14. Cromañon. Informes estatales privatizados

En mayo de 2004, el Defensor adjunto Atilio Alimena, arquitecto y ex legislador de militancia liberal, produjo un informe que hizo llegar a la Legislatura y al Ejecutivo de la Ciudad, tan lapidario como premonitorio. Alimena sostuvo que:

“La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 258 locales bailables. En su mayoría se encuentran en forma irregular, sin la certificación de bomberos para su funcionamiento y apertura comercial. Funcionan correctamente 36 de ellos, un 14% del total. Esto significa que solo uno de cada siete se encuentra en condiciones. En la práctica son discotecas, pero cuentan con habilitación para restaurante o bar. Una gran cantidad funciona como bailables en zonas prohibidas.

Este tipo de emprendimiento requiere cumplir con las exigencias que enuncia la normativa vigente razón por lo cual la inversión en términos económicos resulta de gran importancia. Resulta menos oneroso construir y habilitar locales para otros usos (bares, restaurantes, etc.), ya que demandan menores requisitos, especialmente en cuanto a condiciones contra incendio, medios de salida de emergencia, etc. Los locales de baile Clase "C" (comúnmente denominados bailables o discotecas) pueden funcionar como anexos a hoteles, restaurantes, bares, casas de lunch o confiterías (Cap. 10.2.22 del Código de Habilitaciones y Verificaciones). En los que funcionan como anexos a restaurantes, bares o similares, los locales no tendrán menos de 100 metros cuadrados, debiéndose agregar el área destinada a actividad complementaria. De lo expuesto se desprende que pueden funcionar locales de Baile Clase "C" en los que se sirven o no comidas. También pueden funcionar restaurantes (bares o similares) donde, como uso complementario, se anexa la actividad de baile. Estas dos posibilidades pueden parecer similares, pero las diferencias resultan notorias.

En el primer caso, para funcionar como una discoteca donde se sirven comidas, debe cumplir con un conjunto de requisitos y no pueden funcionar hasta contar con la habilitación otorgada (trámite que comúnmente se denomina de "inspección previa", según art. 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. En cambio en el segundo caso, el establecimiento funciona a partir de la presentación del trámite de habilitación (declaración jurada). Los requisitos constructivos son los establecidos para la actividad principal (bar, restaurante, etc), por lo que resultan menos exigentes. La Ordenanza Nº 50.250 indica que estos locales "no podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad y que deberá ser renovada anualmente para verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y prevención contra incendios que puedan ser alteradas por modificaciones. Ante la falta de cumplimiento de estas condiciones, se determinará la aplicación de sanciones, llegando hasta la clausura y pérdida de habilitación según lo establece la Ordenanza Nº 50.848, modificatoria del régimen de penalidades: Artículo 57 bis, régimen de penalidades: Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 50.250 (B.M.Nº 20.206) con 1.000 a 5.000 unidades fijas de multa y clausura de 15 a 30 días la primera vez; con 2.000 a 10.000 unidades fijas de multa y clausura de 30 a 60 días la segunda infracción; 4.000 a 20.000 unidades fijas de multa y clausura definitiva con pérdida de la habilitación, en el caso de tercera infracción. En los casos de primera y segunda infracción, será requisito indispensable para la apertura del local luego de vencido el plazo de clausura, haber cumplimentado lo dispuesto por la Ordenanza Nº 50.250.

Unos 400.000 jóvenes concurren a locales que no cuentan con la habilitación correspondiente por fin de semana. Esto genera un grave peligro para las personas que asisten debido que no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención contra incendios, medios de salida de emergencia, etc.

Y continúa: “Los indicadores analizados demuestran que 27 locales cuentan con Certificación vigente, 9 se encuentran en trámite y 35 vencidas sin renovación sobre un total de 258 locales habilitados por el G.C.B.A., según información otorgada por la Subsecretaria de Control Comunal. Como conclusión podemos observar a simple vista que estos indicadores son poco alentadores. Al comparar los datos surge claramente la imprevisión y la falta de protección por la calidad de vida. Los establecimientos deberán garantizar al público un servicio que en caso de emergencia permita una fácil evacuación además del acceso al cuerpo de bomberos para que estos actúen. Si tenemos en cuenta que algunos locales albergan más gente de la capacidad, esto demuestra que en caso de siniestro el agravamiento del problema generaría una situación incontrolable, como resultado del estado de pánico (caso Keyvis).

“Sabemos de la vulnerabilidad de los jóvenes –dice Alimena– y de cierto grado de descuido al momento de tener que observar cuestiones relacionadas con su seguridad física; por ello entendemos que es necesario evitar daños que se puedan producir y asignar prioridades para una prevención y mejor control. Más allá que en los últimos tiempos no se han conocido públicamente inconvenientes en establecimientos, la problemática actual debe tener otra lectura, no esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente suele suceder. Sólo falta un siniestro: el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos”.

Como se dijo, corría mayo de 2005. El periodista Horacio Verbitsky reprodujo una entrevista al Defensor adjunto, en la que se dice textualmente:

“–¿Cómo explicaba Fiszbin que se permitiera funcionar a los que carecían de habilitación?

–Me dijo que la clausura era una decisión política que superaba sus atribuciones”.[i]

El relato de Damián Albornoz, un empleado de Chabán en República Cromañón que atendía la barra junto a su hermano Gustavo, tampoco deja lugar a dudas: "Los Chabán eran socios. Cuando empezó el incendio, vi a Omar salir disparando hacia Plaza Once. Yamil estaba en la esquina de Jean Jaurés y Bartolomé Mitre, parado arriba de una tarima como un zombi, totalmente desencajado", dijo a un periodista de “Clarín”.

“Los matafuegos estaban vacíos, había sólo tres para todo el local, y las mangueras, rotas; yo les avisé pero no me hicieron caso: a ellos sólo les importaba facturar y gastar poco". Los peritajes demostaron que los matafuegos estaban despresurizados y con su carga vencida a mediados de octubre.

Menciona también siniestros anteriores.

Sobre el ocurrido en mayo, mientras actuaba el grupo Jóvenes Pordioseros: "Esa noche tiraron un tres tiros y logramos apagar el fuego con la manguera pinchada. El boliche todo inundado, pero el recital siguió".

El 26 de diciembre hubo otro incendio: "Esa noche empezamos a pasar desde la barra vasos con agua y el público los tiraba sobre el fuego porque los matafuegos no andaban".

Y dijo más: “(Los Chabán) nos pagaban 30 pesos por noche, en negro, y nos llamaban unas 5 veces por mes. Jamás nos dio un peso como aguinaldo. Si alguna vez había un accidente, nos pedía que le diéramos plata a la persona para que fuera a un hospital porque en el boliche no había ni una curita. Y para que el cliente no hiciera lío, le daba una entrada gratis para otro recital".

