“Acá necesitamos un compromiso de madurez política entre todos. También hagámonos cargo de que esto no figuraba en la agenda política de la Ciudad de Buenos Aires”.
¿Qué es una agenda política que, según Ibarra, no incluya la protección de la vida? Lo que la opinión pública y las encuestas perciben como “prioritario” en un momento dado, sin que necesariamente lo sea. Esta percepción, cambiante y sujeta a manipulaciones, está más relacionada con la realidad mediática que con movimientos y necesidades reales dentro de la sociedad. En otras palabras, no hay razones de Estado permanentes, sino una atención permanente a las encuestas y las tapas de los diarios.
Se conjuga el verbo “instalar”. Álvarez “instaló” la cuestión de la seguridad clausurando locales con presencia de los medios: de inmediato se descubrió que la ilegalidad era generalizada. Blumberg “instaló” la inseguridad. Un programa de televisión “instala” la desnutrición infantil en Tucumán.
En la volteada cayeron shoppings, restaurantes, casas de comida, cines. Cuando el tema había saturado, se abrió la agenda de la inseguridad en las escuelas unos días antes de que comenzaran las clases. Cromañón “instaló” la proliferación de simulacros de evacuación en escuelas, shoppings, líneas de subterráneo, que se practicaron concenzudamente por única vez.
Fue Cromañón, pero podría haber sido cualquier otra tragedia: una intoxicación masiva por ausencia de controles en los alimentos industrializados, motines sangrientos en las cárceles,una masacre a la salida de una disco provocada por patovicasas, o por drogas sintéticas mezcladas con agua en un festival rave, una avalancha, una catástrofe aérea, un derrame tóxico, accidentes con micros escolares, etc[i].
Dos años antes, la corrupción había entrado violentamente en la agenda política de la mano de Telenoche Investiga. El sector de inspecciones se conviertiría en un “focazo de corrupción” cuando una cámara oculta descubrió que dos funcionarios coimeaban al dueño de un geriátrico.
Miles de individuos improductivos, los ancianos, son depositados en geriátricos con distintos argumentos: todos los parientes trabajan de día y de noche, ya no hay espacio en la casa, allí la atención es excelente, necesita un médico cerca, etc. En la ciudad hay un millar de establecimientos (una tercera parte ilegal) que disimulan en su interior a unos 25 mil ancianos.
Aunque la Legislatura sancionó la ley 1003 en diciembre de 2002 para regular su funcionamiento, otorgando un plazo de 45 días hábiles para su reglamentación, y otros 30 más, el gobierno nunca lo hizo. El 24 de enero de 2001 cuatro ancianos habían muerto en el sótano de un geriátrico de Belgrano R, y luego hubo varios incendios. Ya se había olvidado el drama de abril de 1985, cuando el fuego envolvió los seis pisos de la Clínica Saint Emilien, matando a 78 pacientes.
La coima que habían descubierto las cámaras del Canal 13 involucraba al geriátrico de Wenceslao Villafañe 1564, habilitado cuando la entonces subsecretaria de Control Silvana Giudice (hoy diputada radical del grupo Encuentro) era titular del CGP n° 3 con jurisdicción en La Boca durante la intendencia de De la Rúa.
Ante los micrófonos de La Red, Ibarra se atajó: “Hace mucho hubo 78 muertos en un geriátrico, y ninguno de los que estamos acá recuerda que haya habido algún cuestionamiento político”.
Pues es hora de que lo haya.
Para paliar el drama de miles de personas sin trabajo que corrían el riesgo de dormir en las plazas, se decidió subvencionar a un puñado de hoteles de mala muerte ubicados en la zona sur. Para los hoteleros, el negocio es atractivo, porque reciben un subsidio elevadísimo sin estar obligados a poner los establecimientos en condiciones mínimas de habitabilidad.
En sus dos mandatos, el jefe de Gobierno había intentado numerosas reorganizaciones del sector de control e inspecciones, que se basó en: circulación de funcionarios, inspecciones designadas a dedo y muchas cámaras. República Cromañón podría probar que en esas maniobras hubo improvisación o fueron cambios cosméticos para continuar la confusión entre política y comunicación social.
