El espectáculo de Callejeros, como el de otras bandas de rock e hinchadas de fútbol, incluye el uso de fuertes petardos “tres tiros”, candelas y bengalas de alto poder. El sentido común[i] y las reglamentaciones sobre uso de pirotecnia indican que son artefactos aptos para espacios abiertos, y con limitaciones. Generan gases y llamas, producen olores y cenizas, consumen oxígeno, laceran o queman si golpean contra un cuerpo vivo, pueden activarse prematuramente, etc. Las canchas contabilizan dos muertos por bengalas.
Pero si los asistentes, el grupo de rock y el empresario no lo sabían, eran insensatos, irresponsables, buscaban suicidarse o cultivaban la transgresión colectiva, debería haber existido un control institucional capaz de ejercer la autoridad necesaria como para asegurar las vidas de los eventuales irresponsables o suicidas, como sí también las de otros inocentes ajenos que pudieran verse involucrados.
Esa autoridad ausente fue el Estado.
Cromañón podría ser abordado como una cuestión particular entre un empresario del espectáculo y unos miles de amantes del rock, o como la conducta aislada de un puñado de funcionarios sin escrúpulos. Estamos perdidos si ese fuera el techo de nuestra mirada, porque ante dramas futuros, similares o peores, tampoco habría capacidad de respuesta y se inventarían nuevas coartadas o se reciclarían las actuales.
¿Fue provocada por un empresario desaprensivo o es el resultado esperado de un estado de cosas que avala la trasgresión y promueve el incumplimiento sistemático de la ley?
¿Se debe cumplir la ley o ésta existe para ser evadida? ¿Todos debemos cumplir la ley? ¿Se pueden escudar los funcionarios en el argumento de que la ley no se cumple porque es vetusta? ¿Todos somos iguales ante la ley?
Cromañón nos habla del deterioro generalizado del Estado y de una criminalidad exculpada por el lucro y el éxito fácil.
La noche del viernes 30 de enero, en su informe a la Legislatura, Aníbal Ibarra –tras repartir pecados entre bomberos, padres que no controlan a sus hijos, determinados jueces que amparan a empresarios reacios a invertir en mejoras, unos inspectores corruptos, y hasta a la omnipresente falta de trabajo, que le impide ser más firme, es decir, a medio mundo– señaló las “normas vetustas que nos atan las manos”.
La oposición no necesitó exprimir su imaginación para replicar: ¿si lo son y nos impiden actuar, ¿cómo explicar el vendaval de inspecciones y clausuras dirigido por Juan J. Álvarez[ii], fundamentada en el cumplimiento de esas mismas normas que Ibarra considera inaplicables? ¿Pueden convivir una sociedad basada en la libre empresa con un Estado con autoridad para controlar? ¿La libre empresa equivale al “vale todo”? ¿La autoridad es una mala palabra exclusiva de regímenes autoritarios?
Primero fue el caos
En la ciudad de Buenos Aires rigen normas que se reúnen en el llamado derecho comunal o municipal, una rama con pocos especialistas en el país y que tiene sus antecedentes en la antigua organización de los cabildos heredada de España. Asomarse a las leyes del gobierno de la ciudad y su antecesora la municipalidad es una tarea agotadora y consagrada a la perplejidad.
Entre las que rigen hoy en día anotamos algunas curiosidades:
Se prohíbe la venta y circulación de ajenjo[iii]; la realización de prácticas colectivas de hipnosis y adivinación; por decreto de 1931, la doma de potros, de la que en 2002 se exceptuaron la jineteada y la “doma racional”; ridiculizar las creencias, a las instituciones religiosas y las fuerzas armadas en obras de teatro (1968); los actos en la vía pública solo podrán ser autorizados los sábados por la tarde, domingos y feriados (1971); quien se dedique a la instalación o alquiler de “anteojos largavistas” o “gemelos” al aire libre deberá tener autorización municipal y libreta sanitaria (1954)[iv]. Una ordenanza de la época nefasta de Cacciattore prohibe la circulación de carros con ruedas de madera o hierro y tracción a sangre, así como la recolección callejera de papeles o vidrios[v], con lo que la actividad de cartoneros (o “recicladores informales”, según Macri) está de hecho fuera de la ley, no obstante lo cual el gobierno de la ciudad creó un Registro y tomó otras medidas, sin derogar esa norma.
