Fabiana Fiszbin, divertida y desafiante
Murieron varios menores en República Cromañón. Se debió impedir su ingreso, porque así lo dice la ley, que no es idéntico a señalar la culpabilidad de los que asistieron al recital con sus bebés. Reconozcamos que tal obstáculo pudo haber desatado la ira de más de un concurrente y la del empresario: ¿por qué ellos habrían de cumplir la ley, cuando nadie la cumple?
En este contexto, no es casual que los primeros policías que concurrieron al incendio fueron apedreados por los jóvenes que habían ganado la calle creyendo con justa razón que, además del monóxido de carbono, serían víctimas de la represión.
En 2001, la Defensora del Pueblo Alicia Oliveira firmó la Resolución 1884 en la que se advertía sobre la presencia de menores dentro de locales de baile a consecuencia de diversas denuncias, infracción que el gobierno de la ciudad no controlaba. Las normas permiten “matinés” de 16 a 22 horas a menores de entre 15 y 18 años, con prohibición de vender bebidas alcohólicas. Proveniente, como Ibarra, del Frente Grande, la doctora Oliveira (de destacada actuación en la defensa de los derechos humanos) nunca tuvo una buena relación con el gobierno. Hasta el incendio de Plaza Once repetiría una y otra vez sus quejas, sin ser escuchada, y que no se limitaban a la presencia de menores. Con el apoyo del macrismo, Ibarra pudo acordar su reemplazo por la “intelectual orgánica” del PJ Alicia Pierini, de pasado menemista, quien cambió abruptamente el eje de la Defensoría, la que dejó de ser un quebradero de cabeza para la gestión y se convirtió en una institución dedicada a promocionar las políticas anti-discriminatorias. Oliveira no solo había sido un incordio para Ibarra: también había denunciado el fraude de las telefónicas provatizadas.
En su informe a la Legislatura a fines de enero, Aníbal Ibarra sostuvo que recién después de República Cromañón se enteró que esta limitación: “siempre creí que era hasta las doce de la noche”, dijo, como un simple padre de familia desinformado.
Las discotecas habían evadido esta exigencia implementando unas publicitadas “maratones” en las que el público menor que había ingresado a las 16 hs. podía permanecer en el horario nocturno, mezclándose con los adultos y permaneciendo hasta las 4 de la mañana.
Las denuncias incluían a las discotecas The End, Coyote Flores, Scape, Abbadia y Metrópolis. Como la Defensoría no tiene un cuerpo de inspectores, actúa por denuncia de padres y vecinos.
Abbadia es propiedad de Osvaldo de Rizzo, directivo de la Cámara de Discotecas, y funciona con ese nombre durante las matinés. Por la noche se denomina Amerika. A raíz de una denuncia penal que dio la razón a los vecinos, se condenó al gobierno de la ciudad por no ejercer control sobre el ingreso de menores.
Como Abbadia continuó con en el ingreso de menores después de las 22 hs., el juez interviniente, luego de identificar al funcionario (Antuña) a cargo del área de control, le embargó ingresos por una suma cercana a los 30.000 pesos y ordenó a la disco controlar la edad de los asistentes. La Procuraduría de la ciudad apeló la medida. Para el empresario de Rizzo, “me quisieron acostar”.
Habida cuenta de que en otros locales también se transgredía la ley, tal como lo había denunciado la Defensoría del Pueblo, de Rizzo opinó que lo suyo “era una persecución” presumiblemente de competidores protegidos por algún sector político.
La realidad era otra: lejos de ser un hostigamiento hacia su persona o empresa, los vecinos –frente a un Estado ausente– lograron acordar una presentación conjunta a la Justicia. Cosa increíble, dieron con un magistrado dispuesto a hacer cumplir la ley.
Todos sospechamos que el sistema judicial –como los de salud y educación– no colapsan por milagro y solo se mantiene en pie por la acción voluntaria, el tesón y la integridad personal de unos cuantos; y que están en crisis terminal porque la lógica superior que los dirige consiste en priorizar el costo económico y atarse a una supuesta eficiencia que ha consistido en abandonar todo lo que se relacione con el bien común y el servicio público.
Pero más allá de eso, la sociedad en su conjunto percibe que nadie la representa, que ningún contrato social la contiene, que cada uno está abandonado a su propia búsqueda individual de justicia, cuando no a la conquista de su propio espacio, y cuando obtiene la justicia, quizás luego de largos años, es un hecho muy excepcional.
