25. Cromañon. Esperando a Godot

Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad son responsables por los daños que ocasionaran y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales.

CONSTITUCION DE LA CIUDAD (artículo 56°).

Rubén Bisciglia fue un testigo privilegiado. Víctima de la flexibilización laboral, alterna su profesión de radiólogo en prepagas con trabajos eventuales como figurante del Teatro Colón, encuestador o camarero. Accedió a relatar a este cronista lo que sucedió esa noche y su relato no oculta la tensión vivida ni el rastro tenso que Cromañón dejó en su existencia, acaso para siempre.
–Por Bartolomé Mitre, a una cuadra, vive mi novia. Esa noche habíamos organizado un asado con amigos, en la terraza. Desde dos días atrás todo los alrededores de Cromañón eran un descontrol –por los tres recitales consecutivos de Callejeros.
“Los chicos comenzaban a llegar al mediodía. El consumo excesivo de cerveza, que adquirían en kioscos y supermercados de la zona, era evidente. A media tarde había muchos pibes dados vuelta, que interrumpían el tránsito de personas y autos, y que llegaron a encaramarse sobre el puente de Jean Jaures (sobre el que pasa el ferrocarril) para colgar trapos y colgarse ellos mismos de la estructura de hierro. No se veía un solo policía”, continúa.
“Algunos se habían quedado en las inmediaciones desde el primer recital, el miércoles. Dormían en la calle”, dice.
“A eso de las diez las sirenas cercanas nos obligaron a interrumpir la comida y dejarla para otra oportunidad. El caos era total. En las dos o tres horas que estuve en los alrededores, nadie intentó ordenar la situación. La mayoría de los que salían vomitaban una sustancia oscura”.
“La mañana siguiente, la escena era estremecedora. Montañas de zapatillas, remeras y pantalones desparramados sobre la calle. Vi muchos pibes dormidos en las inmediaciones, sobre la vereda, y a una familia que despertaba a los gritos a su hijo, al que habían encontrado luego de recorrer comisarías y hospitales. Simplemente se había quedado dormido a pocos metros del incendio. Ninguna autoridad recorrió las cercanías para verificar el estado de esos chicos”, concluye.

¿Son seguros los recitales?

En la Argentina no solo son inseguros los locales de música.
La puesta en escena, el espectáculo, consistía en una combinación de temas musicales a alto volumen, letras que evocan la realidad social o emotiva del público, consumo excesivo de cerveza, aguante, bengalas, petardos y descontrol.
Sin alguno de esos elementos, el éxito dejaba de serlo.
Algún adulto, o una institución con autoridad suficiente, debían prever las consecuencias. No se puede exigir a unos adolescentes enceguecidos por la fama rápida y a un público sin perspectivas de futuro e inserción social que posean conocimientos sobre telas ignífugas y prevención contra incendios, o que uno de ellos sea especialista en estos temas cuando apenas pueden con sus propias existencias.
Chabán sí lo sabía, pero su negocio consistía en “meter” 6.000 personas aunque el local estuviera habilitado para poco mas de 1.000.
Y República Cromañón no era todo su negocio: el ruido de la discoteca perjudicaba a los pasajeros del alojamiento contiguo, también propiedad de la misma firma offshore, por lo que Chabán decidió cubrir las paredes con guatas y colocar una mediasombra para tapar el techo y acentuar el efecto “dark”.
Como consta en la investigación judicial, un empresario de la construcción le aconsejó redecorar el local con materiales más seguros, pero Chabán desestimó esa inversión. El testimonio del canadiense Salvatore Albano, radicado desde hace 10 años en el país, es tan revelador como la investigación del Defensor adjunto Atilio Alimena:
"En enero de 2004 me llamó Hugo Caballero, quien entonces se encargaba de la seguridad de República Cromañón, y me pidió un presupuesto porque Chabán quería acondicionar el local acústicamente, ya que estaba preocupado por los ruidos", afirmó al diario Clarín. "Fui a ver la discoteca. La tela que tapaba cables y caños del techo –continuó– era una mediasombra y el conductor de aire utilizado para extraer calor y humo– que recorría todo el boliche, estaba recubierto con guata, un material usado como relleno de ropa de abrigo, muy inflamable, igual que la mediasombra. Le advertí a Caballero que el lugar era muy peligroso, que la guata debía sustituirse por lana de vidrio, entre otros cambios. Le pasé un presupuesto de 17.000 pesos, pero Chabán y sus socios decidieron no hacer la obra, por lo que, en desacuerdo con esto, Caballero renunció al trabajo, en febrero de 2004”.