Miles de ordenanzas, decretos, leyes, resoluciones y disposiciones llenan decenas de volúmenes ordenados a medias y con frecuencia, funcionarios e interesados en desarrollar alguna actividad se preguntan si están vigentes.
Casi siempre la respuesta es: sí, lo están, pero nadie sabe por qué.
En ocasiones, fueron escritas para fiscalizar una situación específica, y luego olvidadas. En otras, por exageración de los controles. Todo eso podría resolverse con un reducido equipo de especialistas decididos a ordenar la legislación y eliminar lo superfluo, desactualizado y contradictorio[vi].
El problema, sin embargo, es otro. La mediocridad, las trenzas, los escándalos y la corrupción han revoloteado sin pausa un órgano legislativo de la ciudad dominado por punteros políticos que controlan negocios no siempre legales. Un aspecto de esos negocios es el favor político como inversión a corto o largo plazo.
A principios de los 40, una investigación conducida por el coronel Matías Rodríguez Conde encontró pruebas de pagos ilegales a la mayoría radical del Concejo Deliberante para asegurar la prórroga de las concesiones eléctricas[vii].
Cuatro décadas después, otro Concejo dictó decenas de “excepciones” al Código de Planeamiento Urbano (CPU) usando fundamentos legales de la anterior dictadura: ni siquiera se preocuparon en guardar las formas. Luego fueron a prisión dos concejales, Pico y Suardi, aunque siempre se sospechó que los principales responsables lograrían evadir la investigación por inacción judicial y protección partidaria, cuando la subordinación judicial a la Casa Rosada era una política de gobierno dirigida con guante blanco y servilletas por Carlos Vladimiro Corach. Las coimas sirvieron para financiar la política y enriquecer a sus protagonistas. Hubo incluso una muerte accidental, la del concejal Salvatori (UCR), que algunos relacionan con el tema. La causa de los “ñoquis”, en la que estaban implicados tanto Pico como Eduardo Rollano, ex concejal, diputado y ahora secretario legislativo del Congreso, prescribió en diciembre de 2005 sin procesados.
De ese período sobrevivían el radical Enrique Carelli, anclado en la subsecretaría de Seguridad hasta diciembre 2005; el “Colorado” Fernández en la secretaría General, estratega de Ibarra y relacionado con el justicialismo; Jorge Enríquez, un ex radical unionista y ahora puntero de Macri, quien tiene sólidas relaciones con la Policía Federal; unos cuantos operadores políticos de distinto pelaje que se mueven sigilosamente detrás de ese yacimiento de dólares conocido indistintamente como Compromiso para el Cambio y PRO. Y distintas “capas geológicas” de empleados nombrados no por su idoneidad sino por su amistad con militares, radicales, peronistas, liberales, socialistas, frepasistas, vecinalistas, etc., con todas sus variantes.
Si durante los períodos democráticos es un hecho corriente dictar normas para beneficio de particulares o como favor político, en las épocas de dictadura, además, menudearon las reglamentaciones arbitrarias producidas por coroneles, representantes de empresas como Guillermo Laura[viii]; aviadores con antecedentes por estafa reiterada, como el vicecomodoro Giménez, que comandó la Inspección General durante el ciclo Cacciatore, un capitán degradado por asesinar a cientos de inocentes en el bombardeo a Plaza Mayo de junio del 55 y luego ascendido a brigadier por la Libertadora; u operadores de los bancos multinacionales, como el sucesor Del Chioppo.
Esto provocó un singular caos legislativo: nadie se preocupaba –ni se preocupa– por ordenar los textos. De este modo, una misma actividad económica puede estar permitida por una norma y prohibida por otra; o hay exigencias distintas para dos actividades similares, a veces desmesuradas, y otras excesivamente liberales.
¿Cuál prevalece?
Tal confusión es terreno propicio para las picardías, que en República Cromañón se alzaron con casi doscientas víctimas.
