Desde 1976 se inició en la ciudad un proceso de continua liberalización de los sistemas de control estatal, hecho relativamente novedoso. En anteriores dictaduras militares, como la de 1966 a 1973 (Onganía, Levingston, Lanusse), la influencia de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica había endurecido la vigilancia de “la moral y las buenas costumbres”, pero sin tocar el control de las actividades económicas. Eran años en los que la juventud de pelo largo sufría un corte policial a cero, y un famoso comisario que después integraría los grupos de tareas de López Rega, dirigía operativos contra los usuarios de hoteles alojamiento.
Los pulmones verdes de propiedad pública habían sido paulatinamente despojados por intereses privados. De las 10 mil hectáreas originales del Parque Pereyra Iraola en la provincia de Buenos Aires, hoy en día quedan apenas 800 para uso público. De las 700 hectáreas que originalmente diseñó Carlos Thays para los bosques de Palermo, en la actualidad son públicas menos de 100. El descuartizamiento abarcó a todos los espacios verdes, reducidos en beneficio de variadas ong’s como asociaciones de jubilados, o de adeptos a distintos deportes, que desde ese momento pasaron a usufructuar parte de esos espacios en forma exclusiva. Los gobernantes, civiles o militares, suelen confundir lo público que deben administrar con su patrimonio privado que sí pueden enajenar.
Además de adefesios constructivos, las autopistas fueron una monumental estafa. Construidas por una empresa de dudoso origen que se financió con avales estatales y seguros de cambio, su deuda luego fue estatizada y las garantías nunca se levantaron: Autopistas Urbanas–Ausa dejó una deuda de 951 millones de dólares y Parque Interama otros 119 millones, tal como lo demostró el juez Ballestero por denuncia de Alejandro Olmos.
Por cierto, no pasaba sólo en Buenos Aires.
Según el arquitecto y ex funcionario Enrique García Vázquez, la intervención militar en Mar del Plata suspendió por 24 horas la vigencia del Código Urbanístico local. En ese lapso ingresaron y se aprobaron unos veinte planos de construcción de grandes torres sobre la avenida Costanera que la norma no autorizaba y que de otro modo hubieran sido rechazados en la mesa de entradas. Por su vista privilegiada, el metro cubierto de esas viviendas de veraneo se cotiza desde entonces por encima de la media, pero la sombra ganó a varias playas céntricas (públicas) a partir del mediodía. Lo mismo sucedió en San Bernardo.
En el Partido de la Costa (Mar del Tuyú Norte, San Bernardo, Las Toninas) y con intervención de la Prefectura, que tiene jurisdicción sobre las playas, se autorizó la construcción de viviendas sobre el mismo trazo de la costanera (como quien dice, en medio de la calle), provocando la destrucción de miles de metros de playas públicas, y contraviniendo la ordenanza urbanísitca de la zona. La ilegalidad beneficia a los propietarios de esas viviendas, porque no pagan impuestos municipales y tienen un acceso privilegiado al mar. En pocos años, las mareas darán cuenta de esas construcciones.
En 2001, la Fundación Grupo Sophia colaboró con el Municipio de la Costa en la reingeniería de su administración.
A fines de 2005, el Concejo Deliberante de Vicente López privatizó la costa.
En 1978, el CPU se impuso en la ciudad de Buenos Aires sin discusión con la comunidad y antes de 1982 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la municipalidad, además de haber autorizado cientos de excepciones a esa norma, había instrumentado un sistema de habilitaciones automáticas, en las que la inspección previa y otras exigencias legales se fueron reemplazando por una declaración jurada.
En esta liberalización se incorporó un criterio que hoy perdura: toda norma clasifica, autoriza y prohíbe, pero un funcionario de segunda o tercera línea (una frase repetida en los textos es: “según la opinión del funcionario actuante”) puede autorizar una excepción que funciona en un solo sentido: permitir lo que está prohibido.