Albano también presupuestó cuatro extractores ya que sólo funcionaba uno. "Estos extractores tienen un diámetro de 90 centímetros. Con los cuatro prendidos se puede sacar el humo de todo el local en una hora", precisó. El trabajo incluía abrir nuevas salidas de emergencia, y recubrir las paredes y el portón de entrada con lana de vidrio.
También calificó al viejo local de El Reventón como “un desastre, los cables peligrosamente cercanos a la mediasombra, no estaban aislados”. Al iniciarse el incendio se cortó la electricidad, lo que agravó la situación.
El cierre externo de la salida de emergencia es una decisión criminal. La puerta de entrada que abre hacia adentro, también. Lo sabía Raúl Villareal, un patovica retirado que trataba con la policía de la 7ª la entrega de cien pesos para cada 500 asistentes en cada recital. Y estaban obligados a saberlo los funcionarios encargados de los controles comunales.
Aunque se lleven el 70% de los ingresos netos por entradas, los grupos de rock no tienen ni es sensato que tengan competencia sobre temas como construcciones contra incendios, pánico colectivo, derrumbes, explosivos, evacuaciones, avalanchas o reanimación. Pero más vale que desde ahora en adelante se fijen seriamente con qué empresario tienen tratos comerciales y cómo se pavimenta ese camino rápido a la fama.
Esteban Schmidt, en un site (www.lamembrana) define con particular lucidez al público: “Los pibes que iban a Cemento o a Cromagnon se sentaban al costadito, contra la pared, con la cervecita, con la cara triste, esperando a Godot. Un verdadero padre, Chabán, no como el que había en casa, los acogía en la penumbra, les pescaba la angustia al vuelo y les daba un trago y una canción”.
En la página de “Los invisibles”, una internauta escribe sobre el incendio anterior en República Cromañón, también con Callejeros y solo unas horas antes de la tragedia, aquel que fue apagado con el agua contenida en vasos descartables para cerveza (1.000 cm³):
"Todavía estoy tosiendo por el humo pero valió la pena casi morir por falta de aire cuando en Tiempo de estar me tragué todo el humo de una bengala que prendieron al lado mío".
Y Godot llegó, aunque ninguno de los presentes, quizás con excepción de Chabán, hubiera oído hablar de él.
Constituye un grave error señalar la responsabilidad del público, en cierto sentido inimputable y emergente de una sociedad enferma.
Hubo imprudencia, sí, pero esto apenas los convierte en los ladrones de gallinas de esta historia de una Argentina donde solo por milagro (¿Dios es argentino?) las “tragedias” no se multiplican.
Cromañón debería ser una advertencia para los jóvenes: cuídense ustedes mismos, nadie lo hará por ustedes.

Pruebas y procesamiento

Del auto de procesamiento judicial contra Omar Chabán y el grupo Callejeros se aprecian con claridad las responsabilidades de unos y otros:
“De las pruebas colectadas hasta el momento surge que el local de la calle Bartolomé Mitre 3060 era lindero a un hotel, cuyos titulares inmobiliarios también lo eran de aquél. Sin embargo, fue habilitado como local de baile clase C en forma autónoma, es decir sin considerarse la relación existente con el citado hotel respecto del cual entonces nunca tendrá la condición de anexo. Esto reviste suma importancia ya que a partir del momento en que es independiente y no anexo, el local no puede tener ningún tipo de comunicabilidad con otro comercio, ni siquiera con el hotel. Pese a ello, República Cromañón continuó compartiendo algunos de sus accesos con el hotel”, sostiene el Juez Lucini.
Y luego dictamina sobre la eventual salida de emergencia.