En el tórrido enero de 2005, y respondiendo a legisladores que no siempre se esforzaban por hacer lucir sus conocimientos, el jefe de Gobierno de la ciudad reconoció su turbación ante esa contradicción, como si fuera un recién llegado o un testigo privilegiado. Y muy suelto de cuerpo citó el recital de Callejeros en el Club Excursionistas, realizado unas semanas antes, con permiso previo, bomberos y ambulancia. No hay tal exigencia para los llamados locales de baile clase C.
De habérselo propuesto, el gobierno de la Ciudad podría haber equiparado las medidas de seguridad para espectáculos deportivos en lugares cerrados con las de los recitales musicales también en lugares cerrados, sólo porque tienen mucho en común: se realizan en lugares cerrados, producen aglomeraciones, son espectáculos, etc. Era muy sencillo, pero no lo hizo. Por otra parte, ya existía, como veremos abajo, una norma “vetusta” que las abarcaba explícitamente, por lo que no era cuestión de quemarse las pestañas diseñando nuevas normas sino limitarse a cumplir las existentes.
Como local de baile debía tener certificado de bomberos actualizado anualmente.
También está vigente un decreto de 1936 que obliga a todos los empresarios de espectáculos a facilitar una inspección trimestral conjunta con bomberos y controles municipales para constatar que no se hayan incorporado elementos combustibles o alterado las condiciones originales de la construcción. De haberse aplicado, la presencia de guatas, espuma de poliuretano y mediasombra en el local, y el estado de las puertas de emergencia ameritaban una intimación o la clausura preventiva hasta que el empresario lo adecuara, e incluso la definitiva si no lo hacía.
[i] En este trabajo, sentido común no se usa en el contexto gramsciano de consenso rutinario o ideología dominante sino de “reflexión en común”.
[ii] Álvarez integró entre 1991 y 1993 el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y hasta el año 1995, bajo la administración Menem, ocupó la subsecretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación. Fue intendente de Hurlingham por dos períodos, y participó en el primer gabinete de León Arslanián en marzo de 1998, para remontar la crisis producida por la participación policial en el asesinato de José Luis Cabezas. El 26 de octubre de 2001 juró como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Ramón Verón, renunciado por el entonces gobernador Carlos Ruckauf ante el escándalo público por la existencia de escuadrones de la muerte policiales en el Gran Buenos Aires y el incremento de denuncias por torturas a menores detenidos. Entró al gabinete nacional como Secretario de Seguridad de la mano de Adolfo Rodríguez Saa y fue ratificado por Duhalde. Luego retornó a la provincia, para reemplazar a Juan Pablo Cafiero y resolver 'la cuestión de la bonaerense' y los secuestros extorsivos. Su postura consiste en controlar el conflicto mediante demostraciones de fuerza, y se impuso a los que querían dar palos. Fue jefe de campaña de Chiche Duhalde en las elecciones donde se consagró el Frente para la Victoria con Cristina Fernández a la cabeza.
[iii] Aperitivo o vermut alcohólico, popular en España, que se obtiene de la destilación del absintio, y al que se le atribuyen propiedades afrodisíacas.
[iv] En 1809, el Cabildo publicó un Manuel de Moralidad Pública, con estrictas reglas a seguir por todos los habitantes sobre vestimenta, lenguaje, constumbres.
[v] Lo que no obedecía a razones estéticas: el vidrio de descarte se importaba para esos años, y se siguió importando con la convertibilidad.
[vi] En algunos períodos, el ex-CEDOM (Centro de Documentación Municipal) contó con esos especialistas, pero los gobernantes de turno prefirieron ubicar a sus amigos y amantes, desaprovechando una oportunidad.
[vii] Esas coimas incluyeron la compra del edificio central del partido Radical. La empresa dueña de la CHADE era la europea Sofina. Por razones políticas, Perón, que en un primer momento había apoyado a la comisión investigadora, decidió archivar sus conclusiones.
[viii] Laura, después de asesorar a Cacciatore, integró el directorio de Autopistas del Sol, del grupo Macri, y luego dirigió la Cámara Empresaria, una suerte de ong financiada por Macri, que insiste en proponer un plan de 10 mil kilómetros de ruta asfaltada con peaje para terminar de privatizar el derecho de trasladarse libremente que alguna vez tuvimos los argentinos.
© 2005, Jorge Luis Devincenzi
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