Para Ibarra, “la seguridad no estaba en su agenda, ni en la de ningún político”. Preservar la vida humana –algo distinto de un concepto tan vacío como instalado: “aumentar la calidad de vida”– no es una cuestión de seguridad: con ese criterio, habría que poner la Salud Pública al mando de un coronel. Un tema “no instalado”, por el contrario, se aprecia así: después de Cromañón, todo el gobierno de la ciudad corre a buscar paneles combustibles y salidas de emergencia. Claro que también existía la cuestión del personal “de seguridad” que debió impedir la entrada de bengalas. ¿Alguien lo percibió? La respuesta fue exigir que los empleados de seguridad concurran a un curso obligatorio de derechos humanos. Un año después, otro chico muere en una discoteca como resultado de una golpiza propinada por vigiladores. Si el tema “se instala”, se correrá a controlar al personal de seguridad. Y si no, si por ejemplo el chico fuera de procedencia boliviana, el tema de fondo quedará en la agenda pendiente, aunque los funcionarios porteños correrán a clausurar el local preventivamente, con presencia de los noticieros, desconociéndose qué norma de la ciudad habrán transgredido los responsables del local luego del asesinato del chico, y no antes. Esta es la tragedia del progresismo mediático en la Argentina, su modo leve de hacer política.
La Legislatura porteña desnuda la crisis de representación de la Argentina y su desarticulación.
Cualquier inteligencia sensible podría encontrar en los curriculums de los legisladores cierta banalidad, al menos si hablamos de la ciencia o actividad política como un ámbito que difiere del franchising, la dactilografía y las revistas para entrepreneurs.
Lo paradójico es que, aunque se pueda convenir que expresan en gran medida la mentalidad dominante de gran parte de los porteños, muy a pesar de sus votantes, ni siquiera los representan. Son un grupo de agentes independientes que buscan maximizar sus ventajas y minimizar los costos, convirtiendo su representación en un fin en sí mismo.
¿Por qué no se reformaron los códigos de Edificación y Planeamiento Urbano? ¿Por qué no vigilaron efectivamente que el Ejecutivo los hiciera cumplir? Según el artículo 192 de la Constitución local, el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la aplicación de las leyes. El artículo 81 determina que la Legislatura aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación (inc.3).
Ibarra modificó el Código de Edificación según las exigencias de CEDEBA sobre número de asistentes por metro cuadrado. El artículo 63 de la constitución establece que para estas modificaciones es obligatoria la audiencia pública, pero el decreto de necesidad y urgencia evade la audiencia y solo requiere ratificación por parte de la Legislatura, obtenida luego de largos cabildeos. Al final de su primer mandato, Ibarra había jurado que sólo daría un nuevo destino al predio de la Sociedad Rural con audiencia pública. Al promediar el segundo tiempo, se conformó con un dictamen de una repartición y otorgó todo, contraviniendo las normas que juró aplicar.
¿Por qué no se cumplen las leyes? De nuevo, porque el liberalismo necesita libertad de mercado, ausencia de controles y completa desregulación estatal, en una época en la que el Estado es concebido como una organización no gubernamental que actúa en lo inmediato, colocada en la misma línea de largada de competencia entre muchas ong’s para obtener el favor momentáneo de la opinión pública.
Los representantes no se plantean la cuestión del “interés general” ni él está entre sus prioridades. No se trata de actos individuales y pasajeros de hipocresía ni esquizofrenia, sino de la institución de cierta racionalidad asociada con la competencia comercial y la góndola del supermercado, un posicionamiento de acuerdo a la oferta del momento, la que busca encontrar responsabilidades aisladas (un jefe de Gobierno inhábil, dos inspectores corruptos, tres normas anacrónicas, cuatro rockeros irresponsables) para sostener la base de la cuestión, que es evitar cualquier tipo de regulación.
De otro modo no se entendería por qué los representantes de los sectores económicos que produjeron este descalabro en los controles –parte de un descalabro mayor– se presenten hoy ante la opinión pública como acérrimos defensores de tales controles.
Muchos de los diputados macristas participaron activamente en la dictadura, el gobierno menemista y el delarruísmo. Jorge Enríquez fue Secretario de Gobierno de De la Rúa. Rodríguez Larreta, Estenssoro, Michetti, Acuña, militan en “think tanks” de fundaciones creadas para privatizar el Estado según las recetas del Banco Mundial, integraron el partido de Domingo Cavallo o fueron ejecutivos del grupo Macri. Alicia Bello milita en un grupo menemista (el FUP) de peso territorial en la ciudad, que apoyó sucesivamente a Grosso, Erman González, Cavallo y Menem.
