se realizó a las 7 de la tarde, los médicos forenses podían determinar, por los mismos “fenómenos cadavéricos”, una hora aproximada de deceso. Aunque la precisión sobre tales datos va reduciéndose paulatinamente con el paso de las horas, los médicos actuaron con la misma desaprensión que es notoria en todo lo investigado. Si —como establece la autopsia— su talla era de 170 cm. y cuatro líneas mas abajo, se convierte mágicamente en 174 cm. ¿que impedía pasar por alto dudosas hematomas, fractura de huesos, etc.?
Finalmente, y aunque el dato en sí mismo no era irrebatible, el disparo del revólver 38 salió por el parietal derecho. El muerto era diestro y debió usar el arma con el guardamontes hacia arriba aferrado con las dos manos, porque de otro modo la “patada” hubiera producido lesiones bucales-dentales. Naturalmente el arma debía dirigirse hacia el hemisferio izquierdo del cráneo, pero egresó por el derecho.
Quizás no destrucción de pruebas, pero sí negligencia, descuido, inexactitud. De la policía y la justicia. ¿O había que mirar bajo el agua?
El médico policial concurrió a las ocho y media de la mañana. Etchegoyen murió entre las 20.30 horas, cuando abandona su vivienda en la calle 3 de Febrero, y las 23 de esa noche.
Según declararon su esposa y los hijos, se retiró afirmando que tendría una reunión alrededor de las 20.30. Es cierto que pudo inventar una excusa para alejarse del hogar y pegarse un tiro, pero el brigadier confiaba en su familia y nada, absolutamente nada, indica que practicara algún tipo de doble vida. Un rato antes había terminado de escribir, con letra precisa y menuda, la lista de invitados al casamiento de su hijo Rodolfo.
Esa reunión era un dato de la realidad. Y murió en el transcurso de la misma o inmediatamente después.
En la primera hipótesis se abría todo un abanico de posibilidades que confluían en un solo acto: el homicidio. El entonces Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, brigadier Laporta, reconoció que, ese día o mas adelante, debía haber una reunión, pero nunca se aclaró con quién ni para qué.
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