“En realidad era una salida alternativa ante la producción de un incidente de envergadura, designación por cierto confusa ya que su uso lisa y llanamente implicaba ingresar en una propiedad ajena a la del locatario del momento, y cuyo dueño perfectamente podía estar utilizando la dependencia contigua (en el caso un garaje) de la manera que estimare conveniente (por ejemplo estacionando un camión) lo que evidentemente imposibilitaría el uso de tal salida ante una emergencia. De todas maneras dicha puerta que en apariencia podría ser interpretada por el asistente al local como de emergencia, ya que lumínicamente estaba señalada con ese alcance, estaba cerrada con candado y alambre para imposibilitar así el ingreso al estacionamiento del hotel "Central Park". Pero en definitiva no sólo conduciría a un negocio ajeno sino que además no era un conducto directo hacia el exterior que pudiera permitir la evacuación y puesta a salvo de los concurrentes frente a un siniestro, máxime cuando había una puerta persiana que debía ser transpuesta para ganar finalmente la calle”.
Las alternativas de la investigación judicial, y la constante presión de los padres de las víctimas, separados en sectores a veces irreconciliables, merecerían otro libro.
La jueza Crotto sufrió una oportuna enfermedad y pidió licencia. Se designo al juez Lucini, que investigó prolijamente con el fiscal Sansone. Pero Lucini era subrogante, y a fin de 2005 lo reemplazará el doctor Néstor Costabel.
La acusación de homcidio culposo se convirtió en estrago, con penas menores, de la que luego fueron excluídos –por la misma Sala de la Cámara del Crimen que revocara la prisión preventiva de Chabán– siete ex-funcionarios. El estrago quedó limitado al empresario, el grupo Callejeros y el ex-secretario Juan Carlos López, que compartiría la tribuna al lado del doctor Strassera en el acto de apoyo a Ibarra el 2 de marzo. A Chabán y los comisarios Sevald y Belay se le agregó el cohecho. A los desprocesados, encabezados por Fabiana Fiszbin, el eventual delito se limitó a “incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
Pero falta mucho por recorrer.

Lapidario

Milcíades Peña es hijo del historiador marxista homónimo. Periodista, entró a la Legislatura por el oficialismo. Su sobrino, el adolescente Lautaro Blanco, murió en Cromañón. En las últimas elecciones cosechó muy pocos votos que no le alcanzaron para la reelección.
Lo que sigue son algunos pasajes del discurso que pronunció frente a Aníbal Ibarra cuando el jefe de Gobierno se presentó ante la Legislatura para explicar lo inexplicable en enero 2005. Son una crónica descarnada de cómo se llegó al estado de indefensión del 30 de diciembre, y ponen en primer plano las sospechas sobre la protección política sobre los boliches ilegales. Demuestran que existía un lobby bajo la cubierta de una Cámara excesivamente amigable con las autoridades. Y que la devoción que éstas le demostraban no puede tener sino dos explicaciones posibles: estupidez o connivencia.

“¿Por qué pasó? Me lo pregunté desde el primer momento. El mismo día de la tragedia me enteré de la existencia de sendos informes de la defensoría, uno de Alimena y otro de Lesgueberis, en los que se mencionan situaciones de ilegalidad en la habilitación en 35 locales de baile. En lugar de clausurar los lugares en estado de ilegalidad, la plana mayor de su área participó los días 9 y 10 de noviembre en el hotel Crown Plaza del congreso de CEDEBA, la cámara que agrupa a 24 boliches, entre los que se destacan varios con habilitaciones irregulares, varios en estado de ilegalidad. Allí estuvieron los máximos funcionarios del control comunal de la ciudad y sus referentes políticos. Su apertura la realizaron Daniel Maxi Vasquez, presidente de la Cámara y dueño de Follia, uno de los boliches en estado de ilegalidad, y el Dr. Juan Carlos Lopez, ministro del área. Fabiana Fiszbin disertó sobre Seguridad en Establecimientos Nocturnos. Marcelo Antuña, sobre Justicia Contravencional y conflictos vecinales con un desagradable subtítulo: Nuestras empresas en el centro de la imputaciones. Lo acompañaba en la misma mesa el dueño de Amerika, cuyo local no fue controlado por Antuña en su momento cuando el juez Zuleta le trabó un embargo por no hacerlo y dispuso que le cobraría 2.000 pesos cada vez que constatara su actividad más allá de las tres de la mañana por incumplir su deber de funcionario. El coordinador del panel La prensa: ¿porqué somos el centro de ataques infundados? fue Matías Sehem, jefe de prensa de la senadora Vilma Ibarra. La senadora fue anunciada estelarmente como invitada al cierre del congreso del que participó.