Políticamente correctos
El gobierno “real” de la ciudad de Buenos Aires pone en escena la crisis del pensamiento hegemónico en el país, un arco que va desde los liberales-conservadores a los liberales-progresistas, muchos de ellos integrados dentro del vago concepto de “justicialismo”. En este sentido, el peronismo tiene el raro privilegio de representar en profundidad a la sociedad argentina en proceso de descomposición.
Los primeros vienen recorriendo la historia argentina bajo un ropaje prestado: son conservadores a secas, desde Juárez Celman a Menem, pasando por Federico Pinedo, Martínez de Hoz, Alsogaray y Cavallo. Los hechos demuestran que no son demócratas convencidos y que fueron el sustento de todas las dictaduras. En los 90, cooptaron al peronismo y en el actual gobierno se expresan en todas las variantes macristas.
Los conservadores vernáculos adoptaron el neoliberalismo globalizado en los términos que describe Rawls, aunque no tuvieron empacho en reivindicar el poder de control estatal en la interpelación a Ibarra: “la relación de los individuos con el Estado es como su relación con cualquier corporación privada con la que hayan celebrado un acuerdo. Así, el acatamiento político se interpreta como una obligación contractual privada con una gran empresa monopólica exitosa, el Estado, que es la agencia de protección que domina en esa sociedad. En general no hay una ley pública uniforme que se aplique igualmente a todas las personas, sino una red de acuerdos privados; estos procedimientos pueden diferir de cliente en cliente según los regateos que haya logrado hacer con la agencia dominante”[i].
Este punto de vista también fue adoptado por la Cámara del Crimen que desprocesó a varios ex funcionarios del gobierno de la Ciudad y unos meses antes había revocado la prisión preventiva de Omar Chabán. El Estado sería una Ong monopólica de extensión y organización más compleja que otras Ong’s barriales, pero Ong al fin, y que a diferencia de éstas, ha resultado más exitosa porque cuenta con el favor electoral de millones de personas que cada dos años le ratifican su legitimidad, tiene antecedentes verificables, es aceptada y reconocida internacionalmente, y su función –en virtud del peso que le otorga su amplitud y multiplicidad de áreas de interés– es mediar y arbitrar entre otras Ong’s similares, como el empresariado, la CGT, el grupo Callejeros, el público de rock, los vecinos de Cromañón, Lagarto S.A., los artesanos de Plaza Francia o los dueños de discotecas ilegales.
Una particularidad de esa Ong llamada Estado es que legisla para mediar entre los actores, y negocia su cumplimiento según el poder de esos actores para oponerse a las normas, ignorarlas, aceptarlas o trasgredirlas, y no por el beneficio o perjuicio que produzca esa norma socialmente.
Ese Estado contrata como empleados a unas personas que se distinguen de otras por el título honorífico de "funcionarios", otro nombre de fantasía, y cuya actividad consiste en simular hacer cumplir las normas de acuerdo a sus posibilida0des, interés, capacidad y opiniones, recibiendo para ello un salario de las arcas públicas.
Ese Estado contrata como empleados a unas personas que se distinguen de otras por el título honorífico de "funcionarios", otro nombre de fantasía, y cuya actividad consiste en simular hacer cumplir las normas de acuerdo a sus posibilida0des, interés, capacidad y opiniones, recibiendo para ello un salario de las arcas públicas.
De otro modo integrarían el segmento de los desocupados.
La ex-subsecretaria Fiszbin, por ejemplo, conocía de psicología, materia muy ajena a los códigos de edificación, habilitaciones y planeamiento, y su osada designación hace suponer que ella misma escogió sus funcionarios subordinados con los mismos parámetros, de modo que unos ingenieros mecánicos controlaban la calidad de los alimentos; ciertos abogados, la correcta dosificación del concreto; y algunos antropólogos, la limpieza de los carburadores de la flota de camionetas 4x4 del gobierno.
Los funcionarios, además, son públicos, pero es como si la denominación “público” solo fuera un aspecto de lo privado.
Los funcionarios, además, son públicos, pero es como si la denominación “público” solo fuera un aspecto de lo privado.