Estos legisladores y otros se han desvivido por presentar los controles como un avance de lo público sobre lo privado, cuando en todo sentido predomina lo contrario.
Las fundaciones son instituciones privadas que aparecen o se presentan como públicas. En la medida en que venden su producción a terceros, sean empresas, partidos políticos o gobiernos, no son organizaciones altruistas sino consultoras, gestorías y sociedades anónimas disfrazadas que se esfuerzan por sostener imágenes como “transparencia” y “eficiencia”, la primera relacionada con la despolitización y la segunda con la economía, una ciencia que pretende determinar criterios para el resto.
Se pide “transparencia” al estado pero de muchas de esas fundaciones desconocemos su origen, fuentes de financiamiento, autoridades, sistema electivo, balances, etc., ni si sus estudios son objetivos o responden a determinados intereses particulares.
Sus miembros dicen no tener ideología, pero el mismo abordaje de los problemas para los cuales tendrían soluciones mágicas son una ideología. Por ejemplo: es una ideología decidir que la eficiencia económica debe ser valor primordial, más importante incluso que la propia condición humana. El ultraliberal Federico Pinedo lo reconoció en una de sus notas: “Nos tocó acompañar una época signada por el Consenso de Washington, con sus secuelas de crédito fácil y supremacía de la economía sobre la política”.
¿Responde este escenario a una estrategia del ultraliberalismo? No, es solo una expresión de la trivialización general de la vida pública producto de ese predominio que para Pinedo es una especie de virtud cardinal.
En cuanto a la izquierda, que comparte (¿vergonzosamente?) con el liberalismo la idea de considerar al Estado como el enemigo a ser destruido aunque por distintas razones, su participación en las sesiones donde Ibarra respondió algunas preguntas no superó la chatura general, con las solitarias excepciones del arquitecto Daniel Betti (Bloque del Sur, ex zamorista) y la doctora Susana Echegoyen, preocupados por la trasgresión a lo dispuesto en el CPU, la existencia de discotecas ilegales en los distritos UP, y la coincidencia de que solo los dueños de estos boliches integraran la Cámara empresaria con la que los Ibarra tendrían vinculación.
Héctor Bidonde abundó en epítetos como “hijo de puta”, “chanta”, etc. para referirse a Omar Chabán y deslizó la posibilidad de que el vice jefe Jorge Telerman no fuera ajeno al episodio. Integra la Sala Acusadora que intenta destruir a Ibarra. Los adversarios de Bidonde le endilgan haber sido uno de los pocos actores que trabajó sin sofocones en teatros oficiales durante la dictadura, una peculiaridad para la época teniendo en cuenta la persecución y asesinatos que sufrió el gremio actoral[ii].
Las intervenciones de los hermanos Devoto fue lastimosa. Los sectores izquierdistas actualmente representados en la legislatura responden a la Izquierda Unida de Vilma Ripoll –cercana a un sector del viejo PC– y al grupo Autonomía y Libertad del diputado Luis Zamora, que se partió en varios pedazos a pocos segundos de asumir. Los que se alejaron del diputado y ex vendedor de libros sostienen que no fueron motivos estrictamente ideológicos los causantes de la división: “Macri le pagó la campaña electoral”, dicen sin pelos en la lengua.
¿Por qué habría de hacerlo?, preguntamos.
–Para sacarle votos de la izquierda a Ibarra. Y agregan: “Autonomía y Libertad carecía de medios como para financiar su campaña electoral”.
Las ideas de “autonomía” y “contrapoder” que reivindica Zamora provienen de las tesis de Toni Negri, el escocés Halloway y los argentinos Julio Cardozo y Maristella Svampa, cada uno con sus particularidades, de acuerdo a las cuales ya no vale la pena no solo tomar el poder político sino proponérselo, lo que es contradictorio con la idea misma de presentar candidatos que participan en el denostado Estado en lugar de construir eventualmente un polo de poder por fuera de él. Poder que por cierto no parece existir entre las filas del diputado Zamora.