Entre 1978 y 1982 el CPU otorgó sustento jurídico a la construcción de las autopistas y al negocio de AUSA; luego fue el fundamento legal de las excepciones otorgadas por el Concejo Deliberante en la primera década de democracia recuperada. La metodología era simple: el código limitaba o prohibía la realización de algunas actividades o construcciones pero a la vez determinaba que las autoridades municipales podían autorizarlas si se cumplían algunos requisitos genéricos, como la existencia previa a su vigencia, subsistencia que se podía demostrar con una simple declaración jurada cuya veracidad nadie se ocupaba de confirmar.
Tales excepciones requerían la firma conjunta de concejales de las mayorías justicialista y radical, y se otorgaron a cambio de importantes sumas de dinero y otros beneficios, como páginas destacadas en el diario Clarín o apariciones estelares en alguna revista de Fontevecchia[i].
Los más importantes locales de baile clase C (discotecas) están ubicados en una zonificación que el CPU define como UP, Urbanización Parque, y donde están prohibidas esa y cualquier otra actividad comercial. Son zonas que se intenta preservar, con edificios de uso público, emblemáticos de la ciudad y rodeados por parques, como el Museo de Bellas Artes y la Facultad de Derecho, en Plaza Francia, la Biblioteca Nacional, la Costanera Norte o la zona de clubes situados alrededor del cruce de la avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia.
Claro que también hay problemas de jurisdicción. Los ferrocarriles, el puerto, la Costanera, eran áreas nacionales, sin ingerencia municipal, y con control de Policía o Prefectura. No son cuestiones neutrales: la Policía Ferroviaria tuvo tradicionalmente un excelente equipo de inteligencia e influía sobre los gremios ferroviarios. La estación de servicio que casi hace explotar el avión de Lapa en la Costanera tenía una autorización de funcionamiento de la Prefectura. El Hotel Hilton no paga ABL porque figura en los planos de catastro como baldío y también es protegido por la Prefectura, como algunas casas de juego en Puerto Madero. No está habilitado, y tampoco el Hotel Faena. El Casino que funciona en una embarcación, propiedad de un grupo español, no tiene habilitación de la ciudad: Ibarra no hizo mas que aceptar sin discusión el negocio original de 1999, en el que fueron actores principales Menem (autorizándolo) y Alberto Kohan (encontrándole un lugar preferencial en la zona más lujosa de Puerto Madero), contraviniendo la propia constitución de la ciudad que Ibarra fogoneó como legislador.
Según la óptica singular del jefe de Gobierno, sería conveniente que una actividad incómoda para los vecinos como una ruidosa discoteca, se instale junto al Museo de Bellas Artes. Es la comunidad la que termina solventando el negocio: para el inversionista es mucho más atractivo un boliche cercano a Plaza Francia que en la avenida Sáenz. Una lógica parecida se repite con las autorizaciones para edificar viviendas lujosas a la vera de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Pocos ambientalistas son conscientes de que funciona como un pulmón de lujo para los exclusivos vecinos de la zona, cuya elevada “calidad de vida” es financiada por todos los habitantes de la Ciudad.
Follia, la discoteca propiedad de Daniel Vázquez, presidente de la Cámara de Empresarios de Discotecas (Cedeba), está ubicada dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, distrito UP[ii].
El Club es regenteado por el radical Pablo Batalla, ex director del Teatro Colón, eventual socio de Jorge Telerman y dirigente de la ong Poder Ciudadano.
Buenos Aires News, Azabache, El Santo, Mint, Pizza Banana, Scape, Tequila, The Place, The Roxy, El Sublime, Millenium, Tocororo, Pachá, La Diosa, entre otras, también están en distritos UP.
Legalmente no pueden funcionar, son ilegales. Pero funcionan.
Existe además un número indeterminado de discotecas que funcionan habilitadas como actividad complementaria de restaurant o casa de comidas, o sin ningún tipo de habilitación, en clubes barriales protegidos por distintos dirigentes políticos. Este dato es importante, porque esos clubes son la base de apoyo territorial de los punteros, de donde obtienen votos.