La aparición de una tercer fuerza política fuera de las estructuras tradicionales del radicalismo y el justicialismo no era novedosa, aunque cargaba con el peso de los fracasos anteriores. En el pasado, el partido Intransigente de Oscar Allende lo había intentado por izquierda, aunque el propio “Bisonte” provenía de la UCRI frondi-frigerista. Restos intransigentes aportaron el folklore básico, sumando a izquierdistas desencantados que se corrían al centro y sobre todo punteros provenientes de los partidos tradicionales que aportaban el valioso poder territorial, constituyeron el Frente Grande y Frepaso, provisoriamente unido bajo la vaga idea del “progresismo”.
La Alianza entre radicales y progresistas fue una maniobra electoralista dirigida a romper la fortuna electoral del menemismo, que había logrado aliar a víctimas y victimarios. Menem, por su parte, lo veía de otra manera: tanto él como Cavallo eran conscientes de la ciris inminente del modelo de la convertibilidad, que estallaría por el aumento de las tasas para financiarla con préstamos externos, y por eso trabajaron para el triunfo de De la Rúa, a fin de que pagara él solo todos los costos. Cavallo, como se recordará, se animó a acompañarlo en el suicidio.
De la Rúa era un caudillo del unionismo, el sector más conservador de los radicales, que tenía sólidos contactos con el establishment[ii] y no había tenido ningún problema durante la dictadura. En el otro extremo, el poder estaba en manos de la peligrosa Coordinadora. La crisis de las banelco aceleró la espectacular caída del vicepresidente Chacho Álvarez, quien cuestionó la metodología pero no el fondo de la cuestión, a saber, una flexibilización laboral exigida por el FMI y muy alejada de los postulados progresistas. La renuncia de Chacho no terminó en su conclusión lógica, la retirada general de los restos del Frente Grande del gobierno, sino en lo contrario: los funcionarios de ese orígen se mantuvieron en sus quintitas ministeriales, legitimando la política de Cavallo. Un caso paradigmático es el del actual titular del INTI, Enrique Martínez, que se las vio negras para explicar en términos progresistas la política neoliberal de la Fundación Mediterránea.
Alain Touraine[iii] sostiene que los progresistas (a quienes él llama socialdemócratas contemporáneos) se diferencian de los conservadores en “las leyes de familia, adopción, divorcio, educación, políticas sociales, libertades públicas, y cierta permisividad cultural”. El director de cine Ettore Scola lo refleja inmejorablemente en un personaje de “La Cena” (1998): “Yo también lucho por una distribución más justa, no digo de las riquezas, que ya están distribuidas, sino de los derechos”.
La clasificación de Touraine es genérica. El menemismo conservador, por ejemplo, fue muy permisivo en lo cultural, si esto significa haber derribado todo tipo de política activa contra la avalancha de la industria cultural globalizada, pero en educación siguió atentamente los dictados de los banqueros del Banco Mundial y el Consenso de Washington. En divorcio y aborto siempre estuvo bajo la mirada aprobadora del Vaticano y del sector más retrógrado de la Iglesia local. Y no atacaron la libertad de prensa, en la medida en que ésta era una de las tantas prerrogativas de los medios de comunicación propiedad del poder concentrado.
El liberalismo progresista tiene un “discurso” diferenciado en algunos aspectos como la “defensa” de las minorías y el medio ambiente, etc., lo que no le ha impedido aprobar el nuevo código de convivencia que persigue a los travestis, o continuar la política privatizadora de espacios verdes en la Costanera Sur. Hay iniciativas que tras su despliegue publicitario, mueren en silencio: desde el uso obligatorio del cinturón de seguridad al presupuesto participativo, pasando por la prohibición de venta de alcohol en kioscos (su inobservancia facilitó el drama de Cromañón) y la guardia urbana, cuyo despliegue se limita al perímetro de la esquina de Florida y Corrientes.
Gran parte de su política es puramente mediática, y hay que mantenerse dentro de los márgenes de lo “políticamente correcto”.
De todos modos, debe reconocérsele cierto logro. Logró mantener al sistema educativo público de la Ciudad (al menos el primario) bastante al margen de las recetas del Banco Mundial expresadas en la Ley Federal, herramienta básica del estallido del sistema en la provincia de Buenos Aires. Bastante pero no del todo: términos como oferta y demanda educativa, producto, usuarios, gestión, auditoría, monitoreo, agenda, eficiencia, eficacia, calidad, equidad, provenientes del pensamiento neoliberal, recorren todo el sistema.