Como corolario de ese retiro, opinan que el auténtico cambio se da “dentro del bocho” de la gente (esa denominación New Age del pueblo[iii]), coincidiendo curiosamente con las propuestas del Banco Mundial y la Iglesia Universal del Reino de Dios sobre el “empowderment” de los humildes: los pobres podrían dejar de serlo con solo planteárselo.
Esto no significa que Zamora trabaje para el Banco Mundial, cuyo signo ideológico es de hecho antagónico con sus posturas, pero marca el estrecho margen de opciones que parecen tener las ideas en los albores del siglo XXI. Los cambios “internos” como condición necesaria de cualquier proceso revolucionario están profundamente enraizados en las propuestas de la New Age de los 80, la liberación interior, el siloísmo en Argentina, los gurúes de la autoliberación como Bucay, Coelho, la utilización superficial de preceptos sacados de contexto de las religiones orientales, etc. Y admiten un paralelo con las coincidencias entre ultraliberales e izquierdistas, una década después, en los 90, cuando se consideró universalmente que el Estado debía ser destruido porque era un límite a la libertad de empresa, según algunos, o porque estaba en manos de la burguesía, para los otros, mientras la “sociedad civil” era descubierta como la poción mágica que solucionaría todos nuestros males.
Pues es hora de que lo haya.
Para paliar el drama de miles de personas sin trabajo que corrían el riesgo de dormir en las plazas, se decidió subvencionar a un puñado de hoteles de mala muerte ubicados en la zona sur. Para los hoteleros, el negocio es atractivo, porque reciben un subsidio elevadísimo sin estar obligados a poner los establecimientos en condiciones mínimas de habitabilidad.
En sus dos mandatos, el jefe de Gobierno había intentado numerosas reorganizaciones del sector de control e inspecciones, que se basó en: circulación de funcionarios, inspecciones designadas a dedo y muchas cámaras. República Cromañón podría probar que en esas maniobras hubo improvisación o fueron cambios cosméticos para continuar la confusión entre política y comunicación social.
Para Ibarra, “la seguridad no estaba en su agenda, ni en la de ningún político”. Preservar la vida humana –algo distinto de un concepto tan vacío como instalado: “aumentar la calidad de vida”– no es una cuestión de seguridad: con ese criterio, habría que poner la Salud Pública al mando de un coronel. Un tema “no instalado”, por el contrario, se aprecia así: después de Cromañón, todo el gobierno de la ciudad corre a buscar paneles combustibles y salidas de emergencia. Claro que también existía la cuestión del personal “de seguridad” que debió impedir la entrada de bengalas. ¿Alguien lo percibió? La respuesta fue exigir que los empleados de seguridad concurran a un curso obligatorio de derechos humanos. Un año después, otro chico muere en una discoteca como resultado de una golpiza propinada por vigiladores. Si el tema “se instala”, se correrá a controlar al personal de seguridad. Y si no, si por ejemplo el chico fuera de procedencia boliviana, el tema de fondo quedará en la agenda pendiente, aunque los funcionarios porteños correrán a clausurar el local preventivamente, con presencia de los noticieros, desconociéndose qué norma de la ciudad habrán transgredido los responsables del local luego del asesinato del chico, y no antes. Esta es la tragedia del progresismo mediático en la Argentina, su modo leve de hacer política.
La Legislatura porteña desnuda la crisis de representación de la Argentina y su desarticulación.
Cualquier inteligencia sensible podría encontrar en los curriculums de los legisladores cierta banalidad, al menos si hablamos de la ciencia o actividad política como un ámbito que difiere del franchising, la dactilografía y las revistas para entrepreneurs.
Lo paradójico es que, aunque se pueda convenir que expresan en gran medida la mentalidad dominante de gran parte de los porteños, muy a pesar de sus votantes, ni siquiera los representan. Son un grupo de agentes independientes que buscan maximizar sus ventajas y minimizar los costos, convirtiendo su representación en un fin en sí mismo.
¿Por qué no se reformaron los códigos de Edificación y Planeamiento Urbano? ¿Por qué no vigilaron efectivamente que el Ejecutivo los hiciera cumplir? Según el artículo 192 de la Constitución local, el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la aplicación de las leyes. El artículo 81 determina que la Legislatura aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación (inc.3).