Otros relatos confirman que Chabán pagaba por noche 30 pesos en negro a cada trabajador.

Seis meses mas tarde, y mientras se denunciaba que algunos abogados de las víctimas habían ingresado en sus cuentas de ahorro particulares parte de las indemnizaciones con las que Ibarra había pretendido parar los juicios en su contra, la investigación judicial también constató que la denuncia de Alimena no obedecía solamente a su celo como funcionario estatal.

Muy por el contrario, se encontró (por denuncia del gobierno de la ciudad y de la involucrada Fabiana Fiszbin, como estrategia judicial del personaje más complicado) que el defensor “del pueblo” tenía buena llegada con los bomberos y representaba a dos empresas “amigas” que se dedican a poner los locales en condiciones como para obtener el certificado que Cromañón tenía vencido. Aunque el nuevo hecho podía desnudar una cadena de corrupción y favores, parecía claro como el agua que la denuncia de Alimena, con ser cierta, parecía ser la reacción de un sector interesado en destruir la alianza de Ibarra con la cámara de discotecas, solo porque se reservaba para sí todo el negocio[ii].  

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[i] Página 12.

[ii] Las empresas investigadas son Baipex y Bausis, una de las cuales sería propiedad de Viviana Vigne, esposa del oficial principal Marcelo Nodar, uno de los ex jefes de la Superintendencia de Bomberos. Además de Nodar fueron indagados los bomberos Corbellini, Bravo y Esnok; y los empresarios Viviana Vigne, Rubén y María Alejandra Fuertes, Luis Perucca y Gabriela Lindqvist. Alimena deberá responder por la acusación de haber actuado como gestor en la discoteca The Place.

13. Cromañon. Porqué nunca debió abrir

Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte; lo verdaderamente difícil es evitar la maldad.

PLATÓN. Apología de Sócrates

La habilitación de República Cromañón fue concedida en forma automática, mediante una declaración jurada cuya verosimilitud se limitaba a una certificación de las firmas de sus responsables por parte del Colegio de Escribanos. El gobierno de la ciudad no constató previamente si lo declarado en el expediente de habilitación coincidía con lo realmente existente. De entre todas las clausuras aplicadas por el grupo de Juanjo Álvarez, una parte importante fue la existencia de planos de habilitación que no se ajustaban a la realidad.

Lo autorizaban los decretos 2013/91 y 1119/95, donde lucen las firmas de Grosso, Domínguez y Pereira de Olazábal.

Es un local cerrado donde se realizan espectáculos, pero fue habilitado como “local de baile”. Por qué su funcionamiento fue autorizado con esa denominación es una de las claves para entender lo que sucedió.

De acuerdo a las normas (AD.700.49 – Capítulo 10.2) se denomina locales de baile “a los establecimientos de diversiones en los que se ejecute música y/o canto hasta las cuatro (4) horas, se expendan bebidas o se ofrezcan bailes públicos”.

A continuación, la reglamentación distingue entre tres tipos de “locales de baile”: los de clase A, B y C.

Los primeros son los conocidos “cabarets”, con empleadas contratadas para divertir a los parroquianos (alternadoras o coperas) y solo se permite la entrada de público femenino siempre que vayan acompañadas por hombres. No se autorizan los “reservados”, no pueden estar cerca de escuelas ni comunicados con viviendas, se establecen niveles mínimos de iluminación y las alternadoras deben poseer un carnet oficial que nadie sabe si subsiste en la actualidad. Con ello se pretendió controlar la prostitución tal como se presentaba en los años 60. Junto con los hoteles alojamiento (los telos o amuebladas del lenguaje popular) los cabarets son actividades “toleradas”, un eufemismo para designar a aquellas que pueden perder el permiso de funcionar sin derecho a pataleo.

Hoy en día existen decenas de estos locales, aunque ilegalmente incuyen habitaciones donde las “chicas” ejercen la prostitución con conocimiento de todos, gobierno, concurrentes y policía. Ya no se llaman cabarets, sino saunas. 

Los de tipo B son las “boîtes” donde no se permite “la entrada de mujeres que no fueran acompañadas por personas de otro sexo”.

Los locales de bailes clase C (art. 10.2.20) son establecimientos donde “se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas; se ofrecen bailes públicos; se expenden bebidas; se sirven o no comidas; se realizan o no números de variedades con o sin transformación”[i], una definición adecuada a los viejos clubes de barrio, con sus bailes de fines de semana y Carnavales realizados en locales cerrados, superficies semicubiertas o al aire libre.

Los dos locales que regenteaba Emir Omar Chabán tienen una autorización semejante.

El 18 de diciembre, unos días antes del desastre, se realizó un recital de rock en el Club Excursionistas, La Pampa al 1300. Se presentaba el mismo grupo Callejeros interpretando similares temas musicales, escuchados presumiblemente por el mismo público. Sus organizadores –obligados por una “vieja” ordenanza de 1910 y un decreto de 1936– tuvieron que solicitar un permiso que fue concedido, e incluyó la presencia de ambulancias, equipos de la Cruz Roja, ensayo de medidas de evacuación, bomberos, policías, fuertes controles de la seguridad e higiene, etc. Se labraron actas de infracción por el uso de bengalas.

La ordenanza centenaria sirvió para proteger vidas humanas. ¿Es anticuada y pasada de moda?

Callejeros también actuó en el estadio Obras, un recinto cerrado habilitado para actividades deportivas. Según la fiscal contravencional interviniente, se encendieron más de 100 bengalas y “tres tiros”. Estos últimos chocaban contra el techo y explotaban en el suelo o sobre los rockeros. 

Los locales de baile clase C, donde se realizan espectáculos similares, no necesitan autorización y nadie piensa en bomberos, ambulancias, policía ni control de la seguridad.  

El hecho es que, a falta de una legislación específica adecuada a la actividad, la mayoría de las discotecas y bailantas se habilitan como “locales de baile” para evadir las exigencias de la antigua Ordenanza General de Teatros (CD 476.2, 771.2. 773.2, etc. ), cuyo artículo 131° (733.3) amplía su aplicación a todo tipo de locales cerrados y abiertos donde se realicen espectáculos, y que establece entre otros:

– Las puertas “carecerán de medio alguno que permita asegurarlas bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia”.

– Se prohíben sustancias combustibles en la decoración.

– “Cada vez que una obra exija... el uso de fuegos artificiales o de bengala, deberá prevenirse al Cuerpo de Bomberos”.

– Se prohíbe “la existencia de toda puerta que pueda establecer comunicación entre la sala... con casas o negocios vecinos”.

– “Es obligatorio tener armadas las mangueras de incendio desde el momento que la sala es abierta al público, debiendo la empresa contar con una persona que entienda su manejo”.

Compárese con República Cromañón.