Tras el incendio de República Cromañón, todas las discotecas fueron clausuradas por decreto de Aníbal Ibarra, y reabiertas meses después luego de superar una inspección[iii]. El Código de Planeamiento Urbano especifica que los distritos UP tendrán “normas particularizadas”, es decir, específicas para cada caso. Nadie legisló nada. Sin embargo, discotecas como “La Diosa” (en la Costanera Norte) fueron reabiertas mediante una resolución donde se especifica que el uso está aprobado por el contrato de concesión; un disparate, ya que un contrato privado no puede estar por encima de una norma pública. Para el CPU, la discoteca es un uso no conforme, prohibido. Para el contrato es conforme, autorizado.
Para colmo, la titular de los terrenos de Punta Carrasco y ex-Coconor es Telemetrix S.A., que fuera subsidiaria del Grupo IRSA, a quien el gobierno de Aníbal Ibarra refinanció su deuda por canon no pagado en término de 350 mil dólares por Resolución 4.141/2004[iv] (norma de un organismo inferior) abonando 5.000 pesos mensuales. ¿Cómo no iban a apoyar la devaluación de Remes Lenicov ciertos empresarios como los Polledo, dueños de Telemetrix, que además de construir lofts exclusivos en Puerto Madero, hacen grandes diferencias subalquilando las tierras del dominio público de la Costanera Norte?
Otra conducta que se generalizó a partir de 1976 fue el uso de resoluciones y disposiciones (normas de rango inferior en el organigramal, producidas por Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales y Directores) que limitaban o anulaban el alcance de las ordenanzas y, durante la dictadura, de las propias Leyes Nacionales.
Este abuso no terminó con la vuelta de la democracia ni se limitó a la Ciudad. El ex funcionario Fernando Calleja opinó sobre los contratos petroleros: “Las concesiones vencen en el año 2017, salvo algunas con prórrogas para mí ilegítimas, como la de Loma de la Lata. Estas concesiones se han obtenido transgrediendo la Ley de Hidrocarburos y la de Reforma del Estado, ya que se modificaron por decreto y éstos, a su vez, por resoluciones”.
Cuando los inspectores enviados por Juanjo Álvarez clausuraron un pelotero en el MacDonald’s de Recoleta, la empresa sostuvo en un comunicado “que la ley dispone que los peloteros en la ciudad deben contar con una habilitación, por lo cual inició los trámites correspondientes. Pero aclara que, mientras se esperaba la reglamentación de la norma, el gobierno había dictado una resolución que autorizaba su funcionamiento provisorio”.
Es una argucia ilegal: si una ley de la ciudad dice que no, una disposición de un organismo inferior no puede decir que sí.
Algo similar sucedió con Notorius, una disquería sui generis que incorporó un restaurante con espectáculos muy alejados estéticamente del rock barrial. Sus dueños iniciaron hace 5 años el trámite para incorporar la actividad “música, canto y variedades”.
Nunca obtuvieron algo más que una autorización provisoria, esperando una ley que nadie –Jefe de Gobierno o Legislatura– se interesó en dictar. [i] Los talleres donde se imprimían esos medios, ubicados en el sur de la ciudad, habían crecido sin control, afectaban a los vecinos y eran tan ilegales como República Cromañón. En esa etapa se los autorizó a funcionar mediante declaraciones juradas de subsistencia.
[ii] Creado en los años 40 como “Club Municipalidad”, una entidad pública. En el transcurso de su historia, un grupo de asociados se apropió de su nombre e instalaciones, y hoy es 100% privada.
[iii] Quince días después del incendio se habían clausurado 35 locales y en 175 había habilitaciones irregulares. Durante todo 2005 hubo 370 clausuras.
[iv] De la Dirección Gral de Permisos y Concesiones, uno de los agujeros negros del gobierno.
excelente!
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