“No hubo conclusiones, pero se sabe que varios empresarios plantearon apoyar el proyecto de ley presentado en esta Legislatura para cambiar la urbanización allí donde están los boliches de sus propiedad, para que luego puedan ser habilitados sin contrariar las leyes con dictamenes jurídicos enrevesados y oscuros, que arrojan un manto de sospecha sobre la actividad privada y su relación con la gestión de gobierno.
“El 3 de enero usted eligió presentarse en conferencia de prensa rodeado por los empresarios de los boliches. A su derecha se encontraba Maxi Vázquez, dueño de Follia en situación de habilitación ilegal y presidente de la Cámara. A su izquierda, Osvaldo de Risso, dueño del Amerika y secretario de la Cámara. En los informes de la defensoría del pueblo del mes de mayo de Alimena y luego de Lesbergueris, se establece que Follia, Milenium, Pachá, Club de Golf y Tiro loco carecían de habilitación, todos éstos pertenecientes a la cámara CEDEBA, los que usted eligió para comunicarse con la ciudadanía después de la tragedia.
A partir del año 2000 se habían clausurado judicialmente varios salones de baile clase C. En particular me voy a referir al caso de Kilómetro 20, Scape y Millenium. En el año 2001 Horacio Spandonari, primer jefe de inspectores de su gestión, autorizó mediante res. 3519 del 2001 el retiro de la faja de clausura de los tres locales mencionados. Hoy el local continua abierto, solo ha cambiado su nombre, se llama Belgrano New Millenium y en su pagina Web puede apreciarse su promoción: Complejo multiespacio de mas de 2.000 metros cuadrados preparado para recibir 4.500 personas. Es decir está fuera de la ley, sin embargo en este local se hizo el brindis de fin de año 2003 organizado por el grupo de Vilma Ibarra, Antuña y Fiszbin. Nuevo Millenium y Follia tienen muchas similitudes, ambos se encuentran sin habilitación, en zona UP. En Follia se realizan las reuniones de confraternización del Sr. Antuña con el personal de su Sub Secretaria. Fiszbin y toda su área festejaron allí el fin de año 2004.
“Hace 50 días usted convocó a todos los legisladores y a todos los funcionarios al brindis institucional de la ciudad en el Faena Hotel. Y esta semana nos entramos que dicho hotel no contaba con la habilitación pertinente y el código prescribe claramente que sin habilitación corresponde clausura lisa y llana.
Más adelante, Peña comenta algunas designaciones, demostrando que lo que se presentó a la prensa como una campaña de Ibarra contra la corrupción de los inspectores fue solamente un maquillaje:
“Horacio Spandonari fue designado por decreto 1444 el 18 de agosto del año 2000 como Director de Habilitaciones y Verificaciones, es decir, jefe de los inspectores de la ciudad, y como tal realizaba un amplio despliegue mediático de inspecciones sobre los geriátricos clandestinos. Según el programa Telenoche Investiga del 31 de octubre de 2001, los geriátricos se clausuraban frente a las cámaras de TV y eran reabiertos en silencio unos días más tarde. A raíz de esta denuncia, Spandonari y su segundo el Dr. Palenque debieron renunciar, pero por Decreto del 31 de enero del 2003, usted lo reubica en la función pública con el cargo de director de la Obra social de la ciudad de Buenos Aires en representación del gobierno, y a Palenque, ex socio en el estudio jurídico del Secretario Juan Carlos Lopez, como segundo de la Sindicatura.
“Luego de la caída de Spandonari se nombró por decreto 1027 del 2002 a Alejandro Campelmarcher como director general de Fiscalización y Control creando por otro lado un area de Habilitaciones (Nota del A.: que se limitaba a archivar las presentaciones de los profesionales colegiados) y de un tal Corso, responsable de las verificaciones generales tipo "A" desde avenida Rivadavia hacia el sur. Durante un operativo de la UPI, que en ese momento realizaban algunos inspectores en un local de Constitución, irrumpen el Director General Campemacher y el señor Corso, impiden el procedimiento e inmediatamente ese grupo de inspectores activos son trasladados puertas adentro y los sacan de la calle. Hay testigos que ya se han presentado a la justicia.