Respecto a República Cromañón, todo indica que se busca “crear” una “nueva” minoría, la de las víctimas del incendio.
Una visión similar al destino de la ESMA y el Museo de la Memoria.
Lo señaló el propio Ibarra cuando todavía no se apagaban las brasas: propuso que el local fuera convertido en museo y que el gobierno promocionaría la creación de una ong o fundación de las víctimas. Luego se creó un ámbito virtual mediante un número telefónico gratuito (0–800) donde se les asegura “atención psicológica”: el objetivo es “contener” a las víctimas con tratamientos “personalizados” (retórica del pensamiento hegemónico), elaborar el duelo, lo que en última instancia consiste en reforzar la “autoestima” de los sobrevivientes en términos de una suerte de búsqueda de equidad dentro de la sociedad delirante. Ibarra, por otra parte, suele repetir que los atiende “en forma personalizada”, un recurso típico de los clasificados de Clarín.
El “santuario” construido a pocos metros del local clausurado, las zapatillas, velas, los retratos de las 193 víctimas y las banderas, trapos y carteles que recuerdan el episodio, son lugar de peregrinaje diario. La “santidad” no tardará en caer como una espada sobre alguno de los muertos.
Lo “políticamente correcto” se expresa asimismo en la convicción de Aníbal Ibarra según la cual si no se inspeccionó República Cromañón, fue porque los vecinos no habían denunciado ninguna anormalidad: el Estado sólo actúa cuando existen vecinos con herramientas suficientes como para reclamar. Si no las tienen, no existen.
También se han hecho algunos retoques a las leyes, pero con el solo fin de preservar el interés de las discotecas y en especial de la Cámara que las aglutina.
Este tratamiento de “minoría”, como parte de la construcción de consensos, se vio claramente cuando se retrasó el levantamiento de la clausura impuesta a la discoteca Amerika–Abadía[iv], propiedad de Osvaldo De Rizzo, secretario de la cámara empresaria y contacto con las autoridades municipales, que por la noche funciona con público homosexual.
Amerika mantenía un largo contencioso con los vecinos de la calle Gascón al 1000 por ruidos molestos y asistencia de menores fuera de los horarios autorizados. Las denuncias derivaron en intervención judicial, a consecuencia de la cual se embargaron los sueldos del renunciado ex subsecretario Antuña cuando el juez constató que el gobierno de la ciudad no cumplía su sentencia. Antuña había sido representante legal del Frepaso, forma parte del grupo político de Vilma Ibarra y sus atribuciones “formales” en la estructura comunal eran las de controlar la seguridad de los encuentros de fútbol, y por lo tanto no debería haber tenido ningún contacto con el tema de las discotecas.
El progresismo movilizó a una “minoría” (los homosexuales organizados) para mostrar ante los medios que los vecinos, otra minoría, discriminaban a los clientes usuales de Amerika, cuando la única disputa real era por ruidos molestos y presencia de menores fuera de los horarios establecidos por ley.
Los vecinos perjudicados por Amerika se vieron a sí mismos como discriminadores y se llamaron a silencio, ocupando el lugar de “culpables” de su situación. Otros discriminados fueron los distribuidores de bebidas energizantes. Las discotecas representan el 40% de sus ventas. Sebastián Álvarez, distribuidor de Speed, está desolado. "Como sólo vendemos en el canal nocturno, esto nos cortó la venta y facturamos cero", dijo, mostrando su Traffic vacía.
[i] Rawls, J. “El liberalismo político”, FCE, México, 1993, citado en Susana Neuhaus, (Comp.) “Discurso Hegemónico en la desconstrucción del espacio público y la subjetividad”, Altamira, Buenos Aires, 2003.
[ii] Fue durante un tiempo abogado de Alfredo Yabrán.
[iii] Entrevista del periodista Pablo Chacón en “N – Revista Cultural”.
[iv] Fue una de las primeras clausuradas por Álvarez. En junio 2005 se la inscribió en el Registro de Lugares bailables pero contradictoriamente se la mantuvo clausurada, entre otras razones, porque tiene 1.000 metros cuadrados más que el máximo permitido. También se había detectado la presencia de menores en horarios para mayores.
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