Las puertas estaban aseguradas desde afuera con alambre y candados. La decoración era combustible. Los Bomberos no fueron avisados del uso de pirotecnia. El local estaba comunicado con el hotel vecino. Las mangueras no estaban armadas y no existía personal que supiera usarlas.

En su art. 176°, esa ordenanza establece que “en cualquier género de espectáculos o diversiones no previstas, ya sea en sitios cerrados o al aire libre, el D.E. resolverá sobre las condiciones que deberán reunir los locales propuestos, exigiendo en ellos las disposiciones de esta ordenanza, que a su juicio, fueran aplicables o aconsejando las precauciones o medidas que sea menester adoptar para evitar peligros al público y artistas”.

En el caso Cromañón, ni el Ejecutivo ni el Poder Legislativo aconsejaron, resolvieron ni exigieron nada que evitara “peligros al público y artistas”, es decir, no cumplieron con sus obligaciones.

Otro modo de evadir consiste en habilitar el “local de baile” como actividad complementaria, cuando en realidad es la principal.

Raúl Villareal tiene 47 años y es socio de Chabán desde muchos años atrás. El grupo Callejeros lo calificó ante la Justicia como “jefe de seguridad”. Él se defiende diciendo que solo hacía relaciones públicas, pero trabajó en el pasado como patovica. “Cromañón era como un miniestadio”, dijo. Es cierto, no es un local de baile. Porque nadie baila. Si hubiera sido habilitado como estadio cubierto, el desastre no hubiera ocurrido, pero tampoco es un miniestadio, por que no se practican deportes de ninguna naturaleza, salvo que el “pogo”[ii] sea considerado una saludable actividad aeróbica, lo que resulta difícil de concebir si está combinada con una ingestión excesiva de cerveza en una atmósfera irrespirable.

Otra de las exigencias que no se cumplió en el lugar es el factor de ocupación determinado en el capítulo “De los locales” del Código de Edificación, de acuerdo al cual solo podían ingresar 1.037 personas a razón de una por metro cuadrado.

Nadie cumple esa exigencia, común para todo tipo de actividades: una discoteca, una fiambrería o una vivienda familiar. En su carta conocida a un año del incendio, Chabán –presumiblemente haciéndose el tonto– escribió que nada lo obligaba a respetar la capacidad autorizada. Daniel Grinbank, integrante de la Cámara de Empresarios de Discotecas, se apuró a proponer, en la conferencia de prensa televisada 48 horas después del incendio, que esa limitación fuera revisada. En un decreto posterior, Ibarra se acercó al criterio de la Cámara, que proponía un concurrente cada 0,25 m², con una decisión intermedia: dos por metro.

Esta limitación tiene su lógica: evitar aglomeraciones –asegurando un volumen de aire respirable a los espectadores– o peligrosas avalanchas, y también impedir apretujamientos, lo que para la época de redacción de la norma era un modo de controlar “la moralidad y las buenas costumbres”.

Aceptando que este último criterio puede cambiar en el tiempo, la obligación principal del Estado no es facilitar sin medida el negocio del espectáculo sino preservar la vida en general. Todos los asistentes a Cromañón coinciden en que, antes del incendio, la atmósfera era irrespirable. Por eso, cuando la acividad se desarrolla en sótanos y lugares cerrados, como República Cromañón, los controles deberían ser más estrictos.

El Código de Edificación permite aplicar el criterio de analogía, reconociendo de hecho que los usos pueden modificarse de acuerdo a las costumbres. Esta facultad es beneficiosa en una administración idónea, eficaz y virtuosa.

Puede convertirse en lo contrario.

En su capítulo 4.12 (De la protección contra incendios) se determina que todos los cines, teatros y otros locales de espectáculos con más de 200 localidades o asistentes, debe cumplir una serie de exigencias identificadas como C1, C5, C10, C11, E1 y E2, a las que se debería haber adecuado el local de Bartolomé Mitre. Esto significa, por ejemplo, que debe existir un sistema hidroneumático contra incendio mediante dispersores que se activan ante alarma de incendio[iii]. Nadie lo exigió. Pero no solo eso: esa exigencia es una de las normas del Código de la Edificación que Ibarra denominó vetustas, cuando en los países más adelantados sería una exigencia generalizada recién en la década del 70.

También estaba prohibida la presencia de menores después de las 22 hs. Sesenta de ellos murieron después de las 22.50 hs. Ibarra admitió desconocer esa prohibición, agregando que a sus hijos menores les permitía concurrir a lugares como Cromañón después de las 10 de la noche, con lo que en última instancia la responsabilidad era del doctor Spock.

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[i] En su alocución ante los legisladores en enero 2005, Ibarra ironizó sobre el término “transformación”, que calificó como vetusta, eludiendo referirse a la norma específica. Se refiere a los cambios de vestuario, para lo cual se necesitará un local adecuado.

[ii] Entre la juventud, se llama “pogo” a los saltos del público con que se acompaña la música de la banda rockera.

[iii] En EE.UU. ese sistema recién entró en vigencia en 1974. 

12. Cromañón. Cómo se desarma el Estado

Una declaración jurada de la que dependen inversiones, trámites engorrosos, y a veces la imposibilidad de obtener un flujo de ganancias rápido, es tan escrupulosa como cuando de chicos hacíamos la señal de la cruz para jurarle a la vecina que eramos ajenos al vidrio roto por un inoportuno pelotazo. Vito Corleone solía jurar su amistad incondicional y eterna al caído en desgracia que minutos después sería ametrallado o envenenado con estricnina.

En un foro sobre energía, el cineasta Fernando Solanas expresó: “Digámosle a los empresarios: entren a los bancos, bajen a los tesoros, lleven las divisas que necesitan ustedes, ciudadanos honrados, honestos y pacíficos, y digan por declaración jurada cuánto se llevaron. Nadie los va a controlar. Ese es el sistema argentino. Una vergüenza”.

Desde que el gobierno cedió YPF a capitales norteamericanos o españoles, el Estado argentino no tiene una base de datos cierta sobre las reservas petrolíferas ni sobre el volumen de las extracciones, salvo la declaración jurada de Repsol.

En otras palabras, hoy en día, en términos de su propio petróleo, el que se deposita en el subsuelo del territorio nacional, el país no tiene ningún control. Las empresas se limitan a enviar periódicamente una información a la Secretaría de Energía, a la que se le sacó la atribución de auditar si lo extraído concuerda con lo declarado, habida cuenta que las empresas, incluso como estrategia comercial frente a sus competidores, bien podrían ocultar o tergiversar datos.

Un sistema similar es usado en el ingreso de divisas por exportación de otros commodities y en el cumplimiento de distintas leyes sobre jornada de trabajo, jubilaciones, obras sociales, etc.. El control estatal es reemplazado por una declaración jurada en la que el empresario, cuya palabra nunca será puesta en duda, certifica que no evadirá la ley.