“Corso es un agente de carrera del área de inspección; es además dirigente político en La Boca y en el acto del Luna Park como en los festejos del triunfo electoral de nuestra coalición en el Palacio San Miguel, irrumpió con las banderas de Boca estampadas con los nombres de Marcelo Antuña y Vilma Ibarra y con otra curiosa bandera que decía La Boca es de Campelmarcher. Silvana Giudici le informa a usted en noviembre de 2003 que para enfrentar el focazo de corrupción (su slogan frente a los medios) de la Dirección General de Verificación y Control, debía cesar en su cargo primeramente a Campelmarcher. Por decreto 2116 del 10 de noviembre de 2003, usted decide disolver la Dirección General de Verificaciones y Control y por lo tanto dar de baja a Campelmarcher, decide pasar a 500 agentes de planta a disponibilidad, sacar de la dependencia de Antuña, entonces sub secretario de Control, a la unidad polivalente de inspectores y pasarla bajo dependencia directa de Silvana Giudici. Marcelo Antuña se enteró 15 minutos antes de la conferencia de prensa en la que se anunció la disolución de su área, sin embargo, pocas horas después, estaba vivito y coleando en su despacho y se dedicó a rescatar a la planta de gabinete de Campelmarcher: a Alejandro Ferrari que era su mano derecha en el control de los inspectores de calle y a Alejandra Gonzalez Tizon, asesora legal. El primero de enero del 2004, Alejandro Campelmarcher aparece contratado en la Dirección General de Deportes. Esa área así como la que dependía de Antuña, estaban ocupadas por funcionarios del mismo sector político del oficialismo porteño. Todo indica que es un sector que brinda alternativas a los suyos, aunque sean desplazados por mal desempeño de sus funciones y por indicios firmes de corrupción. Por decreto 2117 del 2003 usted designó a sugerencia de Giudice al Ing. Santinelli y al Sr. Adrián Rivero para cumplir con la tarea de coordinar la UPI. Se les asignaron 30 personas contratadas para realizar la tarea que antes desempeñaban 300 agentes.
Mientras tanto, Antuña que todavía mantenía el cargo de subsecretario de control comunal, pero no contaba con inspectores que dependiesen de él (ya que Santinelli y Rivero dependían de Giudici) les solicitó a ambos que le informaran con 15 días de anticipación los lugares que iban a inspeccionar, con el objetivo de articular con las Cámaras para una mejor gestión. Esta UPI, con Santinelli y Rivero, clausuró Tiro Loco perteneciente a la Cámara por severas irregularidades, entre las cuales se encontraba la presencia de gran cantidad de material combustible (quincho de paja) y falta de habilitación, pero 24 horas después el propio Antuña levantó personalmente la clausura. Así las cosas, a los 30 dias de haber asumido el Ing. Santinelli y actuar de acuerdo a la ley, y ya habiéndose ido al parlamento nacional Silvana Giudice, usted echó a Santinelli y casi inmediatamente fue desplazado también el Sr. Rivero y designó a Fabiana Fiszbin, del mismo grupo de Antuña, a cargo de toda la Sub Secretaria de Control, recuperando éstos el control operativo del área, y designó como única coordinadora de la UPI a Ana Fernández que continúa hoy allí. Marcelo Antuña dejó en su lugar a su propia gente, pero curiosamente, al ser designado en ese momento subsecretario de Justicia y Trabajo, se llevó consigo a un área de gestión del organigrama antojadiza e ilógica dentro de su nueva función de justicia: el área de contralor de espectáculos públicos. Esta área debía controlar entre otros a Cromañon, y en ella Antuña puso a cargo al inefable Juan Carlos Sanchez, que hace poco confesó por escrito que no acepta ser auditado mientras trabaja. El 2 de junio del 2004 se reincorporaron sigilosamente al área de control y verificación 35 agentes que usted mismo había pasado a disponibilidad por ser parte del focazo de corrupción que había denunciado seis meses antes ante la prensa. Esta vez no hubo prensa, hubo sigilo.