Ibarra modificó el Código de Edificación según las exigencias de CEDEBA sobre número de asistentes por metro cuadrado. El artículo 63 de la constitución establece que para estas modificaciones es obligatoria la audiencia pública, pero el decreto de necesidad y urgencia evade la audiencia y solo requiere ratificación por parte de la Legislatura, obtenida luego de largos cabildeos. Al final de su primer mandato, Ibarra había jurado que sólo daría un nuevo destino al predio de la Sociedad Rural con audiencia pública. Al promediar el segundo tiempo, se conformó con un dictamen de una repartición y otorgó todo, contraviniendo las normas que juró aplicar.
¿Por qué no se cumplen las leyes? De nuevo, porque el liberalismo necesita libertad de mercado, ausencia de controles y completa desregulación estatal, en una época en la que el Estado es concebido como una organización no gubernamental que actúa en lo inmediato, colocada en la misma línea de largada de competencia entre muchas ong’s para obtener el favor momentáneo de la opinión pública.
Los representantes no se plantean la cuestión del “interés general” ni él está entre sus prioridades. No se trata de actos individuales y pasajeros de hipocresía ni esquizofrenia, sino de la institución de cierta racionalidad asociada con la competencia comercial y la góndola del supermercado, un posicionamiento de acuerdo a la oferta del momento, la que busca encontrar responsabilidades aisladas (un jefe de Gobierno inhábil, dos inspectores corruptos, tres normas anacrónicas, cuatro rockeros irresponsables) para sostener la base de la cuestión, que es evitar cualquier tipo de regulación.
De otro modo no se entendería por qué los representantes de los sectores económicos que produjeron este descalabro en los controles –parte de un descalabro mayor– se presenten hoy ante la opinión pública como acérrimos defensores de tales controles.
Muchos de los diputados macristas participaron activamente en la dictadura, el gobierno menemista y el delarruísmo. Jorge Enríquez fue Secretario de Gobierno de De la Rúa. Rodríguez Larreta, Estenssoro, Michetti, Acuña, militan en “think tanks” de fundaciones creadas para privatizar el Estado según las recetas del Banco Mundial, integraron el partido de Domingo Cavallo o fueron ejecutivos del grupo Macri. Alicia Bello milita en un grupo menemista (el FUP) de peso territorial en la ciudad, que apoyó sucesivamente a Grosso, Erman González, Cavallo y Menem.
Estos legisladores y otros se han desvivido por presentar los controles como un avance de lo público sobre lo privado, cuando en todo sentido predomina lo contrario.
Las fundaciones son instituciones privadas que aparecen o se presentan como públicas. En la medida en que venden su producción a terceros, sean empresas, partidos políticos o gobiernos, no son organizaciones altruistas sino consultoras, gestorías y sociedades anónimas disfrazadas que se esfuerzan por sostener imágenes como “transparencia” y “eficiencia”, la primera relacionada con la despolitización y la segunda con la economía, una ciencia que pretende determinar criterios para el resto.
Se pide “transparencia” al estado pero de muchas de esas fundaciones desconocemos su origen, fuentes de financiamiento, autoridades, sistema electivo, balances, etc., ni si sus estudios son objetivos o responden a determinados intereses particulares.
Sus miembros dicen no tener ideología, pero el mismo abordaje de los problemas para los cuales tendrían soluciones mágicas son una ideología. Por ejemplo: es una ideología decidir que la eficiencia económica debe ser valor primordial, más importante incluso que la propia condición humana. El ultraliberal Federico Pinedo lo reconoció en una de sus notas: “Nos tocó acompañar una época signada por el Consenso de Washington, con sus secuelas de crédito fácil y supremacía de la economía sobre la política”.
¿Responde este escenario a una estrategia del ultraliberalismo? No, es solo una expresión de la trivialización general de la vida pública producto de ese predominio que para Pinedo es una especie de virtud cardinal.
En cuanto a la izquierda, que comparte (¿vergonzosamente?) con el liberalismo la idea de considerar al Estado como el enemigo a ser destruido aunque por distintas razones, su participación en las sesiones donde Ibarra respondió algunas preguntas no superó la chatura general, con las solitarias excepciones del arquitecto Daniel Betti (Bloque del Sur, ex zamorista) y la doctora Susana Echegoyen, preocupados por la trasgresión a lo dispuesto en el CPU, la existencia de discotecas ilegales en los distritos UP, y la coincidencia de que solo los dueños de estos boliches integraran la Cámara empresaria con la que los Ibarra tendrían vinculación.