El sindicalista y diputado opositor Ariel Basteiro (ARI) denunció a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que la Secretaría de Transportes otorga 2.000 millones de pesos en subsidios a las empresas del área (colectivos, trenes, aerolíneas, subterráneos) con el único requisito de una declaración jurada.

En el gobierno de la ciudad, y con el argumento de combatir la corrupción, Aníbal Ibarra liquidó los controles todavía existentes y perfeccionó el sistema de declaración jurada diseñado en 1976 que se había mantenido, con bemoles, durante las gestiones en la subsecretaría de Inspección Gral de Federico Pinedo (secretario político de la Fundación Compromiso para el Cambio y actual diputado) y Guillermo Francos. Este último estuvo  acompañado por Atilio Alimena, quien luego como Defensor del Pueblo denunciaría la falta de control estatal. Francos pasaría a gerenciar Aeropuertos Argentina 2000 y luego saltaría a las filas de Daniel Scioli.

Ya no es el Estado el que habilita la actividad, sino un profesional anotado en un registro. La oficina respectiva se limita a recibir los papeles, archivarlos y eventualmente traspapelarlos: quince días después de Cromañón, Ibarra declaró que se había encontrado la constancia de una inspección, guardada en un ignoto depósito de expedientes asignado a la Corporación del Sur.

Y opera a pleno el poder de la “opinión del funcionario”, implantado en la dictadura. Con ese mismo sistema y contra la opinión de los vecinos, la propia Constitución de la ciudad y otras normas vigentes, se autorizó la construcción de torres, centro de exposiciones, estadio, estacionamiento subterráneo, paseo de compras, hotel internacional, etc., en el predio de la Sociedad Rural[i].

Breve diagnóstico

A principios de los 90, la sensación generalizada de que el Estado se había convertido en un elefante paralizado fue el terreno fértil sobre el que se montó la campaña para darle el golpe de gracia. Costaba mucho, por ejemplo, conseguir una línea telefónica y se prometía (como sucedió) que eso cambiaría radicalmente.Pero al costo de dolarizar las tarifas con la inflación de EEUU: la incidencia del pago de los servicios en el ingreso de la población se multiplicó por siete.

A nadie le importó que la empresa estatal telefónica, como la petrolera, el sistema ferroviario y tantas otras, hubieran sido despedazadas por la acción conjunta de la patria contratista, ciertos sindicalistas, las fuerzas armadas y sectores políticos, y que esa patria contratista (asociada con multinacionales interesadas en el negocio financiero) ahora se convertiera en propietaria de un bien público, adquiriendo a precios irrisorios la masa de recursos acumulados históricamente por la sociedad[ii].

A partir de ese momento, lo que quedaba del Estado comenzó a ser ocupado por los sectores privados que ubicaron a sus ejecutivos y desarmaron todo lo que tuviera olor a regulación, ingerencia en la competencia y control[iii]. Hubo un fuerte trasvasamiento ideológico en los cuadros estatales, desde arriba hacia abajo. El INAP, escuela de formación de cuadros burocráticos, fue rápidamente cooptado por los ideológicos liberales antiestatistas.

Los partidos, por su parte, consideraban y siguen considerando al Estado un lugar donde se paga el favor político, se promueve una carrera de ascenso social asegurado para los propios y se colocan personajes que trabajan 24 hs. en cada área en función del interés superior, que no es ni el bien común ni el Estado, sino el del grupo político al que responde, en una actitud casi mafiosa.

En otros términos, fue y sigue siendo el botín de guerra.

Esto ha provocado una aguda desprofesionalización, acentuada por el desorden legislativo.

En la estructura administrativa de la ciudad, aunque se recurrió a la tercerización universal, no se redujo el personal de planta y miles de personas son contratadas de acuerdo a las peores figuras de la flexibilización laboral mediante pasantías y prestaciones con emisión de factura. Los votos en la Legislatura suelen negociarse a cambio de capturar una repartición o parte de ella, y eso significa empleo para los amigos.

Es cierto que Ibarra jamás mencionó el tema ni insinuó cambiar la política generalizada de tercerización, pero cabe subrayar que amplios sectores de la gestión de gobierno están privatizados. Para mencionar solo algunos: Spinazzolla SA, de dulces tratos con Cacciatore, capturó y retiene desde entonces la publicidad vertical de los refugios en vía pública; Siemens y su subsidiaria Autotrol, la instalación y reparación de semáforos; detrás de los comedores escolares aparecen las figuras de conocidos punteros del PJ, UCR y Frente Grande, que se han repartido el mercado. Macri no es ajeno a estos negocios, en el área informática.

Marchando a contramano de los nuevos aires desreguladores que corrían, se “inventaron” estructuras burocráticas, se inflaron las existentes y se duplicaron las misiones y funciones, tomando por caso el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de Planeamiento Estratégico, decenas de direcciones generales y subsecretarías y unos cuantos entes sin atribuciones específicas, aunque con un abundante directorio y más abundantes honorarios, como las Corporaciones Antiguo Puerto Madero y Sur, el Ente Regulador de los Servicios Públicos o el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el Ceamse, etc. La creación de la Corporación del Sur, por ejemplo, fue votada en una maratónica última sesión anual de la Legislatura, a la madrugada. Originalmente había sido concebida para modernizar y acabar con la pobreza de la zona sur, luego organizó en un paseo de compras y proyectó un imaginario polo industrial. Hoy se dedica a promocionar la Copa Davis de tenis invirtiendo dinero público en la construcción de un estadio para pocos. Fue dirigida por Arnaldo Bocco y luego por Kelly Olmos, menemista de pura cepa.   

La habilitación de El Reventón Bailable/República Cromañón es producto de esa tercerización, derivada de la creencia de que la actividad privada siempre es más eficiente que el Estado.

Podrá ser así o no serlo, pero por definición lo privado no incluye el interés público.

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[i] El tema fue hecho público por el doctor Mario Kesselmann, quien lo llevó a la justicia. Con el tiempo, otros factores se incorporaron a la pelea judicial, embarrando la cancha: el diputado Devoto, un abogado hermano de Alicia Pierini, etc. La diputada Beatriz Baltroc, que viraría hacia posturas izquierdistas luego de entrar a la Legislatura como aliada de Miguel Bonasso, denunció que se había falsificado su firma en una presentación judicial donde ostensiblemente se desdecía, junto con sus pares Devoto y Bidonde, de todo lo denunciado. 

[ii] Gran parte de las privatizaciones se financiaron con el Plan Brady, cambiándose papeles de la deuda por propiedad pública. Eso fue presentado como una medida innovadora.

[iii] El fenómeno fue ampliamente documentado por Horacio Verbitsky en “Robo para la Corona”, y se inició con la llamada Fundación para la Modernización del Estado.

11. Cromañón. Los controles

Desde 1976 se inició en la ciudad un proceso de continua liberalización de los sistemas de control estatal, hecho relativamente novedoso. En anteriores dictaduras militares, como la de 1966 a 1973 (Onganía, Levingston, Lanusse), la influencia de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica había endurecido la vigilancia de “la moral y las buenas costumbres”, pero sin tocar el control de las actividades económicas. Eran años en los que la juventud de pelo largo sufría un corte policial a cero, y un famoso comisario que después integraría los grupos de tareas de López Rega, dirigía operativos contra los usuarios de hoteles alojamiento.

Los pulmones verdes de propiedad pública habían sido paulatinamente despojados por intereses privados. De las 10 mil hectáreas originales del Parque Pereyra Iraola en la provincia de Buenos Aires, hoy en día quedan apenas 800 para uso público. De las 700 hectáreas que originalmente diseñó Carlos Thays para los bosques de Palermo, en la actualidad son públicas menos de 100. El descuartizamiento abarcó a todos los espacios verdes, reducidos en beneficio de variadas ong’s como asociaciones de jubilados, o de adeptos a distintos deportes, que desde ese momento pasaron a usufructuar parte de esos espacios en forma exclusiva. Los gobernantes, civiles o militares, suelen confundir lo público que deben administrar con su patrimonio privado que sí pueden enajenar.

Además de adefesios constructivos, las autopistas fueron una monumental estafa. Construidas por una empresa de dudoso origen que se financió con avales estatales y seguros de cambio, su deuda luego fue estatizada y las garantías nunca se levantaron:  Autopistas Urbanas–Ausa dejó una deuda de 951 millones de dólares y Parque Interama otros 119 millones, tal como lo demostró el juez Ballestero por denuncia de Alejandro Olmos. 

Por cierto, no pasaba sólo en Buenos Aires.

Según el arquitecto y ex funcionario Enrique García Vázquez, la intervención militar en Mar del Plata suspendió por 24 horas la vigencia del Código Urbanístico local. En ese lapso ingresaron y se aprobaron unos veinte planos de construcción de grandes torres sobre la avenida Costanera que la norma no autorizaba y que de otro modo hubieran sido rechazados en la mesa de entradas. Por su vista privilegiada, el metro cubierto de esas viviendas de veraneo se cotiza desde entonces por encima de la media, pero la sombra ganó a varias playas céntricas (públicas) a partir del mediodía. Lo mismo sucedió en San Bernardo.

En el Partido de la Costa (Mar del Tuyú Norte, San Bernardo, Las Toninas) y con intervención de la Prefectura, que tiene jurisdicción sobre las playas, se autorizó la construcción de viviendas sobre el mismo trazo de la costanera (como quien dice, en medio de la calle), provocando la destrucción de miles de metros de playas públicas, y contraviniendo la ordenanza urbanísitca de la zona. La ilegalidad beneficia a los propietarios de esas viviendas, porque no pagan impuestos municipales y tienen un acceso privilegiado al mar. En pocos años, las mareas darán cuenta de esas construcciones. 

En 2001, la Fundación Grupo Sophia colaboró con el Municipio de la Costa en la reingeniería de su administración.

A fines de 2005, el Concejo Deliberante de Vicente López privatizó la costa.

En 1978, el CPU se impuso en la ciudad de Buenos Aires sin discusión con la comunidad y antes de 1982 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la municipalidad, además de haber autorizado cientos de excepciones a esa norma, había instrumentado un sistema de habilitaciones automáticas, en las que la inspección previa y otras exigencias legales se fueron reemplazando por una declaración jurada.

En esta liberalización se incorporó un criterio que hoy perdura: toda norma clasifica, autoriza y prohíbe, pero un funcionario de segunda o tercera línea (una frase repetida en los textos es: “según la opinión del funcionario actuante”) puede autorizar una excepción que funciona en un solo sentido: permitir lo que está prohibido.

Entre 1978 y 1982 el CPU otorgó sustento jurídico a la construcción de las autopistas y al negocio de AUSA; luego fue el fundamento legal de las excepciones otorgadas por el Concejo Deliberante en la primera década de democracia recuperada. La metodología era simple: el código limitaba o prohibía la realización de algunas actividades o construcciones pero a la vez determinaba que las autoridades municipales podían autorizarlas si se cumplían algunos requisitos genéricos, como la existencia previa a su vigencia, subsistencia que se podía demostrar con una simple declaración jurada cuya veracidad nadie se ocupaba de confirmar.

Tales excepciones requerían la firma conjunta de concejales de las mayorías justicialista y radical, y se otorgaron a cambio de importantes sumas de dinero y otros beneficios, como páginas destacadas en el diario Clarín o apariciones estelares en alguna revista de Fontevecchia[i].

Los más importantes locales de baile clase C (discotecas) están ubicados en una zonificación que el CPU define como UP, Urbanización Parque, y donde están prohibidas esa y cualquier otra actividad comercial. Son zonas que se intenta preservar, con edificios de uso público, emblemáticos de la ciudad y rodeados por parques, como el Museo de Bellas Artes y la Facultad de Derecho, en Plaza Francia, la Biblioteca Nacional, la Costanera Norte o la zona de clubes situados alrededor del cruce de la avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia.

Claro que también hay problemas de jurisdicción. Los ferrocarriles, el puerto, la Costanera, eran áreas nacionales, sin ingerencia municipal, y con control de Policía o Prefectura. No son cuestiones neutrales: la Policía Ferroviaria tuvo tradicionalmente un excelente equipo de inteligencia e influía sobre los gremios ferroviarios. La estación de servicio que casi hace explotar el avión de Lapa en la Costanera tenía una autorización de funcionamiento de la Prefectura. El Hotel Hilton no paga ABL porque figura en los planos de catastro como baldío y también es protegido por la Prefectura, como algunas casas de juego en Puerto Madero. No está habilitado, y tampoco el Hotel Faena. El Casino que funciona en una embarcación, propiedad de un grupo español, no tiene habilitación de la ciudad: Ibarra no hizo mas que aceptar sin discusión el negocio original de 1999, en el que fueron actores principales Menem (autorizándolo) y Alberto Kohan (encontrándole un lugar preferencial en la zona más lujosa de Puerto Madero), contraviniendo la propia constitución de la ciudad que Ibarra fogoneó como legislador.

Según la óptica singular del jefe de Gobierno, sería conveniente que una actividad incómoda para los vecinos como una ruidosa discoteca, se instale junto al Museo de Bellas Artes. Es la comunidad la que termina solventando el negocio: para el inversionista es mucho más atractivo un boliche cercano a Plaza Francia que en la avenida Sáenz. Una lógica parecida se repite con las autorizaciones para edificar viviendas lujosas a la vera de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Pocos ambientalistas son conscientes de que funciona como un pulmón de lujo para los exclusivos vecinos de la zona, cuya elevada “calidad de vida” es financiada por todos los habitantes de la Ciudad.

 

Follia, la discoteca propiedad de Daniel Vázquez, presidente de la Cámara de Empresarios de Discotecas (Cedeba), está ubicada dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, distrito UP[ii].

El Club es regenteado por el radical Pablo Batalla, ex director del Teatro Colón, eventual socio de Jorge Telerman y dirigente de la ong Poder Ciudadano.

Buenos Aires News, Azabache, El Santo, Mint, Pizza Banana, Scape, Tequila, The Place, The Roxy, El Sublime, Millenium, Tocororo, Pachá, La Diosa, entre otras, también están en distritos UP.

Legalmente no pueden funcionar, son ilegales. Pero funcionan.

Existe además un número indeterminado de discotecas que funcionan habilitadas como actividad complementaria de restaurant o casa de comidas, o sin ningún tipo de habilitación, en clubes barriales protegidos por distintos dirigentes políticos. Este dato es importante, porque esos clubes son la base de apoyo territorial de los punteros, de donde obtienen votos.

Tras el incendio de República Cromañón, todas las discotecas fueron clausuradas por decreto de Aníbal Ibarra, y reabiertas meses después luego de superar una inspección[iii]. El Código de Planeamiento Urbano especifica que los distritos UP tendrán “normas particularizadas”, es decir, específicas para cada caso. Nadie legisló nada. Sin embargo, discotecas como “La Diosa” (en la Costanera Norte) fueron reabiertas mediante una resolución donde se especifica que el uso está aprobado por el contrato de concesión; un disparate, ya que un contrato privado no puede estar por encima de una norma pública. Para el CPU, la discoteca es un uso no conforme, prohibido. Para el contrato es conforme, autorizado.

Para colmo, la titular de los terrenos de Punta Carrasco y ex-Coconor es Telemetrix S.A., que fuera subsidiaria del Grupo IRSA, a quien el gobierno de Aníbal Ibarra refinanció su deuda por canon no pagado en término de 350 mil dólares por Resolución 4.141/2004[iv] (norma de un organismo inferior) abonando 5.000 pesos mensuales. ¿Cómo no iban a apoyar la devaluación de Remes Lenicov ciertos empresarios como los Polledo, dueños de Telemetrix, que además de construir lofts exclusivos en Puerto Madero, hacen grandes diferencias subalquilando las tierras del dominio público de la Costanera Norte?   

Otra conducta que se generalizó a partir de 1976 fue el uso de resoluciones y disposiciones (normas de rango inferior en el organigramal, producidas por Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales y Directores) que limitaban o anulaban el alcance de las ordenanzas y, durante la dictadura, de las propias Leyes Nacionales.

Este abuso no terminó con la vuelta de la democracia ni se limitó a la Ciudad. El ex funcionario Fernando Calleja opinó sobre los contratos petroleros: “Las concesiones vencen en el año 2017, salvo algunas con prórrogas para mí ilegítimas, como la de Loma de la Lata. Estas concesiones se han obtenido transgrediendo la Ley de Hidrocarburos y la de Reforma del Estado, ya que se modificaron por decreto y éstos, a su vez, por resoluciones”.

Cuando los inspectores enviados por Juanjo Álvarez clausuraron un pelotero en el MacDonald’s de Recoleta, la empresa sostuvo en un comunicado “que la ley dispone que los peloteros en la ciudad deben contar con una habilitación, por lo cual inició los trámites correspondientes. Pero aclara que, mientras se esperaba la reglamentación de la norma, el gobierno había dictado una resolución que autorizaba su funcionamiento provisorio”.

Es una argucia ilegal: si una ley de la ciudad dice que no, una disposición de un organismo inferior no puede decir que sí.

Algo similar sucedió con Notorius, una disquería sui generis que incorporó un restaurante con espectáculos muy alejados estéticamente del rock barrial. Sus dueños iniciaron hace 5 años el trámite para incorporar la actividad “música, canto y variedades”.

Nunca obtuvieron algo más que una autorización provisoria, esperando una ley que nadie –Jefe de Gobierno o Legislatura– se interesó en dictar.

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[i] Los talleres donde se imprimían esos medios, ubicados en el sur de la ciudad, habían crecido sin control, afectaban a los vecinos y eran tan ilegales como República Cromañón. En esa etapa se los autorizó a funcionar mediante declaraciones juradas de subsistencia.

[ii] Creado en los años 40 como “Club Municipalidad”, una entidad pública. En el transcurso de su historia, un grupo de asociados se apropió de su nombre e instalaciones, y hoy es 100% privada.

[iii] Quince días después del incendio se habían clausurado 35 locales y en 175 había habilitaciones irregulares. Durante todo 2005 hubo 370 clausuras.

[iv] De la Dirección Gral de Permisos y Concesiones, uno de los agujeros negros del gobierno.

10. Cromañon. El Estado en función de la actividad privada

Aunque pase por excéntrico, estúpido y loco, y lo sea en cierta medida, Emir Omar Chabán no es un empresario aislado. Si el Estado no hace cumplir la ley es porque la sociedad, más o menos en su conjunto, toleró o apoyó determinadas políticas que llevaron a considerar la anomia, la ilegalidad y los excesos consentidos como la regla y no la excepción.

De acuerdo con la nueva escala de valores que se impuso en los 90, Chabán no solo trasgredió las normas del gobierno de la ciudad: sus empleados trabajaban en negro sin que el Ministerio de Trabajo se diera por enterado, lo que no es una novedad cuando los propios Estado Nacional y de la ciudad violan la ley contratando a miles de empleados en estas condiciones; no pagaba las tasas (su deuda con Rentas y la AFIP superaba los 40.000 pesos); el propietario del local es una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes porque la Inspección General de Justicia no controla adecuadamente a las sociedades anónimas, y menos a las extranjeras y off shore[i]; la vigilancia que funcionaba en el lugar, contratada por el mismo Chabán, no estaba habilitada; y además, su alícuota de Ingresos Brutos se pagaba por los 1.027 asistentes autorizados; el resto, libre de impuestos, se repartía alegremente entre Chabán y Callejeros.

El éxito rápido, la fama mediática y el prestigio derivado del poder económico han ido de la mano de un simétrico retroceso de lo público como valor colectivo.

Esto no podría entenderse sin referirse al progresivo apoderamiento privado de porciones del Estado que se potenció en la Argentina desde 1976 y llegó a su paroxismo en los 90. Esta feudalización fue anterior y luego se superpuso con el éxito mundial de las hipótesis liberales que cuestionan el rol de los Estados Nacionales y su misma existencia.

Con su “tablita cambiaria”, Martínez de Hoz inauguraría la idea de la convertibilidad en Argentina, después perfeccionada con Cavallo, y que no era sino un retorno anacrónico al viejo patrón oro que EEUU había quebrado en los años setenta, con Nixon. Los empresarios querían total libertad, pero en algunas áreas del Estado preferían que las cosas no cambiaran. Pasó con los ferrocarriles[ii], pero un caso paradigmático fue YPF, tironeada entre las ideas privatizadoras de los Chicago boys y su defensa mafiosa por parte de los generales que la dirigían en alianza con la patria contratista y la dirigencia sindical. Como consecuencia de ello, la deuda de la empresa pasó de 372 millones de dólares en 1976 a 6.000 millones en 1982.  

La patria contratista se enriqueció con la “tercerización” (outsourcing), una práctica que inaugurada con la denominación de “privatizaciones periféricas”, lejos de detenerse, se acentuó y hoy se considera habitual en todas las áreas del Estado ciego. Es uno de los recursos mágicos de la microeconomía privada, trasladado mecánicamente a todos los ámbitos públicos. A las empresas, el outsourcing les permite reducir costos laborales, evadir impuestos, disimular beneficios y ocultar autopréstamos.      

Está particularmente extendida en el gobierno de la Ciudad. En los 90, Carlos Grosso pasaría de ejecutivo de Socma a intendente de la ciudad, entregando como tal la recolección de basura a su ex yerno Franco Macri y la estratégica Secretaría de Hacienda de la municipalidad a un empleado del mismo origen, Orlando Salvestrini, hoy tesorero de Boca Juniors.

La fortuna de los Macri se amasó en buena medida con los dineros públicos de la ciudad. El perfil del heredero se puede orejear en una costumbre que contó a los medios en el apogeo de la confusión entre lo público y lo privado: suele recibir Año Nuevo con una fiesta de disfraces donde elige tacos altos y senos de gomaespuma: “Me divierte vestirme de mujer”, confió alguna vez a la revista Noticias.

En una sola sesión, el 14 de junio de 1990, el Concejo había prorrogado entre gallos y medianoche el contrato de Manliba, asociación del grupo Macri con una empresa radicada en las Bahamas, asegurándole una tarifa de 50 dólares la tonelada de basura recolectada, un precio muy del Primer Mundo, lo que explica el apasionado apoyo empresario a la convertibilidad.

Que esos dólares se obtuvieran (ya que el BCRA no podía emitirlos) endeudándose con el exterior a tasas crecientes era anecdótico, y la fiesta continuaba. Macri, además, se había alzado con el Correo y se creyó habilitado para no pagar ningún tipo de cánon, como si se lo hubiera cedido graciosamente un monarca absolutista de entre sus bienes privados. O quizás fue así, precisamente.

En los 90, el riojano acabó con esa suerte de esquizofrenia entre las propuestas liberales y la patria contratista, descuartizando del Estado todo lo que fuera rentable. Como consecuencia, la sociedad quedó a merced de la llamada “decisión de los mercados”.

Esta canibalización encontró eco en amplios sectores de la sociedad argentina, sin cuyo apoyo esa política hubiera sido imposible. El historiador Tulio Halperin Donghi lo explicó así: “El gran éxito del menemismo consistió en ser apoyado por sus víctimas”. En la década anterior, amplios sectores medios habían padecido una repentina ceguera frente a la represión ilegal, y con el retorno de la democracia los entusiasmó un presidente que juzgó a las Juntas y terminó implantando la obediencia debida y el punto final.

La dolarización de la economía nos hizo ricos de la noche a la mañana.

Los excluidos, una nueva clasificación tecnocrática que los distinguía de los proletarios, ahora en el ítem de privilegiados, cobran un Plan Trabajar de 150 dólares mensuales. La clase media disfruta de ingresos de miles de dólares y las propiedades valen aquí tanto como en Manhattan. Que nuestra productividad estuviera muy por detrás de los EEUU era una discusión limitada a algunos economistas, quienes no tocaban el tema en los programas de Neustadt porque “no vendía”. En cambio, se repetía que con las privatizaciones tendríamos oportunidad de elegir nuestra compañía telefónica y que las llamadas serían casi gratuitas.

Así nos fue.   

Esa especie de cholulismo también caló hondo en los sectores “progresistas”, que planteaban históricamente la destrucción de un Estado instrumento de las clases dominantes. Esta coincidencia derivaba de una lectura infeliz de los escritos de Gramsci, producto de una izquierda desencantada por la caída del Muro, y los errores y atropellos del socialismo real.

La campaña de minimización del Estado “por izquierda” coincidió en el tiempo con las tesis liberales en la promoción universal de la “sociedad civil” como panacea de todos los males por derecha. El lenguaje políticamente correcto se enriqueció con nuevos términos: organizaciones no gubernamentales y su sigla “ong”, fundaciones[iii], tercer sector, non-profit, etc., de acuerdo a las divulgaciones de Milton Friedman, padre de los Chicago boys, quien pretendió construir una metafísica a partir de de la microeconomía.

A 24 horas del drama de Cromañón, el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra convocó a la cámara empresaria de las discotecas y a “asociaciones de familiares de las víctimas”, que por cierto no existían, para que en un plazo perentorio de 15 días, mientras los padres velaban a sus hijos muertos, propusieran cambios en las reglamentaciones, como si estas fueran culpables del incendio y unas irreales ong’s de víctimas tuvieran la capacidad de hacer lo que el Estado había dejado de hacer. Esta manifestación de banalidad enervó a gran parte de los padres de las víctimas y marcó el límite ideológico del “progresismo” local.   

Puede considerarse que, a caballo de una generalizada desinstitucionalización, la propagación de las ong es un modo de poner el poder en manos de todos, es decir, de nadie.

Algunos críticos han señalado que el objetivo implícito es limitar la democracia representativa, a caballo de su descrédito. Además, su financiamiento, elección y permanencia de autoridades, organización jurídica y fines está fuera de todo control. Su influencia, entretanto, depende en gran medida del poder mediático que puedan desplegar, un espacio controlado por los grupos económicos dueños de muchas de esas ong y fundaciones y de los propios medios.

Es cierto que decenas de ong realizan trabajos solidarios allí donde el Estado ha desaparecido, o realizan valiosos aportes en lo cultural o científico, pero por no existir leyes que las controlen, muchas termina siendo “think tanks” que venden sus conclusiones a empresas privadas, actuando como consultorías y agencias de publicidad o marketing político. Pueden ser también una vía encubierta de lavado de dinero, de control empresario a distancia o de recepción clandestina de fondos, incluso del exterior.

Desde que estalló la moda, todo político o aspirante a serlo cuenta con una fundación en sus cercanías, atada a la vitalidad temporal del grupo que se promociona para ocupar un espacio político.   

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[i] Aunque la prensa y diversos organismos gubernamentales suelen referirse a los “paraísos fiscales” refiriéndose a Uruguay y países de Centroamérica, se soslaya que también la Argentina fue un “paraíso fiscal” en la década del 90.

[ii] El ingeniero Manuel Solanet, parte de esos Chicago boys y hoy militante de López Murphy, llegó a plantear que se debían pavimentar las vías y eliminar totalmente el ferrocarril. Su pronóstico se cumplió en parte.

[iii] Una nómina completa de las ONG financiadas por el Banco Mundial puede consultarse en la página www.worldbank.org. El dato insólito es que muchas de ellas se presentan como “progresistas” y hasta “revolucionarias”. El piquetero Raúl Castells tiene acordados dos préstamos del Banco Mundial, por ejemplo.

9. Cromañon. Planeamiento urbano y neoliberalismo

Al galope del mundo –ya lo sabemos– no es el jinete sino el caballo el que lo dirige. 

JUAN JOSÉ SAER – La Pesquisa

En la complicada vida moderna, todo tiene su clasificación: las penas para los delincuentes, los libros de una biblioteca pública, los medicamentos, las actividades económicas.

Como la estructura estatal de la ciudad se financia con tasas, la clasificación es necesaria porque esas tasas no son uniformes. También lo es para ordenar la vida en comunidad. El sentido común indica que, para preservar la salud pública, no se pueden elaborar alimentos en un taller mecánico ni instalar una fábrica de calderas junto a un hospital; para asegurar una buena educación pública, no es conveniente tener un cabaret dentro de una escuela; o por la seguridad pública, un depósito de explosivos al lado de una vivienda.

En ese marco cambiante de autorizaciones y prohibiciones, y con el fondo del caos legislativo, sobreviven las de los períodos dictatoriales, cuando los gobiernos militares pretendieron regimentar la vida ciudadana a imagen y semejanza de los cuarteles. Y los cambios en las costumbres, las modalidades económicas, los cambios tecnológicos, y muchos otros factores, pueden desactualizar cualquier clasificación.  

En algunos casos (como por ejemplo en los espectáculos) se puede actuar por analogía, lo que requiere sensatez y probidad, pero también habilita la arbitrariedad. 

Por lo tanto, determinada clasificación y exigencias son tan necesarias como inevitables para ordenar la convivencia en una gran ciudad y preservar la vida. Pero tampoco es un dato neutral o de laboratorio, sino una herramienta política.     

El Código Civil autoriza la realización de toda actividad lícita sujeta a reglamentaciones de categoría específicas. El gobierno de la ciudad cuenta con dos cuerpos de normas que entienden sobre las actividades económicas y el tejido urbano: los Códigos de la  Edificación y Planeamiento Urbano, secundados por otros conjunto de disposiciones denominado Código de Habilitaciones y Verificaciones.

En República Cromañón se transgredieron casi todas.

El primero rige desde 1943 y el segundo desde 1978. Las modificaciones que sufrieron desde entonces obedecieron menos a observaciones de los profesionales y a genuinas necesidades de la comunidad, que a la presión de los grandes estudios de arquitectura, las empresas constructoras y los intereses inmobiliarios. En muchos casos, ni siquiera fue necesario modificar la ley: una maraña mafiosa de gestores y estudios de ingeniería actuaba dentro de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro (DFOC), lo que permitía, por ejemplo, construir edificios de treinta pisos donde sólo se autorizaban dos. Los planos de construcción se esfumaban de los archivos o se falsificaban las firmas, aparecían autorizaciones de construcción fechadas con anterioridad a la vigencia de la norma, etc. Hubiera hecho falta un equipo político con decisión como para tomar el toro por las astas aplicando el Código Penal, pero entretanto se impuso el mito librempresista, y hoy en día son los mismos gestores y estudios de ingeniería quienes se autorizan a sí mismos.

A caballo de ese proceso, quienes hoy administran la ciudad se distinguen por una actitud indiferente hacia el cumplimiento de las normas.  

Basado en lo que ingenieros y arquitectos denominan las “reglas del arte”, el Código de la Edificación pautó, entre muchos otros aspectos, la habitabilidad general de las viviendas y locales de trabajo, junto con detalladas peculiaridades constructivas para cada actividad derivadas de una atribución municipal genérica: asegurar condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad en lugares públicos y privados. También ordenó (en su capítulo III derogado en 1978 por el Código de Planeamiento Urbano) el crecimiento de la ciudad mediante pautas urbanísticas: zonas y avenidas comerciales, barrios residenciales, etc.

Uno y otro fueron diseñando lo que es hoy la ciudad: los expertos coinciden en señalar que el CPU fue la herramienta principal de una política implementada a partir de 1976, y llevada a su paroxismo en los 90, que agudizó el abismo existente entre los sectores pudientes y los empobrecidos.

En ese sentido, para bien o para mal, la ciudad regida por ese Código no es la misma que conocimos anteriormente. Las autopistas reconfiguraron el espacio: desde entonces, el automóvil privado lleva a los nuevos ricos desde el country hasta la oficina en Puerto Madero y el Centro. No hay contacto con la ciudad real. La especulación inmobiliaria potenciada desde 1978 con la instauración del Código de Planeamiento, benefició a unos barrios a costa de otros. Se amplió la brecha entre un norte favorecido por las inversiones de la ciudad, y una zona sur totalmente descuidada, considerada cada año que pasa como “la agenda pendiente” de la administración comunal.

Para la ciudad diseñada por el CPU, hay un norte residencial, con grandes espacios verdes, viviendas únicas con retiro de la línea municipal, o colectivas de lujo, y medios de transporte rápidos. El sur, entretanto, está destinado al equipamiento (depósitos, fábricas) mechado por áreas residenciales colapsadas, transporte escaso, calles sin mantenimiento, pocos semáforos, etc.

Los barrios privilegiados al norte de la avenida Rivadavia se cotizan desde entonces muy por encima de los del sur. En el modelo capitalista y la Modernidad, la ciudad era el centro de la vida civilizada y el pleno empleo. Afuera, escondidos, quedaban los locos (en manicomios), los delincuentes (en las cárceles), los chicos difíciles (en los reformatorios), los enfermos (en los hospitales), y los pobres (en villas escondidas del pudor por paredes o vallas)[i].

Con el neoliberalismo, el proceso se invirtió y quienes conservan trabajo son los que quedan escondidos, defendidos por alarmas, vigiladores, rejas y perros bravos. Su medio de transporte es la autopista, que los lleva rápida y directamente desde el barrio cerrado al lugar de trabajo[ii], sobrevolando la realidad.

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[i] Es arquetípica la película argentina “Detrás de un largo muro” (1958), de Lucas Demare, con Susana Campos y Lautaro Murúa.

[ii] Para un buen análisis, ver Maristella Svampa: “Los que ganaron, la vida en los countries y barrios privados”, Ed. Biblos.

© 2005, Jorge Luis Devincenzi.