¿Cuando publicaron en el Boletín Oficial esta resolución del 2 de junio firmada por Juan Carlos Lopez? La publicaron cuando presuponían que durante las fiestas iba a pasar desapercibida, que nadie iba a leer las paginas del Boletín Oficial. Siete meses luego del 2 de junio, el mismo 30 de diciembre del 2004, día de la tragedia de Cromañon.
“Antuña y Fiszbin preferían la articulación con las cámaras, una especie de autorregulación del sector empresario. CEDEBA se funda en el año 2003, durante la gestión de Marcelo Antuña. En otras áreas el modus operandi fue similar, como el caso de las ya existentes Cámaras de Estaciones de Servicio y de Supermercados. Sólo voló por los aires la estación de servicios de Aráoz y Santa Fe, y no existen estadísticas confiables sobre intoxicados con productos alimentarios .
“El caso paradigmático es el de la estación de servicios Shell de Lima e Independencia, con expedientes de Gobierno de la Ciudad y clausurada durante la gestión de Silvana Giudici, que aún hoy continua abierta contaminando las napas acuíferas y filtrando el subterraneo. Tendrá algo que ver con que es la estación de mayor recaudación de la ciudad?
“Según pudimos averiguar con uno de los empresarios sin funciones directivas en la Cámara CEDEBA, la cuota social para cada empresario socio es de $ 2.000. Si no es un fondo de inversión ni una obra social no se entiende el monto de esa cuota. Todo indica que la Cámara da cobertura, protección frente a las inspecciones y orientación legal a sus miembros.
“El propio Secretario de la Cámara Osvaldo de Rizzo, el dueño de Amerika, opina en un matutino del 27 de junio pasado: “la política de la Ciudad es coherente. Si hay problemas, esta es una forma de eliminarlos. Todos los boliches deben estar en regla, y el que no cumpla tiene que hacerse responsable. En nuestra Cámara somos muy exigentes, y por eso, solo uno de nuestros 25 asociados, Coyote de Villa Devoto, fue clausurado. Y no por problemas de seguridad sino de sonido. Esto nos sirve también para que se limite la competencia desleal que sufrimos de parte de los pubs que abren pistas sin habilitación”.
“Si el que no cumple tiene que hacerse responsable como nos dice De Rizzo, ¿por qué la justicia en su momento fijó una multa de $ 2.000 a Antuña por cada ocasión en que constatara que el Local Amerika se hallara abierto luego de las 3 de la mañana? ¿Usted estaba enterado de esta situación judicial de Antuña? ¿Acaso Antuña no actuaba como correspondía porque estaba ganando tiempo hasta que fructificara la apelación judicial de Amerika? Si esto es así, ¿desde cuando los funcionarios públicos desacatan un fallo como parte de una estrategia empresarial?
“Fabiana Fiszbin, subsecretaria a cargo de toda las inspecciones de la Ciudad, era responsable directa de inspeccionar Cromañon. En la misma nota periodística en la que opina el empresario de Risso, ella reconoce que “los controles se intensificaron en los últimos tres meses porque la Unidad Polivalente de Inspecciones pasó de tener 30 inspectores a 120”, aunque no dice que dentro de esos 120 volvieron los agentes que habían puesto a disponibilidad anteriormente y agrega: “Si el local tiene su habilitación en regla lamentablemente no podemos hacer nada”. Es decir, ¿si después los empresarios modifican el interior del local o su uso permitido ustedes no pueden hacer nada? Luego Fiszbin agrega en el mismo artículo periodístico “buscamos trabajar con los dueños para evitar estos problemas, a ellos tampoco les conviene que ocurran”. ¿Qué es trabajar con los dueños?
“La subsecretaria de control comunal, se encontraba el día de la tragedia de vacaciones. Sin embargo, el viernes 7 de enero de 2005, nos desayunamos leyendo en el Boletín Oficial que la subsecretaria de Control, Fabiana Fiszbin, había pedido sus vacaciones entre el 7 de enero y el 14 de enero de 2005 inclusive.
Al final de su intervención, Peña pregunta a Ibarra:
“¿Por qué está encargando y publicando encuestas de imagen, en medio de la tragedia?