Héctor Bidonde abundó en epítetos como “hijo de puta”, “chanta”, etc. para referirse a Omar Chabán y deslizó la posibilidad de que el vice jefe Jorge Telerman no fuera ajeno al episodio. Integra la Sala Acusadora que intenta destruir a Ibarra. Los adversarios de Bidonde le endilgan haber sido uno de los pocos actores que trabajó sin sofocones en teatros oficiales durante la dictadura, una peculiaridad para la época teniendo en cuenta la persecución y asesinatos que sufrió el gremio actoral[ii].
Las intervenciones de los hermanos Devoto fue lastimosa. Los sectores izquierdistas actualmente representados en la legislatura responden a la Izquierda Unida de Vilma Ripoll –cercana a un sector del viejo PC– y al grupo Autonomía y Libertad del diputado Luis Zamora, que se partió en varios pedazos a pocos segundos de asumir. Los que se alejaron del diputado y ex vendedor de libros sostienen que no fueron motivos estrictamente ideológicos los causantes de la división: “Macri le pagó la campaña electoral”, dicen sin pelos en la lengua.
¿Por qué habría de hacerlo?, preguntamos.
–Para sacarle votos de la izquierda a Ibarra. Y agregan: “Autonomía y Libertad carecía de medios como para financiar su campaña electoral”.
Las ideas de “autonomía” y “contrapoder” que reivindica Zamora provienen de las tesis de Toni Negri, el escocés Halloway y los argentinos Julio Cardozo y Maristella Svampa, cada uno con sus particularidades, de acuerdo a las cuales ya no vale la pena no solo tomar el poder político sino proponérselo, lo que es contradictorio con la idea misma de presentar candidatos que participan en el denostado Estado en lugar de construir eventualmente un polo de poder por fuera de él. Poder que por cierto no parece existir entre las filas del diputado Zamora.
Como corolario de ese retiro, opinan que el auténtico cambio se da “dentro del bocho” de la gente (esa denominación New Age del pueblo[iii]), coincidiendo curiosamente con las propuestas del Banco Mundial y la Iglesia Universal del Reino de Dios sobre el “empowderment” de los humildes: los pobres podrían dejar de serlo con solo planteárselo.
Esto no significa que Zamora trabaje para el Banco Mundial, cuyo signo ideológico es de hecho antagónico con sus posturas, pero marca el estrecho margen de opciones que parecen tener las ideas en los albores del siglo XXI. Los cambios “internos” como condición necesaria de cualquier proceso revolucionario están profundamente enraizados en las propuestas de la New Age de los 80, la liberación interior, el siloísmo en Argentina, los gurúes de la autoliberación como Bucay, Coelho, la utilización superficial de preceptos sacados de contexto de las religiones orientales, etc. Y admiten un paralelo con las coincidencias entre ultraliberales e izquierdistas, una década después, en los 90, cuando se consideró universalmente que el Estado debía ser destruido porque era un límite a la libertad de empresa, según algunos, o porque estaba en manos de la burguesía, para los otros, mientras la “sociedad civil” era descubierta como la poción mágica que solucionaría todos nuestros males.
[i] Escrito a trazos gruesos antes de octubre de 2005, ésta mención anticipó la masacre de 33 reclusos del penal de Magdalena, que perecieron asfixiados por el mismo ácido cianhídrico de Cromañón. Nadie salió en su defensa.
[ii] Bidonde integró el cuerpo estable del Teatro San Martín durante la gestión de Cacciatore, junto con otros actores como Marrale, Tasisto y Busnelli. Hoy en día Bidonde expresa posturas del socialismo extremo, pero nunca se refirió a su pacífico paso por los cuerpos estables de teatro de la dictadura, regalados con jugosas giras por el exterior. La cultura tiene esas cosas: Akiva Staiff fue director del San Martín en dictaduras y democracias varias, sin complicaciones.
[iii] Por la preminencia de los medios de comunicación, la “gente” ha reemplazado al “pueblo” de los 70, de factura peronista, y a la más antigua “clase obrera” aportada por la izquierda de principios de siglo, según la aguda observación de Nicolás Casullo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario